MADRID - La oposición en pleno en el Ayuntamiento de Madrid preguntó ayer en la comisión de Seguridad y Emergencias los motivos por los que la presidenta del PP de la capital del Estado, Esperanza Aguirre, no pasó por un test de alcoholemia tras el incidente que protagonizó en el carril bus de la Gran Vía, por qué la policía municipal no detuvo su coche, llegando incluso a embestirlo si fuera necesario, y las razones por las que no fue esposada y acompañada a la comisaría por desobediencia a la autoridad.

Tras las explicaciones sobre el incidente ofrecidas por el delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez, el concejal de IU Ángel Lara preguntó "¿por qué no ha actuado la Policía municipal de esa manera como lo hace cuando un ciudadano desobedece a un agente de la autoridad?". "La ley no es igual para todos", apostilló. El socialista Pablo García-Rojo cuestionó qué la interceptación del coche "no se produjera antes de que llegara a su domicilio" y censuró que no fuera sometida a un test de alcoholemia "tras el arrollamiento de la moto y después de hacer caso omiso a la orden de parada de los agentes".

Mientras, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid y la Fiscalía han decidido que Esperanza Aguirre debe ser juzgada por una falta, en lugar de un delito, por huir cuando iba a ser multada. Una falta de desobediencia leve está castigada con una multa de diez a sesenta días, mientras que un delito de desobediencia grave está penado de seis meses a un año de prisión. Preguntada sobre esta cuestión, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se limitó a afirmar ayer que "el Ayuntamiento ha dicho ya lo que tenía que decir, la última palabra la tiene el juez". "La polémica ya no da más de sí", zanjó. - E.P.