El hecho indiscutible de que las políticas sociales son, junto a la educación y la sanidad, el núcleo del Estado del bienestar y que las prestaciones para la garantía de ingresos son un elemento fundamental de esas políticas no ha sido argumento suficiente para mantener la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES) al margen del debate político.
Estas prestaciones, que desde hace unos años son objeto de discusión y polémica, conforman un sistema de ayudas sociales que se implantó en Euskadi hace 25 años y constituyó una novedad en el Estado español. El modelo instaurado con un amplísimo consenso social y político seguía la estela de sistemas que se empezaban a desarrollar en países del norte de Europa y su objetivo era -y es- combatir la pobreza a la que las coberturas tradicionales del Estado del bienestar -vinculadas fundamentalmente con las prestaciones del paro y la Seguridad Social- no alcanzaban. Desde finales de los años 80, la RGI, la PCV y las AES son las prestaciones con las que el Gobierno Vasco cumple el objetivo de garantizar un mínimo vital y unos ingresos dignos a los ciudadanos. Las dos primeras son gestionadas directamente por Lanbide, y las terceras por los ayuntamientos.
La reforma legislativa que dejó la gestión de la RGI y la PCV en manos de Lanbide tenía como objetivo último reforzar la inclusión laboral de los perceptores de estas ayudas. Sin embargo, el nivel de intermediación laboral logrado hasta ahora es bajo, debido fundamentalmente a que el cambio de gestión y trámites llevó bastante tiempo y a que el retraimiento del mercado laboral no ha permitido aflorar el número suficiente de ofertas adecuadas a los perfiles de quienes reciben las prestaciones. De hecho, la crisis económica y la destrucción de puestos de trabajo también se ha hecho notar en el perfil de los solicitantes de RGI, ya que cada vez son más las personas autóctonas que llevan años en paro o con empleos inestables.
En los dos últimos ejercicios -2012 y 2013- el abono de la RGI y la PCV ha requerido el desembolso por parte del Gobierno Vasco de 425 y 435 millones de euros, respectivamente, mientras que en los ocho primeros meses de 2014 ya se llevan gastados 312 millones de euros en estas dos ayudas sociales. Un gasto -1.172 millones desde enero de 2012 hasta este verano- que para los responsables del Gobierno Vasco representa “el precio de la cohesión social”.
Tanto el sistema de ayudas como la cuantía de las mismas diferencian a la Comunidad Autónoma Vasca del resto del Estado, ya que según unos datos aportados recientemente por el Gobierno Vasco, Euskadi gasta anualmente el 0,62% de su PIB en rentas de inserción y AES, mientras que el porcentaje del conjunto estatal es del 0,09%.
Una cobertura básica
La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación periódica, de naturaleza económica, dirigida tanto a la cobertura de los gastos básicos para la supervivencia como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social o laboral. Está destinada a las personas integradas en unidades de convivencia (de uno a más miembros) que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a dichos gastos. Los perceptores pueden ser personas sin trabajo, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, perceptores de otro tipo de pensiones, inmigrantes sin permiso de residencia, etc.
La actual RGI fue creada en 1989 e inicialmente se llamó Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y posteriormente Renta Básica (RB). Nació para hacer frente a la pobreza creada por la crisis industrial de los 80, pero con el paso del tiempo tuvo que hacer frente a otras situaciones, como las familias monoparentales, los jóvenes sin trabajo o los efectos de la crisis económica sobre el colectivo de inmigrantes.
La RGI cerró el ejercicio 2013 con un saldo de 62.712 personas perceptoras y supuso un desembolso anual de 359,33 millones de euros, lo que equivale a un gasto mensual de 29,9 millones de euros aproximadamente. La media anual de perceptores se situó en 60.236 personas, 2.000 más que el año anterior y prácticamente 21.000 personas más que en 2009.
