madrid. El escepticismo presidía ayer en la Audiencia Nacional la ejecución de la orden del juez Pablo Ruz de volcar la información de los dos ordenadores que Luis Bárcenas utilizó mientras ejerció como tesorero del PP. La posibilidad de que los equipos hubieran sido manipulados durante su estancia en la sede de la formación en Génova ponía en duda que esta diligencia pudiera arrojar nueva luz sobre la supuesta contabilidad B del partido. Sin embargo, lo acontecido ayer en sede judicial superó todas las expectativas y las partes implicadas coincidieron en calificarlo de "sorprendente". Uno de los ordenadores carecía de disco duro y el otro había sido manipulado y tenía una memoria de otra marca.

Para que no quedara lugar a dudas, el propio PP informó ayer, mediante un escrito remitido a la Audiencia Nacional, de que "destruyó" los discos duros de los dos portátiles el pasado mes de abril. En el acta de clonado de los ordenadores dictada por el secretario judicial se expone que, efectivamente, un PC de la marca Toshiba no tenía disco duro "por haber sido extraído con anterioridad". En el otro, un MacBook de Apple, existen "signos evidentes en los tornillos de sujeción de que el disco duro pudiera haber sido extraído o cambiado con anterioridad". Una vez acabada la diligencia, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, calificó la destrucción de las memorias de "comportamiento irregular". Tras visitar a su cliente en la prisión de Soto del Real, agregó que el extesorero le trasladó que la información que contenían era "extraordinariamente importante".

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, advirtió de que la actuación del PP genera "muchas dudas que tendrían que ser aclaradas para poder valorar si puede existir un delito de encubrimiento y destrucción de pruebas". Agregó que, si bien la Ley de Protección de Datos se refiere a la destrucción de datos personales, "no se entiende que se haya destruido absolutamente todo el disco duro". Por su parte, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán aseguró que esta forma de proceder supone un delito de destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia. Por ello, anunció que han puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos para que estudien si hay motivos para pedir formalmente a la Fiscalía que actúe.

Después de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declarara en la Audiencia Nacional que los ordenadores de Bárcenas seguían custodiados en la sede del partido, el juez Pablo Ruz pidió el pasado día 16 a la formación popular la entrega de los mismos. Justificó esta decisión en que era "necesaria" para los fines de la pieza separada del caso Gürtel que investiga la presunta caja B del PP. El partido liderado por Mariano Rajoy entregó los equipos cuatro días después, y ayer se procedió al volcado de su contenido con la presencia de los abogados personados en la causa. El objetivo de Ruz era comparar, a través de un informe pericial, los archivos de los portátiles con las anotaciones contables que Bárcenas facilitó el 15 de julio en una memoria USB, las cuales serían una copia del contenido original de los ordenadores.

Mientras que el PC ni siquiera tenía disco duro, el de la marca Apple contaba con una memoria diferente de 500 gigas de capacidad, cuya información fue extraída por los expertos informáticos de la policía y será analizada ahora. En su escrito presentado ayer, el PP explica que el disco de este segundo ordenador fue sustituido por el propio Luis Bárcenas, "por lo que el partido no ha tenido a su disposición el citado disco, sino el nuevo que el imputado instaló en octubre de 2012 y que ha sido destruido", al igual que el disco duro del Toshiba, para que lo usara otra persona. La formación popular justifica la decisión de eliminar estos dispositivos en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que obliga a las empresas a formatear o borrar los ordenadores de los empleados cuando éstos abandonan el puesto de trabajo. En su artículo 92.4, la ley señala que cuando un trabajador deja su puesto, los documentos o datos de carácter personal deberán destruirse o borrarse para evitar el acceso a la información contenida en el mismo. Sin embargo, la abogada de la Asociación de Internautas (AI) y experta en protección de datos Ofelia Tejerina afirmó ayer que la Ley de Protección de Datos no solo no obliga a formatear un ordenador cada vez que un empleado se va de una empresa, sino que "impide expresamente borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso".

El PP destruyó los dos discos duros cuando una jueza de Madrid archivó, el pasado 21 de abril, la denuncia presentada el 1 de marzo por Bárcenas contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por un posible delito contra la intimidad y otro de robo por forzar la puerta del despacho que tenía a su disposición en Génova y examinar toda la documentación -parte de la cual argumentaba que era de carácter personal- y los dos ordenadores que permanecían guardados en la denominada sala Andalucía.

Efectivos de la Policía española se personaron en la sede del PP el mismo 1 de marzo para comunicar a Durán la acción judicial emprendida por el extesorero, sin que los agentes practicaran otras diligencias. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó en abril esta denuncia argumentando que los ordenadores estaban en una sala, por lo que "no se trataba de un despacho personal y no se ejerció fuerza alguna para entrar". Fue en ese momento cuando el PP destruyó el contenido de los discos duros de los ordenadores utilizados por Bárcenas para asignárselos a otro trabajador, "una vez adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución".

Un tercer disco El abogado de la acusación particular Gonzalo Boyé valoró el vaciado de la información de los dispositivos portátiles afirmando que "a estas alturas hay pocas cosas que me sorprenden y, evidentemente, esto era algo que se esperaba, porque se debió tomar control sobre esto hace muchos meses y no ahora". En declaraciones a La Sexta, agregó que las explicaciones aportadas por el PP "no tienen mucho sentido" y recordó que "en febrero, pedimos el registro del domicilio de Bárcenas y el juez dijo que era innecesario". "El tiempo está dando la razón a las acusaciones", concluyó.

Por su parte, el abogado del extesorero del PP, Javier Gómez de Liaño, anunció que pedirá la libertad provisional de su cliente "en cuanto se incorpore el juez Ruz" el 9 de septiembre, ya que ahora está de vacaciones. El letrado explicó que Bárcenas reemplazó el disco duro de uno de los ordenadores a finales de 2012 para ampliar su memoria, y aseguró que traspasó la información al nuevo disco que fue destruido por el PP. Tras entrevistarse con el exsenador en prisión, reveló además que el partido tiene en su poder un tercer disco. "Sin poner el acento ni acusar a nadie, allí es donde está el interrogante", afirmó.