madrid - La justicia argentina ha dado un primer paso para investigar a dirigentes de la izquierda abertzale y ETA por crímenes de lesa humanidad, una figura jurídica de alto contenido simbólico porque es la misma categoría que tuvieron los crímenes nazis y los perpetrados en la antigua Yugoslavia. El juez Rodolfo Canicoba ha remitido un exhorto a España para preguntarle si ha investigado a los querellados y qué actuaciones ha implementado para reparar a las víctimas y satisfacer su derecho a la verdad, un trámite habitual en estos casos que persigue aclarar si hay duplicidad en las investigaciones o si efectivamente se justifica que Argentina tome parte porque España no ha atendido a las víctimas.
A efectos prácticos, el delito de lesa humanidad permite investigar asesinatos aunque los casos hayan caducado por los años transcurridos desde que tuvieron lugar. Además, se investigaría no solo a los autores materiales del disparo o la colocación de la bomba, sino también a los eventuales responsables políticos. La querella apunta, entre otros, a Rufi Etxeberria, Tasio Erkizia o el actual portavoz de EH Bildu en el Parlamento navarro, Adolfo Araiz. La interpuso la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que llamó a la puerta del país andino porque en España solo se están juzgando por lesa humanidad los atentados perpetrados de 2004 en adelante, el año en que se incorporó al Código Penal estatal ese delito. Se da la circunstancia de que la investigación argentina abre la puerta a juzgar a representantes políticos por acciones violentas y delitos de lesa humanidad en el mismo paquete que las sucesivas cúpulas de ETA, cuando la tendencia en las últimas semanas en el Estado español estaba siendo la contraria y los detenidos de la Mesa de Segura y Ekin han llegado a pactos para evitar la entrada en prisión. La reforma del Código Penal permite diferenciar entre los que formaban parte de un comando y quienes, aun en el caso de que siguieran las órdenes de ETA, desarrollaban una actividad exclusivamente política.
DyJ quiere juzgar los atentados perpetrados entre 1994 y 2004. Fue en 1994 cuando se aprobó la ponencia Oldartzen que apostaba por extender la violencia más allá de las fuerzas de seguridad. El juez recoge sus argumentos y señala a HB como artífice de la estrategia de socialización del sufrimiento.
Canicoba ha abierto la puerta a investigar 379 atentados. Las indagaciones se centrarían en 22 dirigentes de la izquierda abertzale (Rufi Exeberria, Tasio Erkizia, Itziar Aizpurua, Juan Mari Olano, Karmelo Landa y Floren Aoiz, entre otros) y 19 de ETA (Marixol Iparragirre Anboto, Mikel Albizu Antza, Xabier García Gaztelu Txapote y Garikoitz Azpiazu Rubina Txeroki son algunos de los querellados). DyJ presentó su denuncia con el enganche de dos casos concretos, los asesinatos de los concejales del PP en Errenteria José Luis Caso y Manuel Zamarreño, en 1997 y 1998. Sin embargo, hizo extensible su petición a los crímenes no esclarecidos entre 1994 y 2004. El juez dice que la indagación tiene por objeto investigar y enjuiciar a los responsables “de hechos que tuvieron como víctimas a 379 españoles, quienes han sufrido asesinatos y masacres de lesa humanidad, siendo que 377 habrían quedado impunes”. Pregunta a España si ha investigado y le pide que le remita una copia de esas actuaciones para cotejarlo.
La existencia de más de trescientos atentados sin esclarecer ha sido motivo de queja por parte de varias asociaciones de víctimas. Las investigaciones en suelo estatal se han topado a veces con dificultades técnicas para identificar al autor material, y en algún caso el responsable se ha encontrado en paradero desconocido, lo que ha conducido a archivos y absoluciones. También ha habido errores y extravío de sumarios. Un caso diferente sería el de las víctimas del franquismo, que no han podido optar siquiera a la investigación judicial por la barrera de la Ley de Amnistía, motivo por el cual también han acudido a Argentina. Además, la política de reparación a las víctimas de ETA desde las instituciones ha sido una constante en los últimos años. Sin embargo, el exhorto desliza que ha podido haber falta de investigación. El juez menciona que, en el supuesto de que no se hubieran instruido las causas, quiere saber “cuál ha sido la razón por la que no se ha realizado” y que España remita, “si los hubiere, copia de los pronunciamientos judiciales u otros actos administrativos que dieran cuenta de la decisión de no investigar”.
juicios En cuanto a los dos casos concretos que invoca DyJ, cabe mencionar que el asesinato de José Luis Caso fue investigado y hubo juicio, aunque Txapote e Irantzu Gallastegi fueron absueltos por falta de pruebas. Ese mismo día, no obstante, fueron condenados a cincuenta años de cárcel por la muerte de Miguel Ángel Blanco. Por el contrario, no constan demasiados datos sobre el caso de Zamarreño, tan solo informes policiales que señalaban nuevamente a Txapote, aunque no ha habido condena.
El caso. Dignidad y Justicia ha acudido a los tribunales argentinos para que juzguen a dirigentes de la izquierda abertzale y ETA por delitos de lesa humanidad entre 1994 y 2004. Su querella tiene como enganche los casos de dos ediles del PP asesinados, pero se hace extensible a más de trescientos atentados.
Los querellados. Señala a 22 miembros de la izquierda aber-tzale, como Rufi Etxeberria y Tasio Erkizia, y 19 exjefes de ETA, como ‘Antza’ y ‘Anboto’.
