madrid - Desde que el agente de Vigilancia Aduanera le pusiera la mano en el cogote a Rodrigo Rato para introducirle detenido en el coche policial, el presidente del Gobierno español y su ministro de Hacienda se han apresurado a decir que la operación sobre el exministro español y expresidente del FMI demuestra que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy no vacila a la hora de luchar contra la corrupción, caiga quien caiga. Sin embargo, tras de esta versión oficial se ocultan algunos movimientos de los aparatos del Estado que apuntan hacia una desviación interesada de la investigación sobre Rato desarrollada en los últimos meses por la Fiscalía Anticorrupción que ha sido puenteada por la Agencia Tributaria. Este órgano depende directamente del Ministerio de Hacienda que lidera Cristóbal Montoro. A esta tesis se apuntan los técnicos del Ministerio de Hacienda que ven un impulso político claro en el caso vinculado a las elecciones del próximo 24 de mayo.

El secretario general del sindicato que aglutina a los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Molinedo, puso ayer en duda el procedimiento seguido por la Agencia Tributaria durante la investigación y los registros sobre Rato, por lo que pidió al Gobierno español que aclare el origen de este proceso. A su juicio, no parece que la investigación haya nacido por iniciativa del órganismo fiscalizador de Hacienda.

Molinedo afirmó que ante la evidencia de que el caso iba a estallar tarde o temprano, el Gobierno español ha pensado que era mejor anticiparse y enviar a la sociedad el mensaje de que Moncloa es firme en la lucha contra la corrupción y el fraude. De este modo el Ejecutivo de Rajoy se cuelga la medalla luciendo un escarmiento contra uno de los suyos. Para Gestha, Montoro aparece como “abanderado de la lucha contra el fraude, incluso con personas afines al PP”.

Esta decisión del núcleo duro de Génova ha tenido una importante oposición interna, no tanto por las consecuencias penales y políticas que puede deparar al exmiembro del PP (entregó su carné a finales del año pasado tras el estallido del caso de las tarjetas opacas) como por las implicaciones electorales que pueda producir al partido. Entre los críticos con esta decisión están muchos de los que encabezan las candidaturas electorales para los comicios del próximo mes.

Anticorrupción se puso antes que la Agencia Tributaria sobre la pista de Rato. Necesitaba más tiempo para recabar todos los datos necesarios y llevarlos a la Audiencia Nacional para que el juez tuviera sobre su mesa toda la intrincada información de la trama que se oculta tras la figura de Rato. Pero en su camino se cruzó Rajoy y su entorno, que han impuesto su estrategia. En su cálculo político, el presidente español contempla que la operación les puede beneficiar electoralmente. Para ello Montoro puso en marcha a la Agencia Tributaria que reaccionó de manera rápida y espectacular, con una operación prácticamente televisada en directo y con una parafernalia policial muy parecida a la de algunas detenciones de miembros de ETA o de sus aledaños.

Esta operación no hubiera sido posible si se hubiera presentado una denuncia contra Rato ante la Fiscalía Anticorrupción que cuenta con sus cuerpos especializados de investigación para analizar el contenido de las denuncias que le llegan. De haber sido así, el proceso se hubiera alargado algo más en el tiempo y la baza de Rajoy y Génova se hubiera quedado en agua de borrajas.