LEIOA - En un ambiente universitario y en tono distendido se celebró ayer un debate de candidatos vascos a las generales que sirvió de aperitivo al arranque de campaña esta medianoche. Minutos antes del acto los alumnos ya llenaban la sala de conferencias de la biblioteca de la UPV/EHU, lo que desmonta el supuesto desinterés de los jóvenes por la política. La mesa redonda, que contó con representantes de PNV, EH Bildu, PSE, PP, Ezker Anitza, Podemos y Ciudadanos, discurrió casi por completo en torno a cuestiones económicas y de carácter social, mientras que las discusiones identitarias y los asuntos internacionales se tocaron solo de refilón.

Todas las formaciones estuvieron de acuerdo en que la prioridad en la próxima legislatura es el empleo. “El PP ha abaratado el despido y ha traído sueldos indignos siguiendo la política de recortes impuesta por Merkel”, criticó el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, que pidió suprimir la reforma laboral y subir el salario mínimo a 800 euros. En la misma línea se pronunció Marian Beitialarrangoitia, portavoz de EH Bildu. “Cobrar 700 euros no es empleo, y no vale decir que en Euskadi estamos mejor que en otros sitios; los datos económicos son insostenibles”, denunció. Para la candidata socialista al Senado, Isabel Celaá, “España está devaluada porque compite por sueldos bajos y precarios” y es necesario “duplicar la inversión en I+D”.

Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP vasco, defendió en cambio la gestión de su partido en materia económica y se refirió a la “herencia recibida”. “Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos un país endeudado, con las arcas vacías y las facturas sin pagar”. Según Oyarzábal, el PP ha revertido la economía y ha evitado el rescate en la última legislatura. “Ha vuelto el crédito a España y se ha creado un millón de empleos, puede que de mala calidad, pero de las crisis se sale como se sale”, expresó, lo que motivo la protesta del resto de formaciones. La portavoz de Ciudadanos, Henar Pascual, recordó que “los contratos temporales han subido un 24% en el último año” y pidió “complementos salariales y de pensiones para los más desfavorecidos”.

Las formaciones de izquierda priorizaron el discurso social para una legislatura que estará marcada por la necesidad de alcanzar acuerdos entre formaciones de distinto signo. Eduardo Maura, candidato de Podemos al Congreso, criticó la “reducción de derechos y libertades” en el mandato de Rajoy y resaltó la importancia de lograr “un pacto social que blinde los derechos sociales y aborde la reforma de la Justicia”, que hoy en día “está politizada”. Asimismo, demandó “reinventar o corregir la Constitución”, aspecto en el que coincidió con el representante de Ezker Anitza, Iñigo Martínez, que habló de una nueva Carta Magna elaborada por la “mayoría social” y de una “propuesta de máximos” basada en tres aspectos: democracia, soberanía y Derechos Humanos. “Si un gobernante no cumple con su programa, hay que echarlo a la calle”, expresó Martínez. Por su parte, EH Bildu se posicionó “siempre al lado de las personas pobres, no de los bancos”, y exigió la subida de impuestos para las rentas más altas.

Las ayudas sociales también estuvieron sobre la mesa. El PNV defendió la validez de la RGI, “un elemento clave que lleva funcionando 25 años”. Azpiazu recordó que el Gobierno vasco “destina 500 millones de euros al año en ayudas, un esfuerzo importante”. Sin embargo, EH Bildu, Ezker Anitza y Podemos remarcaron la necesidad de llevar más allá este tipo de prestaciones y pidieron una renta universal. El PSE, en cambio, prefiere establecer ayudas para un determinado sector de la población, “como por ejemplo las familias con hijos”. Para ello, Celaá anunció que destinarán 6.000 millones de euros en caso de llegar al Gobierno. Pascual se mostró más reacia y afirmó que “es peligroso recurrir a la renta básica”.

El debate identitario y de modelo de Estado estuvo presente, aunque en menor medida de lo esperado. Beitialarrangoitia se refirió a un “proceso de desconexión” con España, pero no entró en matices. La única formación que sacó a la palestra el derecho a decidir fue Podemos, cuyo representante se mostró favorable a celebrar consultas en Euskadi y Catalunya. PNV y PSE realizaron una firme defensa del autogobierno, mientras que el PP criticó que, a pesar de las “competencias plenas” autonómicas, los vascos “pagan más impuestos”.