los concejos alaveses se enfrentan a un futuro cercano incierto, el que marcará el desarrollo final de la Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que pretende aprobar el Gobierno central en manos del PP. De forma somera, el todavía anteproyecto pretende equiparar a las Entidades Locales Menores de la provincia, que se rigen por el Régimen Foral, con las del resto del Estado -sujetas al General-, lo que de facto supondría la absorción de sus competencias por instituciones de rango superior como la Diputación alavesa y el Gobierno Vasco. Y en definitiva, la pérdida de su histórica capacidad de participación y decisión, además de la cesión de todos sus bienes al municipio al que pertenezcan o al propio ente foral. Todo ello, según entiende el Ejecutivo Rajoy, en aras del ahorro económico que traería de la mano adelgazar la Administración.
Parece olvidar Madrid que, tal y como vienen recordando los concejos desde que el anteproyecto fuese puesto sobre la mesa el pasado mes de julio, estas entidades han sido las encargadas de prestar durante siglos a sus habitantes servicios básicos como el suministro de agua y su saneamiento y depuración, así como el alumbrado público, el mantenimiento de sus calles y zonas públicas o los caminos rurales, con una gestión "limpia y transparente" que les ha permitido tener sus Cuentas tradicionalmente saneadas. Una labor impulsada por cargos rectores que no cobran ningún sueldo y que carecen de personal a su cargo. Y además, sujetos a un modelo de financiación que entienden "injusto" a todas luces, porque a pesar de dar servicio al 10% de la población alavesa los concejos apenas reciben el 3% del Fondo de Financiación de las Entidades Locales (Fofel).
El anteproyecto del PP también pretende privar de entidad jurídica a cualquier nueva entidad local menor que se constituya en un futuro y, para más inri, prevé la disolución de las ya existentes que no lleguen a presentar sus Presupuestos en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor. Ingredientes todos ellos que les han empujado a dar la voz de alarma, un particular S.O.S a la sociedad alavesa en general y a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados en particular para que realicen las gestiones necesarias que acaben con este "absurdo", tal y como lo describe gráficamente Davide di Paola, presidente de la Junta Administrativa de Trespuentes.
Junto a él, DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA ha reunido en la sede de la Asociación de Concejos de Álava (ACOA) sita en Elorriaga a Javier Argote, presidente de este colectivo, y a los también cabezas visibles de las Juntas Administrativas de Pipaón y Albéniz, Maite Alonso y Alfredo Sáez de Arregui, respectivamente. Pueblos ubicados en casi todos los puntos cardinales de Álava pero que comparten las mismas preocupaciones. "Con la excusa de la crisis, se está volviendo a una centralización, a la Ley municipal de 1945 con la que pasó a controlarse todos los Ayuntamientos por el Gobierno de la dictadura", resume el presidente de ACOA. Ni siquiera el régimen franquista dio el paso de acometer un recorte de autonomía a los concejos tan drástico como el que se plantea ahora.
enmienda al proyecto La esperanza de los concejos se encuentra en este momento depositada en el plazo de enmiendas al anteproyecto de ley planteado por el PP, que en teoría iba a terminar anteayer pero que finalmente se ha ampliado hasta el primer día de octubre. Los pueblos han hecho llegar a los grupos con representación en Madrid una propuesta de modificación del texto que plantea la diferenciación entre las Entidades Locales Menores de Régimen común y los Concejos alaveses, para lo que a su juicio bastaría incorporar una enmienda de adición al texto que ponga énfasis en la singularidad del territorio, en la foralidad. "En atención a su carácter inmemorial y a su propia autonomía foralmente reconocida, los concejos de Álava se regirán por las normas emanadas de los órganos forales del territorio, así como por sus propias normas, sin que rijan para los mismos las disposiciones contenidas en la presente ley para las entidades locales menores", plantea ACOA como texto para esa enmienda.
Por el momento, el colectivo denuncia que sólo el PNV se ha mostrado receptivo a sus intereses. "Si se da el visto bueno a nuestra enmienda, la Ley no sería de aprobación en la CAV", insiste Argote, que también ha remitido este texto al presidente de las Juntas Generales, Juan Antonio Zárate, y al diputado general Javier de Andrés. "Ahora están defendiendo la foralidad ante el Gobierno Vasco -con la reforma fiscal en ciernes-, y por eso queremos que hagan lo mismo con este tema", advierte Argote.
En los pueblos, la reforma planteada por el PP ha caído con preocupación, aunque los presidentes de los tres concejos asumen que, con la crisis como telón de fondo, "cada uno está encerrada en sus problemas". "Muy dormidos", según Di Paola. Y eso que la aprobación de la ley tal y como está planteada podría abrir también las puertas a la privatización de un buen número de bienes administrados ahora por los concejos, como puede ser el monte público, o incluso en la pérdida de un patrimonio propio valorado en "millones de euros", desde molinos, ermitas, lavaderos u otros inmuebles. Una "desamortización" en toda regla. Sólo por resaltar un dato, las entidades locales gestionan a día de hoy 145.000 hectáreas de monte público, el 85% del territorio.
Las llamadas competencias impropias, la Educación, la Sanidad y el Bienestar Social, pasarán automáticamente a manos de la CAV de salir adelante la ley, mientras que las propias -saneamiento, mantenimiento y todos los servicios básicos- serían cedidas a la Diputación si en un futuro los concejos no cumplen con unos precios mínimos de coste de cada servicio marcados por el Estado. Una realidad que abriría las puertas a esa privatización. "A diferencia de los políticos, que han tirado el dinero, controlamos hasta el último centavo. Todas las labores las hacemos nosotros", insiste Di Paola. Tanto, que el regidor de Trespuentes reta a cualquier Administración a impulsar una auditoría de las Cuentas anuales de todos los concejos.
Sáez de Arregui añadiría a ésta otra auditoria medioambiental, de la que los concejos saldrían a su juicio "gloriosos". "No hemos vivido así desde anteayer, sino in secula seculorum. Aprobar esta reforma supondría matar a la criatura misma de la foralidad", entiende. "No entiendo que quieran acabar con lo que funciona bien; ¿qué se arregla con esto? El dinero lo inunda todo con esta crisis", reflexiona Alonso.
Argote, que da la vuelta al objetivo de la ley impulsada por Rajoy, cree incluso que los concejos "pueden servir de revulsivo en esta situación en la que parece que todo se va al garete". Una capacidad de "reactivación económica y social" basada, precisamente, en su saber hacer, en el patrimonio que gestionan y en la creciente capacidad de volver a absorber a la gente de las ciudades.
