Madrid - A principios de año, diversas asociaciones y entidades feministas del Estado español denunciaron ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación unas cuentas de Twitter por incitación al odio, a la discriminación y a la violencia contra las mujeres. Una de esas cuentas se denominaba Mueren pocas y fue reabierta con un nombre similar al poco tiempo de ser cerrada tras una fuerte presión social. En un futuro próximo, el contenido de esas cuentas será delito y sus responsables podrían ir a la cárcel.

El Gobierno español modificará la legislación -enmendará el artículo 510 del Código Penal- para castigar la apología y la incitación a la violencia de género con penas de prisión. El grupo parlamentario Popular acaba de incluir una enmienda en la próxima reforma del Código Penal para que se castigue con “prisión de uno a cuatro años” y “multa de seis a 12 meses” a quien “fomente, promueva o incite directa o indirectamente” o “distribuya, difunda o venda escritos” contra un grupo o una persona “por razones de género”. Dentro de la expresión violencia de género se incluyen también las agresiones homófobas o contra la identidad de género. El delito se agrava si se realiza a través de redes sociales o medios de comunicación.

Por otro lado, de las 48.653 condenas a medidas alternativas al ingreso en prisión que dictaron los jueces por delitos de violencia de género el año pasado, 8.298 obligaban a los hombres a cursar un programa de reeducación, conforme los datos oficiales. Se trata de personas sin antecedentes penales, que no parecen suponer un peligro para sus víctimas y reciben una sentencia inferior a dos años de cárcel. Según los expertos consultados, da resultado: las tasas de reincidencia están por debajo del 7%.

Los penados, sujetos al programa PRIA que administra Instituciones Penitenciarias y ejecutan distintas ONG en todo el Estado, están así obligados por sentencia judicial a asistir, participar activamente y con buen comportamiento a nueve meses de sesiones semanales, grupales e individuales de terapia en las que se abordan desde el control de la ira y la gestión de las emociones, hasta la deconstrucción de conceptos erróneos sobre el papel del hombre y de la mujer en la familia. CUPIF (Con un Pie Fuera) es una de las entidades que ejecuta, entre otros, estos talleres fuera de la cárcel. Trabaja desde hace 20 años con Instituciones Penitenciarias, contribuyó al diseño de las terapias que se realizan a nivel estatal y su personal es voluntario, tanto la presidenta, Susana Díaz; y el coordinador, José Luis Regueras; como los psicólogos, sociólogos y criminólogos responsables de los grupos de terapia. Tratan entre 100 y 120 maltratadores al año.

Ven prioritario trabajar con la mujer con el argumento de que la prevención de la reincidencia es, precisamente, el mejor servicio social. No pierden de vista que se trata de condenados y no justifican sus delitos desde ningún prisma. Eso sí, parten de la idea de que existen problemas de comunicación, de gestión de las emociones y de conducta que tienen remedio. “Aquí se mira un 99% de la persona y un 1% del delito”, dice Regueras. Su tasa de reincidencia es del 2%. Llegan reacios, pero “acaban entrando”, porque interiorizan que lo han elegido para no entrar en prisión, porque se van dando cuenta de que les sirve y porque, al fin y al cabo, del informe al juez sobre su actitud dependerá que salgan libres o cumplan la condena entera.

Medidas. De las 48.653 condenas a medidas alternativas al ingreso en prisión que dictaron los jueces por delitos de violencia de género el año pasado, 8.298 obligaban a los hombres a cursar un programa de reeducación.

Efectividad. Las tasas de reincidencia en el delito de los hombres que cumplen el programa de los cursos están por debajo del siete por ciento.

Pioneros. Este tipo de programas se implementó por primera vez en el País Vasco en 1995 de la mano de la UPV y Emakunde, con el objetivo de tratar a los agresores e intentar que abandonasen las conductas violentas.