En cuanto a la distribución por territorios históricos, Araba cerró el año pasado con 9.001 beneficiarios (con un gasto acumulado de 56,8 millones de euros), Bizkaia con 39.656 perceptores a los que se destinó 228,4 millones, y Gipuzkoa con 14.055 beneficiarios que recibieron 74,1 millones. El tramo de edad con mayor concentración de beneficiarios es el de 35 a 44 años -representan el 27,1% del total. Seis de cada 10 personas que cobran la RGI son mujeres -59% frente al 41% de hombres-. El número de personas autóctonas que perciben la RGI, unas 45.000, es aproximadamente 2,5 veces mayor que las de origen extranjero -71,9% frente a 28,1%-. En esos mismos niveles se mueve la población no pensionista respecto de la pensionista -71,8% frente a 28,2%-.
Acceso a la vivienda
La Prestación Complementaria de Vivienda es una prestación periódica, de naturaleza económica -con una aportación máxima de 250 euros mensuales-, articulada como un complemento de la Renta de Garantía de Ingresos. Se dirige a la cobertura de los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones.
En 2013 se abonaron por este concepto 76 millones de euros a un total de 25.894 personas perceptoras. De ese total, 13,3 millones de euros en ayudas correspondieron a Araba, 45,8 a Bizkaia, y 16,8 a Gipuzkoa. Entre enero y agosto de este año se han destinado a la PCV 55,36 millones de euros.
Soluciones puntuales
Las Ayudas de Emergencia Social, ayudas que contrariamente a las dos anteriores (RGI y PCV), no constituyen derecho subjetivo, están dotadas presupuestariamente por el Gobierno Vasco, mientras que los ayuntamientos se encargan de su gestión. Su finalidad es facilitar los medios económicos puntuales para que personas en situaciones de necesidad puedan hacer frente a gastos de alquiler, intereses de amortización, mantenimiento, mobiliario y electrodomésticos, reparaciones e instalaciones en el hogar, necesidades primarias y endeudamiento.
Como consecuencia de la crisis ha habido un incremento de la solicitud de ayudas destinadas al pago de hipotecas y arrendamientos para evitar la pérdida de vivienda por parte de familias sin ingresos suficientes. El presupuesto de este año para las AES es de 20,5 millones de euros -tres millones más que los 17,5 millones presupuestados en 2013-, una cantidad que se reparte entre los municipios vascos para que éstos, a través de sus servicios sociales, distribuyan estas ayudas a los ciudadanos que las necesitan. En los últimos ejercicios la demanda de AES canalizada por los ayuntamientos ha superado los fondos disponibles y el año pasado el Gobierno Vasco hizo una ampliación de dos millones.
Un reciente estudio sobre la gestión de las AES realizado por el Centro de Documentación y Estudios SIIS concluye que en los últimos años se ha ido reduciendo la aportación de los municipios vascos a la financiación de las AES, cuya cobertura recae fundamentalmente en el Gobierno Vasco. En concreto, la aportación municipal a estas ayudas ha pasado de 7,5 millones de euros en 2008 a 1,3 millones en 2011. También destaca el informe que pese a la existencia de una prestación destinada exclusivamente a cubrir el coste de la vivienda (la PCV), los gastos de vivienda siguen siendo el destino principal para el que se solicitan y conceden las AES.
Al margen de las críticas, el sistema vasco de garantía de ingresos tiene una efectividad medible. Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, difundida el año pasado por el Departamento de Empleo, el sistema de ayudas reduce la extensión de la pobreza en un 37%.
RGI y PCV. En 2013 el gasto en RGI y PCV ascendió a 435,36 millones de euros, 20 millones más que en 2012 y 70 más que en 2010. En 2014 y hasta el pasado mes de agosto estas prestaciones han supuesto 311,96 millones de euros.
AES. En 2013 el presupuesto destinado a las Ayudas de Emergencia fue de 19,3 millones (17,5 iniciales más una ampliación) que sirvió para atender un total de 23.195 solicitudes. En 2014 el presupuesto es de 29,5 millones y hasta junio se habían presentado 22.110 solicitudes.
La RGI, la PCV y las AES son las principales prestaciones, pero el Gobierno Vasco cuenta con otras subvenciones y ayudas sociales, como las de fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social y las de contratación de personal para programas de integración.
Otro capítulo importante de ayudas lo constituyen las destinadas a fomentar la conciliación familiar y laboral, que incluyen el cuidado de menores y familiares y las destinadas a familias con hijos e hijas. Hasta septiembre se han abonado 20,1 millones.
