Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara, entre 1975 y 1992, y en algunos casos en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Para adoptar esta decisión, a instancias de la Fiscalía, el juez en su auto se basa en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten “corroborar la indiciaria veracidad” de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por “documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas”. Entre los hechos descritos se encuentran amputaciones de miembros a prisioneros, incluido un recién nacido, la quema de personas vivas o la aplicación de descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis de El Aaiún, Smara, Amgala. En conjunto, el juez llega a contabilizar 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.

Destaca Ruz “el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental) con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas”, a raíz de lo cual declararon las personas que presenciaron esos asesinatos, así como sus familiares. El auto también recoge testimonios de desapariciones y de torturas en el cuartel del Puesto de Mando de las Compañías Móviles de Intervención (PCCMI) en El Aaiún.

Asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos denunciaron el 14 de septiembre de 2007 a 31 altos cargos, militares y policías marroquíes por la desaparición de 542 saharauis desde que España se retiró del territorio en 1975. Hace casi un año, el 15 de abril de 2012, a raíz de la reforma de la ley de justicia universal, Ruz, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó archivar esta causa porque cuando ocurrieron los hechos denunciados en los años 70 y 80 el Sahara Occidental era territorio español. Siguiendo con el criterio de la Fiscalía, el juez consideró que era competente para investigar esta querella porque el Sahara Occidental era una provincia española en los años 70, así como que legalmente seguía estando administrada por España en los 80 y aún ahora. Ruz, al igual que la Fiscalía, entiende también que la competencia se extiende a hechos posteriores a la fecha en la que el Sahara Occidental dejó de ser español, el 28 de febrero de 1976, ya que son plenamente conexos con los iniciales, que es la invasión por Marruecos de ese territorio en octubre de 1975 (con la llamada Marcha Verde, y consecuencia de ello es el manteniendo de la jurisdicción” de España.

Las acciones de los procesados, según detalla el magistrado, tenían como única finalidad “destruir” a la población saharui “mediante el asesinato, las desapariciones forzadas o la reclusión durante grandes periodos de tiempo”. Los procesados son el coronel mayor de la Gendarmería Real en Agadir, Driss Sbai; el interventor del director de Policía Judicial, Brahim Ben Sami; el comisario Hariz El Arbi; el coronel Lamarti y el exgobernador de la Administración Territorial del Sahara Abdelhafid Ben Hachem. También están el excoronel Abdelhak Lemdaour; los exgobernadores del campo de refugiados de Smara Said Oussaou y Hassan Uychen, así como Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.

Para siete -Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El Arbi- el juez acuerda la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición al no constar su paradero. Además, sobre Lamarti, Muley Ahmed, Bel Laarabi y Loudghiri, el juez pide a Marruecos que aporte los datos que faciliten su correcta identificación. - Efe/E.P.

Querella de 2007. La investigación se inició en 2007 tras una querella de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis contra 32 personas.

Justicia universal. El tratarse en muchos casos de víctimas con nacionalidad española, la causa sobre el genocidio en el Sahara no se ve afectada por la reforma de la justicia universal, impulsada por el PP en marzo de 2013, y que ha supuesto un parón a numerosas causas por delitos de lesa humanidad fuera de España investigados por la Audiencia Nacional.

Drama. El juez ha llegado a contabilizar 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.

Pruebas. Respecto a 8 querellados -Housni Benslimane, Najib Ben Hima, Moustafa Hamdoui, Amini, Ayachi, Abdelaziz Allabouch, Sanhaji Hamid y Lehsan Chaf Yeudan- el juez acuerda no decretar por el momento su procesamiento ante la falta de pruebas.