gasteiz - El Gobierno Vasco ha reclamado al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy que ceje en su empeño de dejar sin efecto las ayudas y el reconocimiento institucional a las víctimas policiales. Así lo anunció ayer el portavoz del Gabinete Urkullu, Josu Erkoreka, quien avanzó que además de emprender acciones legales para defender el decreto que intentan tumbar desde Madrid también se han puesto en contacto con La Moncloa con idéntico objetivo.

En su intervención semanal posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka consideró que esta iniciativa del Ejecutivo español encierra una "significación política muy grave, porque se trata de poner obstáculos al reconocimiento de unas violaciones de derechos fundamentales que se produjeron en la última etapa del franquismo, entre 1960 y 1978, originadas por abusos policiales".

El también consejero de Justicia, quien compareció junto al titular de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, recordó que los damnificados y sus familiares a los que está dirigido el decreto es un colectivo "que nunca ha recibido un reconocimiento y una reparación institucional", por lo que el recurso contra esta norma que presentó el Gobierno español "victimiza doblemente" a los que debían ser sus beneficiarios.

El dirigente jeltzale recordó que además de personarse en el pleito y pedir al Ejecutivo central que retire su recurso, el Gobierno Vasco también se ha reunido con las víctimas afectadas y les ha expresado su "apoyo y solidaridad" ante el rumbo que han adquirido estos acontecimientos.

Erkoreka avanzó que el llamamiento de la Administración vasca a Madrid todavía no ha obtenido respuesta, así como tampoco han sido contestadas las demandas de las diferentes asociaciones y plataformas que también han seguido este mismo camino reivindicativo ante el intento del Ejecutivo español de desactivar los apoyos.

mantenimiento de ayudas El portavoz del Gobierno señaló que la interposición del recurso no implica la suspensión del decreto, por lo que el Gabinete Urkullu continuará gestionando su aplicación como lo ha hecho hasta ahora. No obstante, destacó que es "innegable" que ante la falta de un fallo judicial el recurso planteado desde el Gobierno del PP plantee "una cierta incertidumbre".

Según ha podido saber este periódico, desde que se aprobó este decreto en la anterior legislatura, entonces con el PSE al frente del Ejecutivo autonómico, han entrado un total de 231 solicitudes de personas que denunciaron haber sido víctimas de abusos policiales entre el citado periodo de 1960 a 1978. De todas ellas, 56 se han resuelto ya a favor. Dentro de esa cantidad, en la presente legislatura se ha respondido favorablemente a 47 peticiones, y en 30 de esos casos ya se han abonado las ayudas correspondientes. No se ha concedido indemnización a algunos de esos solicitantes porque esas víctimas ya fueron resarcidas en el marco de otras leyes.

En relación con este asunto, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico, Monika Hernando, comparecerá el lunes en sede parlamentaria para explicar su posición contraria al recurso presentado por el Gabinete Rajoy. Hernando, mano derecha de Jonan Fernández en la Secretaría General de Paz y Convivencia, forma parte de la comisión de evaluación de este decreto. Según ha podido saber este medio, las víctimas también tienen previsto comparecer ante la prensa en los próximos días.