La energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. “La pobreza energética mata física y socialmente”, destaca un informe del CES europeo antes de reclamar una política común para un problema que en Europa afecta a 54 millones de personas y en Euskadi a unas 90.000. El invierno es la época en que las necesidades de luz y calor son mayores y, por tanto, cuando más se evidencian los problemas de muchas personas para disponer de electricidad o gas.
La pobreza energética es no poder poner la calefacción todas las horas o a la temperatura necesaria para vivir sin pasar frío, pero también implica tener grandes dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación, las comunicaciones y la higiene.
Hace cuatro meses que en Euskadi y en el conjunto del Estado español se dio la alarma sobre los efectos que la pobreza energética estaba teniendo en un número cada vez mayor de hogares. Y es que la conjunción de subidas de precios en los servicios básicos -la factura eléctrica, por ejemplo, se ha encarecido un 60% desde 2008- y reducción de rentas ha hecho que los indicadores de pobreza energética registren incrementos, aunque se trata de una situación difícil de medir y que todavía es poco visible debido a su carácter doméstico.
Sin embargo, junto a los desahucios, los cortes de suministros básicos como electricidad o agua por impago de recibos se han vuelto un hecho cotidiano. En 2013 (aún no hay datos de 2014) las compañías eléctricas Iberdrola y Endesa cortaron la luz a más de 931.000 clientes residenciales, mientras que los cortes de suministro de gas afectaron a 75.162 hogares. Sobre la situación en Euskadi, los estudios de Foessa y de los Gobiernos vasco y navarro señalan que entre un 5% y 7% de los hogares no pueden hacer frente al coste del suministro de luz y gas, y que el porcentaje de los que tienen dificultades para afrontar esos pagos se eleva al 15%
Los expertos señalan que puede considerarse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de la vivienda.
Según el Comité Económico y Social Europeo, en Europa, la pobreza energética se traduce en que un número creciente de personas tiene dificultades para abonar las facturas de la energía o ve limitado su acceso a la energía por tener ingresos bajos, residir en viviendas con un pésimo aislamiento térmico, disponer de equipamientos con escaso rendimiento, o por los elevados costes de la energía.
La Asociación de Ciencias Ambientales, que hizo la primera medición de la pobreza energética en el Estado español, señala que hay tres factores clave que determinan la incidencia y evolución de esta lacra: los precios de la energía doméstica, la eficiencia energética de los edificios y la renta de las familias. La ACA también alerta de que no estamos hablando únicamente de “falta de confort”, sino de un problema de salud, porque pasar demasiado frío cotidianamente puede tener graves consecuencias para el organismo. Según la ACA, la pobreza energética es responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año en España.
Los últimos informes sobre pobreza energética en el Estado español señalan que un 17% de los hogares, con una población estimada de 7 millones de personas, estaban destinando más del 10% (el doble de la media) de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar. El 9% de los hogares -equivalente a 4 millones de personas- se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno y el 8% de la población reconocía haber incurrido en impagos o retrasos en el pago de los suministros del hogar: energía, agua o telecomunicaciones.
En Euskadi La Encuesta de Necesidades Sociales 2014 Módulo EPDS-Pobreza, elaborada por el departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, señala que las situaciones de carencia económica de los hogares de Euskadi que “desembocan en cortes de suministro (agua, luz, teléfono, etc.)” se han reducido entre 2012 y 2014 y el año pasado afectaban al 1,8% de las familias. A pesar de este descenso, el informe detecta “un proceso de deterioro muy evidente en lo relativo a las personas afectadas por problemas de impago o retrasos en el pago de obligaciones ligadas a la cobertura de alquileres, créditos, hipotecas o recibos”. Estos problemas de impago, que muchas personas en situación precaria o con rentas bajas resumen en “o comemos o pagamos la luz”, afectan a un 6,2% de las familias vascas y su impacto ha crecido más de un 112% desde 2008.
Según el informe, el deterioro apreciado en las situaciones de impago o retraso en los pagos guarda relación con “las estrategias adaptativas de la población para hacer frente a sus obligaciones, no observándose un deterioro en los indicadores de ajuste entre ingresos y gastos en el consumo de la población”. La Encuesta puntualiza que “el único ámbito en el que se prolonga sin matices la línea de fuerte deterioro del periodo 2008-2012 en los indicadores básicos de necesidad hace referencia a las dificultades para mantener una temperatura adecuada en el hogar durante los meses fríos. En este caso el indicador sigue mostrándose claramente al alza, pasando de un 4,1% en 2008 a un 8,3% en 2012 y un 11% en 2014”. Además, el volumen de personas afectadas por estas dificultades para mantener su casa a resguardo del frío ha aumentado un 168% entre 2008 y 2014.
Otro indicador de las grandes dificultades de muchas familias de la CAV para hacer frente al pago de la electricidad o el gas es el creciente peso que están adquiriendo las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social (AES) destinadas al mantenimiento de la vivienda.
De acuerdo con los datos de la Encuesta, en 2014 casi 135.000 ciudadanos de la CAV tenían problemas de impago o atrasos en el pago de alquileres, créditos o recibos, mientras que más de 38.000 personas habían sufrido cortes en suministros básicos para el hogar. Tanto los impagos como las interrupciones de servicios básicos por carecer de dinero para pagarlos crean una situación de pobreza de mantenimiento que cada vez afecta a más hogares vascos y que en 2014 se vivía en el 8,2% de ellos. Más de la mitad de los casos de pobreza de mantenimiento se registra en Bizkaia (el 54,4% del total), mientras que Gipuzkoa concentra el 26,7% de las situaciones y Araba el 18,9%.
La temperatura de casa Recientemente la Diócesis de Bilbao recogía en un documento que según algunos datos extractados del último informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, una parte importante de los hogares vascos han tenido que ejecutar medidas compensadoras para afrontar problemas de la vivienda, derivados de las dificultades económicas. El 47% y el 44% de los hogares se han visto obligados a reducir los gastos fijos de la casa, y los gastos de teléfono, televisión e internet, respectivamente. Un rasgo de vulnerabilidad que se observa como especialmente acentuado en Euskadi es la imposibilidad para mantener la casa a una temperatura adecuada, una circunstancia que sufre el 29,8% de los hogares (21,5% en España) y que alcanza a una de cada dos familias entre la población en situación de exclusión. Un segundo bloque de problemas relacionados con suministros básicos es el relativo a la imposibilidad de afrontar las deudas generadas y por tanto el riesgo de corte de esos servicios. El 15,8% de los hogares en el País Vasco han tenido problemas para el pago de los gastos de la casa (hipoteca, alquiler, luz, gas, agua, etc.), con consecuencias de avisos de corte de suministros para el 7% (20,3% de los hogares excluidos) y con riesgo de desahucio para el 2,3% (10,8% en los hogares excluidos).
El Informe Foessa -VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en el País Vasco- señala que una de las consecuencias de la situación de crisis económica es “la dificultad que tienen las personas para afrontar los gastos asociados a la vivienda, una carga muy pesada tanto a nivel estatal como autonómico, aunque en menor medida para los hogares del País Vasco”. El documento destaca que el indicador que mide la capacidad de pago de los gastos asociados a la vivienda “se ha convertido en un factor de enorme relevancia que además afecta con mucha más intensidad a las personas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión”. En Euskadi la proporción de hogares que tienen retrasos en el pago gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) “se ha mantenido bastante estable” en los últimos años, aunque según los cálculos del Informe Foessa alcanza al 5% de los hogares vascos, frente al 9,3% del conjunto del Estado español.
