El fiscal pide penas ejemplarizantes y multas millonarias en el ‘caso De Miguel’

El caso tiene como epicentro el parque tecnológico de Miñano, por aquel entonces inmerso en un plan de ampliación y en unas obras para urbanizar sus parcelas. La trama habría cobrado comisiones a las empresas encargadas de realizar esas labores o que aspiraban a lograr esos contratos. En el escrito de ayer se señala por ejemplo al empresario Iñaki Etxaburu, para quien se reclaman once años de prisión.

La investigación salió a la luz en marzo de 2010, con la detención de un primer grupo de acusados conformado por De Miguel, el ex director del parque Alfonso Arriola, el ex concejal jeltzale en Gasteiz y ex burukide de la ejecutiva alavesa Aitor Telleria, el ex director gerente del instituto foral de bienestar social Koldo Otxandiano y las esposas de los tres primeros. Las comisiones se habrían cobrado a través de la empresa Kataia Consulting, alrededor de la cual orbitaban otras firmas configurando todo un entramado de empresas pantalla. Esas firmas, además, habrían logrado contratos en administraciones del PNV para tareas que en varios casos no se realizaron, un procedimiento que habría servido supuestamente para blanquear las comisiones. Para Telleria y Otxandiano, el fiscal pide 32 años y un mes. Al primero le exige tres millones de multa, y uno al segundo.

El fiscal atribuye a De Miguel toda una retahíla de delitos en un escrito de 128 folios que repasa una a una las adjudicaciones oscuras del entramado. Le endosa fraude en la contratación, prevaricación, malversación, falsedad en documento público, tráfico de influencias, cohecho, coacciones y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Cabe recordar que la apertura del juicio oral llega casi seis años después de que estallara el caso, un dato que ha escamado al PNV. Según el escrito, De Miguel ideó en algún momento antes del año 2005 un entramado societario organizado “en torno a sí mismo” con el que perseguía lograr un “enriquecimiento personal y de terceras personas”. Ese entramado tenía por objeto, según señala, obtener contratos de manera irregular en administraciones gobernadas por el PNV, llegando a cobrar en varias ocasiones por trabajos “que nunca fueron realmente hechos”. También tendría por finalidad cobrar comisiones.

Algunos contratos los obtuvieron del departamento de Cultura del Gobierno Vasco durante el mandato del lehendakari Ibarretxe, al parecer con la fórmula de los contratos menores, que permiten eludir una fiscalización y control más exhaustivos. Por lo tanto, las gestiones se habrían llevado a cabo a un nivel más técnico y sin el conocimiento de las más altas esferas. El fiscal acusa de prevaricación al ex director de Juventud y Acción Comunitaria, Xabier Sánchez Robles, y al ex viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, para los que pide penas de en torno a quince años.

Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Araba están personados en la causa en calidad de perjudicados. Lo singular del caso radica en que De Miguel no habría amasado la mayor parte de sus ganancias en contratos con la institución foral a pesar de que trabajaba en ella. Según la investigación, solo habría logrado unos 60.000 euros. Las adjudicaciones arañadas al Gobierno Vasco, por su parte, se situarían cerca de los 200.000 euros. En el escrito se desglosan contratos y operaciones en diferentes puntos, y en algunos casos se fija una multa del doble del beneficio que habrían obtenido los acusados con esas gestiones. Ese sería el origen de la abultada fianza.

Izagirre recoge todas las operaciones supuestamente ilícitas en las que habría participado la trama, desde las comisiones por la ampliación del parque tecnológico hasta los contratos con el Gobierno Vasco, pasando por las irregularidades en la operación urbanística de Zambrana. La alcaldesa jeltzale de la localidad entre 1995 y 2007, María Justina Angulo, también se enfrenta a penas de cárcel, de cuatro años y cinco meses. Ese plan de presuntas irregularidades lo habrían puesto en marcha De Miguel, Telleria y Otxandiano con sus esposas, aunque la idea de crear la mercantil Kataia la concibieron ellos. La máxima responsabilidad como principal cerebro de las operaciones, sin embargo, recae según el fiscal en De Miguel. Le acusa de haberse aprovechado de sus responsabilidades políticas y su pertenencia al PNV para obtener un beneficio personal.

Cuando estalló el caso, Xabier Agirre, que en aquel momento ocupaba el cargo de diputado general de Araba, cesó de manera fulminante a De Miguel y proclamó su apuesta por la tolerancia cero. A nivel de partido, el PNV se vio por momentos atado de manos y sumido en cierta impotencia porque, en aquella época, sus estatutos preveían para ese tipo de situaciones un proceso de expulsión lento y proceloso en los tribunales internos. Finalmente, De Miguel, Telleria y Otxandiano entregaron sus carnés de partido y se desvincularon totalmente de la formación jeltzale, que tomó nota en su siguiente proceso interno para introducir un cambio en los estatutos que agilizara las expulsiones. Esa renovación, además, se saldó con profundo un cambio de caras en la ejecutiva no sin momentos de tensión y disputa.

reacciones El PNV recibió ayer la noticia de las peticiones del fiscal con cierta distancia porque atañe presuntamente a comportamientos particulares de los acusados, y no a actuaciones indebidas del partido como colectivo. Sin embargo, a nadie escapa que ha tenido una relación tortuosa con el fiscal, llegando a insinuar en el pasado que acompasaba el proceso con las citas electorales. En ese contexto, ayer le llamó la atención la cuantía de las penas y fianzas solicitadas que, aparentemente y a sus ojos, puede parecer desproporcionada.

En cualquier caso, deseó el “esclarecimiento total de los hechos y la depuración de todas las responsabilidades, si las hubiere”. En su nota, recordó que actuó “con celeridad, transparencia y determinación” tanto en la institución foral como en el partido, y exigió que no se politice el caso, “cuyo origen no se localiza en la actividad de un colectivo, sino en el supuesto comportamiento de particulares”. A pesar de todo, “dada la llamativa e inusual cuantía de las penas y fianzas solicitadas y dados los antecedentes del fiscal que las ha pedido”, demanda que se extreme el rigor procesal.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio, por su parte, dijo a Efe que el “mayor presunto caso de corrupción en el País Vasco, que afecta al PNV, supone un deterioro claro para la imagen de Álava”. Desde EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo vio “incomprensible” la demora considerando la gravedad de las acusaciones y espera que no existan intereses políticos y electorales y se celebre la vista oral.

El caso. El caso estalló en 2010 y tiene como epicentro el parque tecnológico de Miñano. Aprovechando las obras de ampliación y urbanización, la trama habría cobrado comisiones a las empresas encargadas de realizar esas labores o que aspiraban a lograr esos contratos. El fiscal Josu Izagirre cita en concreto al empresario Iñaki Etxaburu, para quien pide once años de prisión. Las comisiones se habrían cobrado a través de la empresa Kataia Consulting, alrededor de la cual orbitaban otras firmas configurando todo un entramado de empresas pantalla.

Los acusados. La investigación gira en torno a la trama de empresas pantalla que habría ideado Alfredo de Miguel, diputado foral de Administración Local y Equilibrio en Araba durante el mandato del jeltzale Xabier Agirre, con la finalidad de cobrar comisiones en torno al parque tecnológico de Miñano, y también con la finalidad de lograr contratos en administraciones gobernadas por el PNV. Las primeras detenciones pusieron en la cuerda floja a De Miguel, el exdirector del parque Alfonso Arriola, el exconcejal jeltzale en Gasteiz y exburukide de la ejecutiva alavesa Aitor Telleria, el ex director gerente del instituto foral de bienestar social Koldo Otxandiano y las esposas de los tres primeros.