MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó el pasado mes de febrero, a instancias de la Fiscalía, prisión provisional sin fianza para Lázaro de la T., de 29 años, y Raúl G., de 34, ambos miembros de 'Títeres desde Abajo', compañía fundada en Granada y promotora de una obra representada en Madrid.
El juez estimaba que la obra podría haber constituido enaltecimiento del terrorismo por mostrar en el transcurso de la misma una pancarta con el lema 'Gora Alka-ETA'.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió luego la puesta en libertad de los titiriteros, al ver reducido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y el juez la adoptó, después de que pasaran varios días en prisión.
La asociación de abogados presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el juez Ismael Moreno al estimar que éste "ordenó la prisión conociendo su ilegalidad y la injusticia de la medida, por no existir riesgos reales de fuga, destrucción de pruebas, reiteración delictiva o represalias".
Según ha informado hoy ALA en una nota de prensa, la sala penal del Supremo "inadmitió la querella, sin contestar a los hechos y argumentos expuestos por la asociación" y "avaló las decisiones tomadas por el magistrado denunciado".
Por ello, ALA ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dada "la necesidad de estándares legales para asegurar que los magistrados investigan con objetividad las denuncias contra otros jueces, salvaguardando la apariencia de imparcialidad propia de una democracia".
La asociación ha denunciado ante el Constitucional "vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a un proceso equitativo "en varias etapas del procedimiento", como estipula la Convención Europea de Derechos Humanos.
En el recurso de amparo, ALA advierte de "la generalizada impunidad judicial en el Estado español" y considera "de interés general" que el Tribunal Constitucional se manifieste "sobre las garantías que deben ofrecer nuestros tribunales cuando juzgan a uno de sus compañeros para evitar caer en sospechas de parcialidad".
En este punto, la asociación señala que el Consejo General del Poder Judicial ha revelado que en el año 2015 "sólo se impusieron 8 sanciones disciplinarias contra jueces pese a haberse registrado 9.515 reclamaciones y denuncias".
Además, destaca que, según la misma fuente, "el 99 % de las denuncias interpuestas contra jueces y magistrados en Madrid y Cataluña no llegan si quiera juicio".
