beirut. Las autoridades sirias demolieron en los últimos dos años, intencionada e ilegalmente, miles de viviendas en Damasco y en la provincia central de Hama, según imágenes de satélite, testigos y documentos audiovisuales a los que tuvo acceso Human Rights Watch (HRW), que lo denunció ayer en un informe. La ONG humanitaria se hace eco de siete casos de derribos a gran escala realizados con explosivos y excavadoras, que podrían ser "castigos intencionados contra la población civil o para causar un daño desproporcionado a los civiles", ya que no sirvieron a ningún propósito militar.

Entre julio de 2012 y julio de 2013, las autoridades de Damasco demolieron una superficie de al menos 140 hectáreas, equivalente a 200 campos de fútbol, en los barrios de Al Masha, Al Arbin y Uadi al Yuz, en Hama; y en Qabun, Al Tadamun, Barze, Harran al Auamid y las inmediaciones del aeropuerto militar de Meze, en Damasco.

HRW destacó que muchos de los inmuebles destruidos eran bloques de pisos de varias plantas, con lo que miles de familias perdieron sus hogares en esos barrios, considerados bastiones de la oposición.

Según responsables del Gobierno y medios de comunicación leales al régimen, las demoliciones son parte de proyectos de planificación urbana o bien para acabar con las construcciones ilegales.

Sin embargo, aseguró HRW, los derribos fueron supervisados por el Ejército y, en ocasiones, se produjeron después de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los opositores.

En ese sentido, la organización subrayó que no se han registrado demoliciones similares en zonas progubernamentales.

Una mujer, residente cerca de Uadi al Yuz, uno de los distritos afectados, dijo a HRW que tras las demoliciones las Fuerzas Armadas llegaron al barrio y advirtieron a la población con altavoces de que destruirían el lugar como habían hecho con otras áreas si una sola bala se disparaba desde allí. Varios dueños de casa destruidas señalaron a la ONG que, al contrario de lo que afirma el Gobierno de Al Asad, sus viviendas disponían de todos los permisos y documentos exigidos por las autoridades.

Además, se quejaron de que las fuerzas del régimen de Damasco no les avisaron sobre las medidas que iban a tomar, por lo que les fue imposible llevarse sus pertenencias. Y denunciaron que tampoco habían recibido ningún tipo de indemnización.

En declaraciones a un periodista extranjero en octubre de 2012, el gobernador de la periferia de Damasco, Husein Majluf, reconoció que las demoliciones eran esenciales para expulsar a los combatientes de la oposición.

Para el investigador de Emergencias de HRW Ole Solvang, "eliminar vecindarios enteros del mapa no es una táctica de guerra legítima". "Nadie debería dejarse engañar por las afirmaciones del Gobierno de que está llevando a cabo un plan de urbanismo en medio de un conflicto sangriento -apuntó Solvang-. Esto ha sido un castigo colectivo contra comunidades sospechosas de respaldar la rebelión".

HRW hizo un llamamiento para que el régimen de Bachar al Asad se comprometa a detener de inmediato los derribos, "que violan la ley internacional", y a compensar a los afectados, en el marco de las negociaciones de Ginebra 2.

Asimismo, consideró que el Consejo de Seguridad de la ONU debería trasladar el caso de Siria a la Corte Penal Internacional.