Madrid. Con la reforma de la ley del aborto, el PP se ha visto inmerso en una ciclogénesis explosiva que puede tumbar lo que ya se ha dado en llamar la gallardonada. Los efectos del temporal han sido inmediatos y una semana después del anuncio, la nueva regulación cuenta con el rechazo unánime de la oposición y de numerosos representantes del partido del Gobierno que nadan contracorriente y han expresado ya su disconformidad con la norma. Algunos populares dudan incluso que la ley vaya a ver la luz. Al menos, en su forma actual ya que las divergencias amenazan con hacerlo saltar por los aires. Con esta rebelión a bordo, el partido presidido por Mariano Rajoy se prepara para un goteo de críticas internas al anteproyecto que iniciará su trámite parlamentario en los próximos meses. Pese a estas disidencias, la formación conservadora no espera una reacción en bloque de sus diputadas para votar en contra del texto que llegue finalmente al Congreso.
Pero que en menos de siete días, hayan saltado las costuras dentro del Partido Popular significa que no existía el consenso anunciado el pasado viernes por el ministro de Justicia. Después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a un anteproyecto que fulmina el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo, destacados líderes conservadores han mostrado su oposición al texto del Ministerio de Justicia y han evidenciado que la redacción del texto de la llamada Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada ha sido un camino plagado de obstáculos al no contentar a todo el espectro ideológico popular. Una de las más contudentes en su rechazo ha sido Cristina Cifuentes. La delegada del Gobierno en Madrid se mostró "a favor de una ley de plazos y no de supuestos".
Cifuentes y Borja Sémper, quien reclamó que los diputados y senadores del PP puedan votar "en conciencia y con libertad de voto lo que consideren respecto a esta ley", han sido especialmente beligerantes en una polémica que ya había iniciado la alcaldesa de Zamora. La miembro de la directiva nacional del PP, Rosa Valdeón, mostró en las redes sociales su "preocupación" por el tratamiento que se da en el texto a la anomalía fetal.
Aunque dejar caer la ley sería tanto como dejar caer a Gallardón, también Núñez Feijoo ha hablado en su contra y considera que no era conveniente reformar la ley de aborto y confía en que sea mejorada. Y es que no todos ven con buenos ojos que se haya abierto ahora "un frente innecesario", que nadie reclamaba.
Pero ninguno de ellos, tiene que votar la ley del Gobierno en las Cortes, como si le ocurre, por ejemplo, a Celia Villalobos. La exministra de Sanidad ya fue multada por su partido el pasado mes de mayo por haber roto la disciplina del PP en una votación parlamentaria sobre el aborto y son conocidas su posiciones en este asunto, a favor del derecho a decidir de la mujer. Sin embargo, y aunque en octubre, apuntó a que volvería a romper la disciplina de su partido si la reforma entonces apuntada por Gallardón se materializaba, la exalcaldesa de Málaga se mantiene en silencio, aunque se da por hecho que Villalobos votará en contra de la nueva ley de Rajoy si ésta concluye en los términos salidos del Consejo de Ministros.
Respecto a si el PP dará libertad de voto a sus diputados, Gallardón considera que todos los miembros del partido están obligados a cumplir el contrato que firmaron con los ciudadanos cuando aceptaron el programa electoral, en el que figuraba el compromiso de reformar la actual ley, por lo que no entendería las voces discordantes dentro de su partido. En cuanto a futuras modificaciones del proyecto, el titular de Justicia asegura que "tiene una serie de principios irrenunciables", aunque "hay aspectos susceptibles de mejora durante la tramitación".
De hecho, puede ocurrir como creen en algunos sectores del PP, que la ley sea modificada en algunos aspectos sustanciales, principalmente la desaparición de la malformación del feto como supuesto legal despenalizado para la interrupción del embarazo, a lo largo del camino que acaba de comenzar a recorrer. En las próximas semanas y meses, deberán pronunciarse y emitir respectivos informes los órganos consultivos. Entre ellos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, o los Colegios de Médicos. Estos informes no son vinculantes pero podrían reorientar la reforma antes de que vuelva a pasar por el Consejo de Ministros rumbo a las Cortes, donde, en última instancia, se podrían producir más cambios. Un consenso y una mano tendida a los cambios por la que ya ha apostado el secretario general del PP en el País Vasco, Iñaki Oyarzabal.
