madrid - El acuerdo alcanzado con Ciudadanos este fin de semana no alivia la frustración de Mariano Rajoy en vísperas de que, si cumple lo dicho, Pedro Sánchez le haga probar la medicina que ya cató el socialista en marzo y fracase en su intento de ser investido presidente del Gobierno español en las sesiones parlamentarias de esta semana. El líder del PP sabe que la decisión del PSOE es invariable, al menos en este primer intento, y tiene interiorizado que va a impedir su investidura en las dos votaciones previstas para el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Así las cosas, asume que su tentativa está condenada al fracaso pese a garantizarse el apoyo a sus 137 escaños de los 32 de C’s y el único de Coalición Canaria. Necesitaría otros seis apoyos más para la primera votación y al menos once abstenciones para la segunda votación en la que basta con una mayoría simple del total de 350 diputados del Congreso.

Pero ayer, y esto es lo novedoso, Rajoy desveló que volverá a intentarlo más adelante. “Si no es posible la semana que viene, mi obligación es perseverar en el intento”, señaló durante la comparecencia posterior a la firma del acuerdo entre su partido y la formación de Albert Rivera.

A partir de aquí se disparan las conjeturas sobre la fecha para esa segunda intentona que, como primera consecuencia, evitaría que unas nuevas elecciones, si las hubiera, fueran el día de Navidad. Una de las opciones que se ha barajado es la de una segunda investidura tras las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre. Este calendario permitiría al PP encarar el proceso en una posible posición de fuerza si, como apuntan las encuestas, Alberto Núñez Feijóo gana con amplitud los comicios gallegos, y con una opción de intercambiar cromos con el PNV para apoyarse mutuamente en las investiduras de Rajoy e Iñigo Urkullu, posibilidad negada rotundamente por los jeltzales y también ayer por el candidato popular a lehendakari, Alfonso Alonso.

Rajoy no quiso desvelar qué calendario maneja y dejó abiertas todas las posibilidades para una segunda investidura. Mantiene la incertidumbre hasta no que no termine la primera fase: “No tiene por qué celebrarse necesariamente tras las elecciones vascas y gallegas”, dejando así abierta la puerta a que lo intente de nuevo antes de esos comicios. En este supuesto, y si volviera a fracasar, abocaría a una repetición de las elecciones el día de Año Nuevo, el puente de Reyes o una semana después.

Tras la firma, Rajoy puso en valor los 170 apoyos con los que contará para la investidura, cuando en otras ocasiones se ha elegido presidente con “bastantes menos”, y subrayó por eso que el PP “ha cumplido con su deber”, si bien ahora se necesita que otros partidos cambien de actitud, porque si no lo hacen, advirtió, “España no podrá recuperar la normalidad”. Por eso explicó que le preguntará a Pedro Sánchez si “quiere que repitamos otra vez las elecciones”, al tiempo que le manifestará que es de “razón y sentido común” que sea el PP el que gobierne y que el PSOE se lo permita.

El presidente español en funciones aseguró sentirse satisfecho con el acuerdo y lo considera un “paso muy importante” en el objetivo de formar gobierno. Además consideró que este pacto es el “gran objetivo del PP”, que es que continúe el crecimiento económico, mejorar la competitividad y seguir creando empleo, así como preservar los “grandes pilares” del estado de bienestar. “Esta era la prioridad y será la que plantearé al Congreso de los Diputados el próximo martes”, señaló.

euskadi y catalunya Rajoy reconoció que han tenido que ceder en algunos de sus planteamientos, “porque si nadie se desdice de nada, el acuerdo es imposible”, aunque considera que “el grueso de lo que me importa, se recoge”. De todos modos, precisó que la reforma de la Constitución de la que habló Rivera no se refiere al encaje de Euskadi o Catalunya en el Estado español. “De eso no hemos hablado”, apostilló. Ciudadanos y PP hablan de una reforma que sirva para defender la unidad de España, para asegurar que España será lo que los españoles quieran que sea y para garantizar que todos los españoles tengan igualdad de derechos y obligaciones. “Se trata de estudiar la posibilidad de reformarla”, precisó; una reforma que en cualquier caso sería limitada.

