BILBAO - A instancias del Gobierno español, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó ayer que se presente querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el president de la Generalitat, Artur Mas, por impulsar el proceso participativo del 9 de noviembre. La decisión va en contra del criterio del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada y en general del resto de fiscales catalanes que no lo consideran procedente y así se lo comunicaron a última hora de la tarde.
La Fiscalía Superior de Catalunya se plantó ayer ante el fiscal general del Estado y en junta acordó que, por el momento, “no procede a iniciar acciones penales” contra el president Mas por la consulta alternativa del 9-N. Las divergencias entre la fiscalía catalana y la fiscalía general, que es el superior jerárquico, empezaron a ponerse en evidencia a los pocos días de la consulta.
Los fiscales catalanes han sido reacios desde el principio a actuar contra Mas y dar por buenas las denuncias de desobediencia lanzadas desde el Gobierno español y algunos partidos y asociaciones civiles de la órbita del PP. En las reuniones de la semana pasada, la mayoría de los fiscales que integran la Fiscalía Superior de Catalunya (seis de nueve) se mostraron reacios a presentar la querella. Discreparon de los términos del texto enviado desde la fiscalía general, pero también de la conveniencia de presentarlo ya que consideran que, pese a que el Tribunal Constitucional suspendió cualquier acto de preparación del 9-N, Mas no recibió ninguna orden expresa para que pusiera fin a la consulta alternativa.
En un primer momento Torres-Dulce se mostró dubitativo ante la querella y tras una reunión con el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, el pasado miércoles delegó en los fiscales catalanes, pero en los días posteriores ha intentado recuperar la iniciativa acusadora contra el Govern catalán, tal y como pretendía el Ejecutivo de Rajoy.
Sin embargo, un grupo de fiscales catalanes opuestos a empreder acciones contra el president de la Generalitat forzó el pasado viernes una junta de fiscales en Barcelona. Este encuentro se ha prolongado durante dos días (viernes y ayer lunes) y la decisión adoptada es que no procede presentar la querella contra Mas y otros responsables del Gobierno catalán por supuestas responsabilidades penales en el proceso consultivo celebrado el pasado 9 de noviembre. Además del president la querella estaría dirigida contra la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, la consellera de Educación, Irene Rigau, y el conseller de Interior, Ramon Espadaler,
Ante la oposición de la Fiscalía catalana para la presentación de la querella, y de la decisión adoptada en el mismo sentido por su máximo responsable, Torres-Dulce convoca la Junta de Fiscales de Sala en aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, que establece el trámite del Ministerio Público cuando existen discrepancias internas.
La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata con esta reunión de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo de los fiscales del territorio afectado.
La Junta la integran, además de Torres-Dulce, el teniente fiscal del Tribunal Supremo -el recientemente designado Luis Navajas- y los fiscales de Sala. Según el artículo 15 del Estatuto Fiscal, esta Junta “asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal”.
La decisión del fiscal superior catalán supone el segundo varapalo que Torres-Dulce recibe desde la Fiscalía de Catalunya en poco más de un año. José María Romero de Tejada fue propuesto para el cargo por el Fiscal General en julio de 2013 para sustituir a Martin Rodríguez Sol, quien dimitió unos meses antes tras una polémica por unas declaraciones en torno al proceso soberanista catalán.
Romero de Tejada era precisamente teniente fiscal con Rodríguez Sol, quien se vio forzado a dimitir el 5 de marzo del año pasado después de que la Fiscalía General le abriera un expediente para relevarlo tras haber defendido en una entrevista la legitimidad de una consulta al pueblo catalán, dentro de un marco legal. Torres-Dulce aseguró entonces que las declaraciones del fiscal jefe de Catalunya Martín Rodríguez Sol sobre el proceso soberanista no fueron sólo la causa de su remoción, sino que en el análisis de un año de ejercicio se constató que comprometió su imparcialidad.
Denuncias contra Mas Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que sería el competente para tramitar acciones contra el president Mas y los miembros de su gobierno, ha recibido ya las primeras doce denuncias presentadas en diferentes juzgados catalanes contra el Ejecutivo catalán por el presunto delito de desobediencia al haber impulsado la consulta alternativa sobre la independencia.
Proceden de los juzgados de Martorell, Terrassa y Gavà (Barcelona), donde los jueces se han inhibido en favor de esta instancia superior porque Mas es aforado. Siguiendo los trámites habituales, el TSJC ha designado un ponente por cada una de las denuncias siguiendo el turno de reparto establecido por la sala y remitirán a la Fiscalía para que informe sobre si son favorables o no a su admisión a trámite.
