vitoria. PNV y PSE rozan el pacto. Ambos partidos seguirán negociando este fin de semana con la intención de reunir el lunes a las comisiones políticas de alto nivel para cerrar definitivamente el acuerdo, y para poder escenificar su rúbrica una semana después, el día 16. Aunque todavía no hayan zanjado sus diferencias, los matices que aún los separan no serían en ningún caso insuperables, y ya han podido sellar importantes acuerdos en cuestiones centrales como los planes de reactivación o el papel del Parlamento en fiscalidad. Según ha podido saber este medio, jeltzales y socialistas manejan cifras concretas sobre la recaudación que esperan aflorar con la reforma fiscal, y también han comenzado a perfilar cómo pueden emplearse esos nuevos fondos en la activación de programas contra la crisis. En concreto, han acordado destinar 6.290 millones en tres años, hasta 2016, para poner en marcha planes de reactivación y lucha contra el paro. De ellos, 1.800 se destinarán a habilitar una línea de avales para las empresas.

Los dos partidos han acordado esa dotación en base a un sencillo cálculo. Por un lado, se han propuesto mantener los planes ya existentes, en los que estaba previsto invertir 5.740 millones hasta 2016. 1.870 de esos millones se destinarían a avales y garantías. Por otro, se han fijado como objetivo sumar a los planes de reactivación al menos el 50% de la recaudación extra procedente de la reforma fiscal y la lucha contra el fraude. Es decir, el programa ya existente se reforzaría con al menos el 50% de la recaudación extra que aflorará la reforma fiscal. En ese sentido, calculan que la modificación de los impuestos reportará a las arcas de la CAV 1.500 millones más de los previstos inicialmente en los próximos tres años. Un 70% -1.050 millones- ingresarían en la tesorería del Gobierno vasco. Teniendo en cuenta que el compromiso pasa por destinar al menos la mitad de ese monto a programas contra la crisis, las fuentes consultadas calculan que podrían sumarse cerca de 550 millones a la dotación de 5.740 millones prevista inicialmente. De ahí que el plan plurianual vaya a contar con 6.290 millones. El restante 30% de esa recaudación adicional recalaría en las diputaciones que, a su vez, se quedarían con un 14% y repartirían el otro 16% entre los ayuntamientos.

Hasta adentrarse en la negociación presupuestaria y conocer el techo de gasto de 2014, PNV y PSE no concretarán cuántos millones se dedicarán a los programas que englobe ese pacto general de reactivación. Sin embargo, sí esperan bajar al detalle en ciertas inversiones e infraestructuras comprometidas durante el mandato de Patxi López. Es precisamente ese punto el que se presenta más verde, y donde se concentran la mayor parte de los flecos de la negociación. En cuanto a las políticas públicas, también deberán aguardar a las conversaciones sobre las Cuentas, aunque ya han acordado que, al menos, no se produzca ningún recorte con respecto al proyecto de 2012, vigente este año tras la prórroga presupuestaria.

Sin embargo, para dotar de contenido a esos planes, PNV y PSE han cerrar primero la reforma fiscal. En ese terreno, deben atender tres frentes: concretar los tributos que entrarán en vigor, acordar el papel del Parlamento en su aprobación, y encontrar un tercer aliado para sumar la mayoría suficiente en las Juntas Generales de Araba y Gipuzkoa, ya que es en las instituciones forales donde recae la competencia de aprobar las normas fiscales. Según las fuentes consultadas, el debate sobre el rol de la Cámara vasca "está superado" y ambas partes ya han llegado a un acuerdo tras un esfuerzo de consenso de los dos partidos. El Parlamento podría acordar unos principios generales armonizadores para toda la CAV, pero sin perder de vista que la última palabra la tienen las Juntas Generales, a quienes corresponderá fijar los porcentajes exactos. "No tiene por qué estar en vigor el mismo IRPF en los tres territorios, pero sí debe tener más o menos el mismo espíritu y no variar en exceso", resumen.

