Rebelión del poder judicial

La Fiscalía General del Estado anunciaba a través de una escueta nota la decisión de Torres-Dulce de renunciar a su cargo como fiscal general de Estado por “razones personales”. El fiscal, a quien le quedaba un año de mandato, volverá a su plaza en el Tribunal Constitucional, pero esas “razones personales” a las que aludía la nota no esconden sus desencuentros con el Ministerio de Justicia tanto ahora con Rafael Catalá al frente del departamento como con su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón.

Las discrepancias vienen de lejos. No en vano, Torres-Dulce se mostró favorable al ingreso en prisión de Luis Bárcenas, cuando desde Génova no se ponía entonces en duda la “honorabilidad” del extesorero del PP y cuando, además, Bárcenas amenazaba con tomarse la venganza aireando acusaciones comprometedoras para los populares. También chocó frontalmente con el Gobierno cuando el juez Pablo Ruz, dentro de la instrucción del caso Gürtel, acusó tanto al PP como a la exministra Ana Mato de haberse lucrado a través de la trama dirigida por Francisco Correa. Torres-Dulce no dudó en asegurar que estaba de acuerdo con las conclusiones del magistrado. De la misma manera, y con respecto a la operación Púnica, mostró su total apoyo a una actuación judicial que llevó a prisión a destacados miembros del PP, entre ellos a quien fue número dos de Esperanza Aguirre en Madrid, Francisco Granados, o al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Torres-Dulce hay que buscarla en la querella contra Artur Mas. Apenas un día después del 9-N, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunció la “inmediata” presentación de una querella contra el president del Govern, e incluso precisó por qué delitos. Aunque Torres-Dulce se mostró favorable a la interposición de la misma, en contra incluso de la postura de los fiscales catalanes, le molestó que desde el PP se marcara los tiempos a la judicatura.

De este modo, y en lo que se ha convertido ya en su última comparencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los diputados, días después de la presentación de la querella contra Mas, Torres-Dulce defendió su independencia frente al Ejecutivo del PP ante las críticas de la oposición. “No se me puede decir que sea proclive al Gobierno cuando investigo a Bárcenas y solicito prisión para él. No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer”, afirmó.

Injerencia en los jueces La otra vertiente de esta rebelión del poder judicial tuvo como epicentro el Tribunal Supremo. Trece de los dieciocho magistrados que integran la Sala de lo Penal enviaron una carta al presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en la que le reclamaban que actúe ante Rajoy por lo que consideran injerencias del ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, que calificó de “lamentables” y “posible prevaricación” las recientes excarcelaciones de miembros de ETA. Los magistrados reclaman a Lesmes que haga saber al Gobierno español que esas manifestaciones muestran “desconfianza en las instituciones” y no guardan debido respeto al Tribunal Supremo. Le piden expresamente que inste a Rajoy a que “ponga coto” a manifestaciones como éstas.

En la carta se señala que en una entrevista concedida a La Razón después de que la Audiencia Nacional pusiera en libertad a Santiago Arrozpide y Alberto Plazaola tras haberles computado los años en prisión en Francia, como estipula una decisión marco europea, el ministro del Interior calificó esta decisión como “lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente”. Ante la pregunta de si los jueces están prevaricando, respondió: “Yo no digo eso, pero si lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación”.

Tras tener conocimiento de esta carta, el ministro expresó su respeto a la independencia judicial y separación de poderes. En unas breves declaraciones a los periodistas antes de asistir a la jura de 24 comisarios principales, Fernández Díaz afirmó que “he respetado y respetaré siempre la ley”, al tiempo que señaló que la separación de poderes está “garantizada, reconocida y amparada en la Constitución”.

Aunque ayer fue de manera pública, no es la primera vez que los jueces muestran su desazón por la actitud de los miembros del Gobierno español con respecto a esta cuestión. Así, esta misma semana varios magistrados mostraron su indignación por las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien en víspera del Pleno que celebró el pasado martes la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo mostró su confianza en que el alto tribunal revocara la excarcelación de Arrozpide y Plazaola. En similares términos se expresó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien lamentó la puesta en libertad de ambos presos.