MADRID - El muro que separaba a Mariano Rajoy y Albert Rivera está ahora lleno de grietas y solo le falta un pequeño empujón para desplomarse. El presidente español en funciones dio ayer un paso clave hacia su investidura al recoger el guante de Rivera, quien le había presentado seis condiciones como requisito previo para abrir una negociación. Rajoy lo recibió con los brazos abiertos, vio “un paso muy importante” en su actitud y se comprometió a someter las condiciones al escrutinio de la Comisión Ejecutiva Nacional que se reunirá el miércoles, aunque todo apunta de antemano a una respuesta favorable. En ese caso, el partido naranja se prestaría a activar con carácter inmediato y urgente los grupos para negociar su apoyo a la investidura, quizás con una reunión entre ambos líderes que ya se perfila para ese día o el siguiente y, a partir de ahí, cabe presumir que el acuerdo no se retrasaría demasiado a la luz de las coincidencias ideológicas entre los dos partidos. Sin embargo, su suma es insuficiente, ya que supone 169 escaños, a siete de la mayoría absoluta. Sus esfuerzos se centrarán en presionar a los socialistas para que se abstengan y eviten unas terceras elecciones.

Tras reunirse por espacio de una hora y media con Rivera, Rajoy dijo que someterá sus condiciones al Comité Ejecutivo Nacional con el argumento de que una decisión de ese calado no la puede tomar en solitario, pero es de sobra conocida la prevalencia del presidente en el funcionamiento del partido. En torno a su figura orbitan todas las decisiones y su criterio es decisivo. ¿Y cuál es el criterio de Rajoy? Ayer prometió ser “constructivo”, lo que parece anticipar una respuesta afirmativa. Además, varias de las condiciones de Rivera no son nuevas para un PP que las ha activado desde el gobierno autonómico de Madrid liderado por Cristina Cifuentes. “Haré lo que pueda y, si es posible, lo que no pueda”, llegó a decir Rajoy.

Rivera pidió apartar a los imputados de los gobiernos y los escaños, poner fin a los aforamientos que permiten a buena parte de los cargos públicos ser juzgados solo por tribunales superiores, reformar la ley electoral, limitar los mandatos a dos legislaturas, rechazar los indultos por corrupción y abrir una comisión de investigación por el caso Bárcenas, la única condición que puede resultar espinosa para el PP porque busca esclarecer eventuales responsabilidades políticas por “financiación ilegal”. Sin embargo, acepte o no ese requisito, Rajoy se expone de todas formas a que la oposición una sus votos para imponer la creación de esa comisión en el Congreso. Aceptarla ahora podría suponer una salida airosa, puesto que le garantizará, al menos, cierta sintonía con C’s a la hora de pactar comparecencias y ritmos. En cualquier caso, tienen mayoría en la Mesa del Congreso pero no en el conjunto de la Cámara legislativa y en la eventual comisión.

El resto de puntos no parecen muy conflictivos. Tampoco el de apartar a los imputados, por más que la senadora Rita Barberá, a punto de ser investigada, sea una de las integrantes del comité del partido. Su voz y la de un puñado de dirigentes que puedan estar en situaciones similares (como Carmen Navarro, la tesorera procesada por el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas) serán un grano de arena en la montaña de los 91 cargos que forman parte del órgano. Además, en el otro lado de la balanza, en el comité tienen también un asiento los rostros más visibles de la nueva hornada popular, Pablo Casado y Javier Maroto, que probablemente defenderán una posición contundente. Para más señas, el partido se ha declarado dispuesto a “todo” para llegar a un acuerdo.

Rajoy no entró en valoraciones y solo mencionó algún tecnicismo sobre la necesidad de abordar una reforma constitucional para encauzar ciertos puntos. Es el caso de los aforamientos, donde necesitarían el apoyo socialista, aunque parece obvio que no sería un problema lograrlo para ese cometido. Como dato a tener en cuenta, cabe destacar que, si Rajoy acepta las propuestas, no podrá presentarse a la reelección como presidente en el futuro porque Ciudadanos quiere limitar los mandatos a dos legislaturas.

Sin fecha Rivera plantea como requisito previo que se aclare la fecha de su investidura. Ni él ni Rajoy quisieron precisar ayer qué condiciones tienen visos de ser aceptadas y cuáles no, y tampoco aclararon cuándo puede tener lugar la investidura o si Rajoy acudirá a la votación sin el apoyo del PSOE. Todo se decidirá el miércoles. Rajoy ha puesto una semana de por medio para manejar los tiempos y dar margen a que la dirección socialista empiece a considerar su abstención y escuche las voces internas y externas que le piden evitar las elecciones. Rivera y Rajoy descartaron de manera taxativa el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes, y colocaron todo el peso sobre el socialismo.

El buen tono que presidió las comparecencias deja ver que están en los prolegómenos de una negociación. En un primer momento, la posición de Rivera era el veto a Rajoy como candidato y solo se prestaba a darle la abstención para evitar unas elecciones. En lo que ha supuesto su enésimo viraje, se ha prestado ahora a negociar y abre la puerta a votar a favor. Rajoy, mientras tanto, desconectará en Pontevedra y no prevé más comparecencias hasta el miércoles.