MADRID. De este modo, el juez de la Audiencia Nacional hace suya la argumentación de la Fiscalía, que en su informe se opuso a investigarles en relación a la actuación de los titiriteros programada por el Ayuntamiento porque los responsables políticos "no han ejecutado actos o vertido expresiones" constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Según el auto de Moreno, el artículo 578 del Código Penal, que regula ese delito, "requiere un comportamiento activo, que excluye la esencialmente dolosa e intencional, sin que existan datos objetivos de que esas personas hayan ejecutado actos o vertido expresiones que permitan considerarlos como responsables" de un enaltecimiento del terrorismo.
Por ello, el juez, siguiendo el criterio del fiscal Pedro Rubira, solo admite la querella de la AVT en lo que se refiere a los titiriteros Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Fuente, así como la de Dignidad y Justicia, que únicamente se querelló contra ellos dos por enaltecimiento y por delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas.
Dado que los dos titiriteros están siendo ya investigados por esos dos delitos y que las querellas se han presentado con el procedimiento ya iniciado, Moreno rechaza imponerles una fianza como reclamaban los dos querellantes.
En su querella, la AVT se dirigía contra Carmena, Mayer y Ferrer con el argumento de que debido a los cargos que ocupan en el Ayuntamiento de Madrid "tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar", por lo que les consideraba autores y copartícipes de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
A juicio de la asociación, los responsables del contenido de la representación teatral eran tanto los miembros de la compañía como los representantes de cultura del Ayuntamiento de Madrid, "perfectamente conocedores del contenido de la obra", así como la alcaldesa de Madrid por ser la "responsable última de todas las actividades que organiza el consistorio madrileño".
Para la AVT, la exhibición de un cartel con la leyenda "Gora Alka-ETA" durante la representación de la obra "La bruja y Don Cristóbal" suponía "una clara ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo, un acto de humillación y menosprecio en el que se trivializa el uso de la violencia, así como una loa y reconocimiento de organizaciones terroristas que tanto dolor y sufrimiento han generado en nuestra sociedad".
De este modo, los dos titiriteros, a los que el juez dejó en libertad el miércoles tras pasar cinco días en prisión, continuarán siendo los dos únicos investigados en esta causa, en la que el juez les ha impuesto medidas cautelares: comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional.
