vitoria - Manu Lezertua, un jurista de amplia trayectoria como abogado del Gobierno Vasco y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene todas las papeletas para convertirse en el próximo Ararteko, la institución que se encarga de proteger a los ciudadanos ante las actuaciones incorrectas de las administraciones públicas. Desde que Iñigo Lamarca agotara su segundo mandato en octubre, el PNV ha intentado acordar el relevo desde la discreción y, aunque ya tenía clara su apuesta por Lezertua, no la había hecho pública para no quemar su nombre. Los jeltzales han tratado de buscar el máximo consenso sin filtraciones a los medios de comunicación y, como en el resto de negociaciones como partido al frente del Gobierno Vasco, han tenido sobre sí la presión añadida de sacar adelante una propuesta de consenso que no naufragara y pudiera ser utilizada como elemento de desgaste por parte de la oposición. Se propusieron zanjar la negociación antes de que culminaran los seis meses de prórroga de Lamarca, que expirarán a mediados de abril. En esa fecha, si no hubiera acuerdo, Lamarca diría adiós definitivamente y sería proclamada en funciones su número dos, Julia Hernández. Una presión que no sufriría de la misma manera la oposición y, en el caso del PSE, se da la circunstancia adicional de que Hernández fue propuesta por el propio socialismo como adjunta a Lamarca y fue concejal en Errenteria por ese mismo partido, de modo que no sería traumático para las filas de Idoia Mendia que ella ocupara el cargo de Lamarca en funciones. Desde algunos ámbitos, se especula con que, aunque cuajara el acuerdo sobre Lezertua, Hernández seguiría como número dos. A pesar de ese complicado escenario, todo apunta a que el PSE ha mostrado un perfil conciliador y ha respetado el espíritu del acuerdo suscrito poco después de la investidura de Iñigo Urkullu, cuando jeltzales y socialistas encauzaron la negociación sobre EITB y quedaron en acometer más adelante la renovación del Ararteko y el Tribunal Vasco de Cuentas. El PSE avala el perfil de Lezertua, pero sus votos no son suficientes para llegar a la mayoría de tres quintos del Parlamento -45 escaños- con el PNV, sino que se quedan a dos asientos de la meta y necesitan al PP o EH Bildu. Ayer fue el PP quien se mostró más dispuesto.

Aunque había abogado por la discreción, el PNV se decantó ayer por hablar ya sin tapujos y, en Radio Euskadi, reconoció que su apuesta es Manu Lezertua, asesor del Consejo de Europa, porque está “absolutamente implicado en la defensa de los derechos humanos”. El portavoz parlamentario, Joseba Egibar, lamentó las filtraciones a los medios de comunicación y dejó un recado: “En este país parece que hacer las cosas discretamente resulta prácticamente imposible”. A su juicio, Lezertua es el candidato que reúne las condiciones oportunas. Desde el PSE, Txarli Prieto avaló la propuesta porque “tiene preparación, trayectoria y bagaje que le sitúan bien” para el puesto. “La propuesta la vemos bien pero, como pasa con cualquier propuesta y como ocurrió con EITB, si cuando se pacta algo después hay una desviación de ese acuerdo, obviamente se pedirán responsabilidades”, matizó. El popular Borja Sémper se mostró igualmente satisfecho y dijo que el perfil de Lezertua “no puede ser más apropiado”. Sin embargo, pidió ajustar la estructura y el presupuesto de la institución para adecuarla a las necesidades de ahorro.

la crítica EH Bildu se mostró más reticente. Su parlamentario Iker Casanova explicó que la coalición no tiene la decisión tomada y que, aunque “en principio parece reunir los requisitos técnicos, habrá que ahondar”. “Se han conocido declaraciones de esta persona en relación a la ilegalización de la izquierda abertzale en su momento, aparentemente justificativas de esta situación”, argumentó. A su juicio, alguien que ha “justificado” una de las mayores “vulneraciones de derechos humanos” quizás no sea el más apropiado para liderar la institución. Casanova se refería a un artículo publicado en diarios del Grupo Vocento donde, después de que Europa ratificara la ilegalización de Batasuna, consideró que los derechos humanos no son sinónimo de impotencia frente al terrorismo.