MADRID. La Guardia Civil ha detectado un fraude relacionado con ciudadanos procedentes de países del Este, fundamentalmente de Bulgaria, que mediante altas ficticias a la Seguridad Social permitía obtener la tarjeta sanitaria y acceder a diálisis y a la lista de espera para un trasplante renal y que ha supuesto un coste para el sistema sanitario de 1,5 millones de euros.
La operación, denominada Renibus, se ha centrado en la Comunidad de Madrid, donde se detectaron todos los casos, pero se ha hecho un llamamiento al resto de comunidades para que investiguen posibles acúmulos de extranjeros en las listas de espera para trasplantes.
En rueda de prensa, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa, ha calificado la operación de "relevancia a nivel nacional" y ha explicado que comenzó hace un año cuando la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) detectó un número anómalo de ciudadanos deBulgaria en la lista de espera para trasplantes de riñón.
Los ciudadanos venían a España en autobús o avión y una vez en el país acudían al centro de salud más cercano porque requerían de forma urgente someterse a hemodiálisis.
El comandante Reina, jefe del grupo de Delincuencia especializada de la OCU, ha explicado que no hay ninguna organización criminal detrás ni nexo de unión entre todos los casos, sino que se producía un "efecto llamada" mediante el "boca a boca".
Una vez en España, los pacientes, todos ellos jóvenes -de entre 30 y 40 años- y con recursos suficientes para costearse su estancia, se daban de alta como trabajadores por cuenta propia o ajena en la Seguridad Social a pesar de que no realizaban ningún tipo de actividad laboral, ha indicado la directora de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, Elena Ruiz Cascales.
A los investigadores les llamó la atención que pacientes que, en su mayoría necesitaban hasta cuatro horas diarias de tratamiento médico se diesen de alta como jardineros, empleados de hogar o en la construcción.
La inspección de Trabajo ha comprobado la existencia de varias empresas ficticias en las que los empleadores eran de distintas nacionalidad y alguno de ellos español, que contrataban a los pacientes y que, en algún caso, llegaron a cobrar entre 100 y 200 euros por darles de alta.
Fernández de Mesa ha explicado que la investigación "minuciosa y complicada" ha permitido paralizar una práctica de turismo sanitario "lesivo", ya que estos ciudadanos entraban en la lista de espera con los mismos derechos y deberes que los demás pacientes.
Actualmente en España hay 25.000 personas en diálisis y 4.327 en lista de espera para acceder a un riñón, ha dicho el director de la ONT, Rafael Matesanz, quien ha precisado que el coste de un trasplante es de 50.000 euros, lo mismo que un año de tratamiento de diálisis.
En esta operación 20 personas han sido investigadas -antes imputadas- por fraude a la Seguridad Social y 6 como falsos empleadores, aunque ninguno de ellos ha sido detenido y se les imputa un delito de simulación o tergiversación de hechos para acceder a los beneficios que otorga la Seguridad Social, lo que puede estar penado con hasta 6 años de cárcel.
Matesanz ha opinado que las 6 personas que han sido trasplantadas podrían seguir en España, ya que requieren de un seguimiento y de un tratamiento con fármacos financiados.
Ha comparado las cifras de donación y trasplante de órganos en Bulgaria y en España, de manera que en ese país se realizan cada año 58 intervenciones frente a los casi 3.000 de España. Además, mientras en Bulgaria la tasa de donantes por millón de habitantes es de 5, en España es de 40.
El comandante Reina cree que no se puede afirmar que en ninguna comunidad concreta se esté produciendo el mismo fraude, si bien se está investigando por si hay alguna similitud con respecto al mismo 'modus operandi' seguido en Madrid.
