madrid - El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid considera que existe una conexión entre la investigación abierta al exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes con el caso Bankia, y por ello se la ha remitido al magistrado Fernando Andreu.

Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado madrileño, donde recayó por reparto la denuncia que interpuso el pasado jueves la Fiscalía de Madrid contra Rato a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, se inhibó ayer en favor del instructor en la Audiencia Nacional del caso Bankia del procedimiento. Aunque la denuncia correspondió a Serrano-Arnal, fue su compañero Enrique de la Hoz, del Juzgado de Instrucción número 35, en funciones de guardia la semana pasada, el que ordenó los registros en el domicilio y el despacho de Rato, así como el bloqueo de todas sus cuentas.

Fue precisamente el viernes pasado cuando Anticorrupción solicitó la competencia para asumir el caso, y ayer la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, firmó el decreto por el que otorga a la Fiscalía Especial la investigación sobre el que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP. Una decisión que se sustenta en el hecho de que el caso “se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato”.

Dicho decreto recoge que los hechos relatados en la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid podrían ser constitutivos de cinco delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, con lo que debe ser Anticorrupción la encargada de investigarlos ante su “especial trascendencia social, mediática y jurídica”. Además, recuerda que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra ya imputado en la Audiencia Nacional por el caso Bankia y en su pieza separada sobre tarjetas opacas, del que “pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir”.

Se refiere así a la fianza de 800 millones de euros que el juez Fernando Andreu impuso de manera solidaria el pasado 13 de febrero a BFA-Bankia, Rato y los exconsejeros Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, y que el grupo terminó abonando en solitario. Desde el principio, el grupo financiero dejó claro que iba a reclamar a su antigua cúpula la parte proporcional de la cuantía, y para ello envió un requerimiento notarial a cada uno de ellos para exigir que aportaran los 133,33 millones que les correspondía. Rato ha rechazado reiteradamente todas estas acusaciones. - Efe