madrid - Apenas tres días antes de que Felipe VI afrontara su primer discurso navideño como monarca español, el juez José Castro, instructor del caso Nóos, incluyó ayer como acusada a su hermana, la infanta Cristina, que se sentará en el banquillo como presunta colaboradora de dos delitos fiscales, al tiempo que fija para ella una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,7 millones de euros. En un auto de 150 páginas contra el que, según su criterio, no cabe recurso alguno, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma procedió ayer a la apertura del juicio oral por este caso donde están incluidas 17 personas, entre ellas la infanta Cristina, puesto que el magistrado rebate los argumentos de la defensa de la duquesa de Palma y, particularmente, los de la Fiscalía Anticorrupción, que presentaron escritos reclamando el sobreseimiento de la causa respecto a ella en aplicación de la doctrina Botín.

El magistrado alega que en este caso no es aplicable la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acusación popular y no la Fiscalía o el perjudicado por los hechos -es el sindicato Manos Limpias quien mantiene la acusación-, al señalar que no solo Cristina de Borbón se enfrenta a los dos delitos fiscales sino también su marido, Iñaki Urdangarin, y a él sí que le acusan de los mismos. En concreto, Castro considera a la infanta cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al interpretar que su papel fue imprescindible para que su marido defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

En este sentido, el juez Castro apunta a que la infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.

Hacienda somos todos En su resolución, Castro recalca cómo “se decidió llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria” entre las que destaca, “por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que Hacienda somos todos y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: Lo que tú defraudas, lo pagamos todos”. “Ello no es óbice a que sea la Agencia Tributaria quien, como gestora de los fondos públicos que los contribuyentes han puesto a su disposición -incide Castro-, se persone a través de la Abogacía del Estado al no poder hacerlo directamente los ciudadanos, a quienes les resultaría de imposible cuantificación el perjuicio que para cada uno de ellos ha representado la picaresca fiscal”.

En este caso, Manos Limpias reclama para la infanta un pena de ocho años de cárcel, aunque en consonancia por lo fijado por el Código Penal, Cristina de Borbón podría ser condenada con una pena que va de seis meses a dos años de prisión por cada uno de los delitos. Como está acusada de dos delitos fiscales, en el peor de los casos para sus intereses podía ser penada con cuatro años de cárcel, lo que, en lógica, implicaría el ingreso en prisión. En cambio, si se le aplica la pena mínima, seis meses por cada delito, solo sería condenada a un año de prisión. Entonces, teniendo en cuenta que carece de antecedentes y que la pena es inferior a los dos años, la infanta Cristina podría no ingresar en prisión. Quedaría al criterio del juez. La infanta ya tuvo que abonar 600.000 euros en el marco de esa misma causa al considerar que se había beneficiado del dinero público desviado por su marido a través de Aizoon, de la que era propietaria al 50% con Urdangarin.

Recurso de su defensa Pese a que en su escrito Castro sostiene que la decisión de enviar al banquillo a la infanta no es recurrible, los abogados de la mujer de Urdangarin, encabezados por Miquel Roca, anunciaron que recurrirán el auto en lo referente a su argumentación sobre la “legitimidad” de la acusación popular para enviar a juicio a la infanta en contra de la opinión de la Fiscalía y la Abogacía. La defensa pedirá aplicar la doctrina Botín. Entiende que el escrito del juez Castro, de forma “novedosa y excepcional en la historia judicial española”, resuelve cuestiones de legitimación sobre si la acusación popular está capacitada para instar a un procedimiento por delito fiscal con la oposición de la Abogacía y la Fiscalía. Se prevé que el juicio contra la infanta arranque a mediados o finales del próximo año.

Apartada. Tras la abdicación Juan Carlos I, cuando su hijo accedió al trono, la Casa Real decidió dejar fuera de la Familia Real tanto a la infanta Cristina como a su hermana Elena. Así, la Familia Real la componen Felipe VI y Leticia, sus dos hijas, y Juan Carlos y Sofía.

Seguridad. Pese a no pertenecer a la Familia Real, el Estado se ocupa de mantener su seguridad con la asignación de escoltas desplazados a Suiza.

Decisión personal. La Casa Real anunció el pasado 7 de noviembre que deja en manos de la infanta la decisión de renunciar a sus derechos dinásticos. La infanta Cristina es la sexta en el orden sucesorio.

Petición del PSOE. En este sentido, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Antonio Pradas, señaló ayer que la infanta debería “plantearse” la posibilidad de “renunciar a sus derechos de sucesión”.