madrid. Ante la perplejidad que ha supuesto ver a los agentes de la Policía registrando la sede del primer partido del país, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitió ayer un auto en el que justifica la medida por la existencia de indicios de que los responsables de la Tesorería y la Gerencia del PP dieron "cobertura a una facturación oficial ficticia" de las obras realizadas en su sede entre los años 2005 y 2011, en coordinación con la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, Unifica.
En el auto en el que autoriza la entrada de agentes de la Policía en el PP, el magistrado dice que los tesoreros y gerentes del PP en ese periodo -Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez- pudieron "generar documentos para la certificación y facturación" de las reformas en el edificio.
Estos recibos, agrega, eran "liquidados con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra presentación de facturas y el abono de la parte restante de los trabajos ejecutados mediante fondos ajenos" que guardarían "correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas", en los que se reflejaban donaciones de empresas constructoras que superaban los límites establecidos por la ley.
El juez sospecha que "la actividad delictiva investigada puede calificarse de grave" y por ello ordenó en el mismo auto, de forma subsidiaria, "la entrada y registro" en la sede para el caso de que su requerimiento no fuera atendido por los responsables del PP.
"Los hechos requieren para su total esclarecimiento la práctica de diligencias y gestiones" distintas a las desarrolladas hasta el momento, pone de manifiesto el auto que agrega que la incautación de la documentación podría permitir corroborar la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
Los hechos investigados por el titular del Juzgado Central de Investigación número 5 también podrían ser constitutivos, según explica el juez en su auto, de delitos contra la Administración Pública, cohecho y tráfico de influencias.
Para enmarcar las actividades del PP en estos tipos penales deberían demostrarse, según la resolución judicial, "las supuestas aportaciones irregulares al Partido Popular para nutrir la presunta caja B llevada en el seno del mismo mediante las donaciones atribuidas al conjunto de los empresarios y particulares que actualmente ostentan la condición de querellados, en contraprestación a los contratos y adjudicaciones que hubieran sido generadas a su favor en el ámbito de las diferentes Administraciones Públicas".
dinero negro para las obras El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y dos miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, uno de ellos experto en informática, se personaron en la sede de los populares pasadas las ocho y media de la tarde del jueves para obtener facturas sobre las obras de reforma que realizó entre 2005 y 2011, que fueron solicitadas por el juez y no se aportaron a la causa. El juez sospecha que una parte, en concreto 888.000 euros, podrían haberse pagado con dinero negro.
La decisión de enviar la comisión judicial, bajo amenaza de entrada y registro a la sede del Partido Popular durante la noche ilustra hasta qué punto el juez Ruz parece estar convencido del pago en dinero negro de las obras de remodelación de la sede de Génova 13, a partir de los documentos hallados en el despacho de Urquijo, las declaraciones en el juzgado y los informes de la UDEF.