En cuanto a los tributos, esperan obtener ingresos extra pero no incrementando la presión fiscal a todos los contribuyentes, sino rascando de las rentas más elevadas, a las que probablemente gravarán en un 49% en su declaración de IRPF. Además, conscientes del quebranto que supone en muchas ocasiones que el tipo nominal del Impuesto de Sociedades -un 28% sobre los beneficios de las grandes empresas, y un 24% para las pymes- acabe reduciéndose a un 5% por la aplicación de ciertas deducciones que no contribuyen a crear empleo, ambos partidos han acordado un tipo fijo que deberán asumir las empresas independientemente de las deducciones que se apliquen. Lo más probable es que supere el 10%, aunque se prevén excepciones para las firmas que inviertan en I+D+i y contratación. También se propone acabar con deducciones superfluas, como los gastos por viajes.

cuentas Las negociaciones han bajado al detalle y ya nadie oculta, ni en público ni en privado, que los contenidos tendrán su reflejo en los Presupuestos del próximo año, lo que podría acercar al PSE a su aprobación, aunque el proyecto de Cuentas requiera una negociación diferenciada y más amplia. En cualquier caso, el compromiso con el plan de reactivación ha allanado el camino, y también podría hacerlo hasta 2016 dado su carácter plurianual. Ese escenario insuflaría estabilidad al Gobierno de Urkullu.

Aun así, el socialismo siguió exhibiendo ayer una posición de fortaleza y máxima exigencia para avisar de que el acuerdo "no es ni será" un pacto de legislatura, ya que el PSE seguirá ejerciendo una oposición "sin concesiones". Su portavoz parlamentario José Antonio Pastor admitió, sin embargo, que la negociación puede generar "un clima más favorable" ante las Cuentas de 2014. El pacto, además, irá más allá y contemplará un calendario para reformar la arquitectura institucional.

l IRPF e Impuesto de Sociedades. En materia de IRPF el acuerdo incide fundamentalmente en las rentas más altas, de manera que la tributación de estas aumentará hasta el 49%. En cuanto al Impuesto de Sociedades, no se subirán los tipos nominales pero se garantizará un tipo mínimo de tributación efectiva, que obligará a que todas la empresas con beneficios paguen impuestos por muchas bonificaciones a la que se acojan. Este tipo mínimo se sitúa entre el 8% y el 9% en el caso de las cooperativas, el 11% para las pymes y el 13% para el resto de empresas.

l Empleo y jóvenes. Se activará un programa de empleo de contratación directa en colaboración con los ayuntamientos con alta tasa de desempleo, dirigido a los parados de larga duración y a los jóvenes sin experiencia laboral. Los ayuntamientos que lo pongan en marcha contarán con subvenciones no reintegrables que cubrirán el 100% del coste de la contratación. Por otra parte, se tomará como base la recomendación del Consejo de la UE sobre Garantía Juvenil, de manera que se podrá en marcha la concesión de becas de internacionalización, programa de primera experiencia, contratos de empresas vascas en el extranjero y programa de capitalización de la prestación de desempleo. También se habilitará un programa extraordinario de apoyo a la economía de proximidad, dirigido al sector terciario, esto es, comercio, turismo y hostelería.

l Emprendimiento y economía real. El acuerdo contempla medidas que tengan como objetivo incentivar la cultura emprendedora, especialmente de los jóvenes, así como potenciar los instrumentos de apoyo a la financiación de las pymes. Otra iniciativa será el establecimiento de un Fondo Euskadi para facilitar capital a nuevas ideas empresariales con capacidad de generar empleo. También habrá un programa de apoyo a empresas viables en dificultades así como la ampliación de los planes renove.

l Inversión e innovación. Contempla el fomento de las inversiones públicas, la innovación tecnológica y empresarial, y el apoyo extraordinario a proyectos empresariales de carácter estratégico. El acuerdo contempla también la puesta en marcha de un Plan interinstitucional territorializado, que se negociará con las diputaciones y que contribuya a la generación de empleo.

l Políticas públicas. Compromiso de mantener los servicios públicos esenciales, esto es, sanidad, educación y ayudas sociales, sin recortes en su prestación, de manera que se repetirá la dotación de los Presupuestos de 2012 ahora prorrogados.