El encargado de desvelar las medidas acordadas entre ambos partidos fue Albert Rivera, en una rueda de prensa posterior a la reunión con Rajoy. Destacó que con este acuerdo -que quedará en agua de borrajas si no hay investidura- se han “acabado” los recortes en políticas sociales, y subrayó la reforma del CGPJ que permitirá “despolitizar” la justicia. Asimismo, valoró otros compromisos como el de simplificar el tipo de contratos o recuperar parte de lo “perdonado” en la amnistía fiscal.

Una de las medidas en las que incidió fue la que plantea una inversión en planes sociales de 29.000 millones de euros en los cuatro años de la legislatura, en el que se incluyen programas como un complemento salarial para los sueldos más bajos que afectará a más de dos millones de hogares, y también un plan contra la pobreza infantil, para más de 1,2 millones de niños. Rivera apuntó que otra novedad del acuerdo es el incremento del permiso de maternidad de 18 a 22 semanas, que se hará en la primera legislatura. También subrayó que el pacto incluye un recorte de gasto en las diputaciones o una reforma del Senado con reducción de senadores, a pesar de que su partido no haya conseguido suprimir, como quería, ninguna de estas instituciones.

el mismo pacto que con sánchez Rivera emplazó al PSOE a sumarse al pacto alcanzado con el PP aunque sea permitiendo con su abstención la investidura de Mariano Rajoy pues sostiene que 100 de las 150 medidas comprometidas con los populares ya estaban en el acuerdo que el partido naranja firmó con el socialista Pedro Sánchez en febrero. Destacó que, con este acuerdo denominado 150 compromisos para mejorar España, su partido ha logrado “despolitizar la justicia” con una reforma del CGPJ -el órgano de gobierno de los jueces, actualmente elegido por el Congreso y el Senado en función de las cuotas de los partidos- por la que la mayoría de los vocales de este órgano serán elegidos por jueces y magistrados. Tras subrayar la incorporación del “delito por enriquecimiento ilícito” para cargos públicos, aseguró que quiere que el pacto anticorrupción se extienda a todos los partidos.

Entre otras medidas arrancadas al PP, Rivera destacó las económicas, que simplificarán el marco laboral y que permite acabar con los contratos basura y dar protección a los trabajadores. A su juicio, constituye un “vuelco” al marco laboral español y supone hacer reformas sin subir los impuestos.

Recuperar dinero de la amnistía fiscal. El pacto incluye el compromiso de reclamar el dinero que se dejó de recaudar por la amnistía fiscal cifrado en 2.800 millones de euros. Una cantidad que quieren destinar a políticas sociales.

Paquete social. Crear un complemento salarial para las personas con ingresos más bajos, igualar los permisos de maternidad y paternidad y aumento del gasto en educación, sanidad y dependencia

Reducción a tres de los tipos de contrato laboral. Quedarían de esta manera, un contrato por tiempo determinado o temporal, otro sería indefinido y un tercero sería el contrato de formación. Ciudadanos pretendía dejar un contrato único pero el PP no aceptó.

Diputaciones y Senado. C’s quería su desaparición, pero finalmente han acordado la disminución de gastos en ambas instituciones. Trabajarán por una reducción “sustancial” del número de parlamentarios y por transformarlo en “estricta cámara territorial”.

Despolitizar la justicia. Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 vocales del CGPJ -el órgano de gobierno de los jueces- sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento español. Los otros 8 los elegirían el Congreso y el Senado.

Elección directa de alcaldes. Se propone que haya dos urnas, una para elegir al alcalde y la otra para la elección del resto de miembros de la corporación municipal.

Corrupción. Eliminar los aforamientos y los indultos a condenados.