vitoria. La decisión adoptada el 4 de mayo de 2012 por el Consejo de Ministros de recuperar el control de las cuencas hidrográficas supuso tan solo un "anticipo", tal y como lo definió entonces la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, de lo que estaba por venir en materia de reestructuración de las competencias del estado de las autonomías. En el año transcurrido desde entonces, este vaticinio se ha cumplido con creces con múltiples ejemplos como la nueva ley de educación o el copago farmacéutico. Esta forma de proceder del Ejecutivo de Mariano Rajoy dio ayer un salto cualitativo con la aprobación, también en Consejo de Ministros, de la ley de unidad de mercado, que pretende uniformizar las diferentes normativas existentes en relación con el comercio y la actividad económica. La reacción del Gobierno vasco fue inmediata y contundente: "pretenden hacer tabla rasa de la distribución competencial autonómica en el ámbito de la economía".
En estos términos se expresó el portavoz del Gabinete de Urkullu y consejero de Justicia, Josu Erkoreka, en una rueda de prensa convocada precisamente para denunciar la "intromisión competencial" del Ejecutivo español en materia de seguridad vial. A preguntas de los periodistas, Erkoreka se refirió también a la nueva norma impulsada desde Madrid para regular la unidad de mercado en el Estado, asegurando que "se pretende, una vez más, servirse del pretexto de la crisis económica para irrumpir en el estado autonómico y hacer tabla rasa de las competencias autonómicas, recentralizando el modelo de distribución competencial en términos inasumibles jurídicamente y rechazables desde el punto de vista político".
Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicaron en rueda de prensa que esta reforma pretende permitir que los distintos operadores económicos apliquen su legislación de origen para actuar en todo el Estado, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales. De este modo, una vez se apruebe el proyecto de ley, las empresas tendrán que pedir una sola licencia, en una comunidad autónoma, y podrán comercializar sus productos al margen del lugar en el que se encuentren. Así se garantizaría, a juicio del Ejecutivo de Rajoy, la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio estatal.
La previsión del Gobierno español es que esta norma podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años -un 0,15% al año, es decir, 1.500 millones de euros-, una vez se reduzca la "maraña administrativa" existente. De Guindos concretó que se han detectado cerca de 6.000 normas contrarias o que incluyen cuestiones que vulneran la unidad de mercado en 28 sectores diferentes. "En España existe una fragmentación de mercado por la regulación que afecta sobre todo a pymes. La nueva norma favorece la actividad empresarial", explicó, al tiempo que puso de manifiesto la voluntad del Gobierno de eliminar la "regulación inútil" que, a su juicio, lastra la competitividad y dificulta la inversión extranjera.
Erkoreka consideró, en cambio, que el proyecto de ley "vulnerará masivamente" las competencias autonómicas relacionadas con la actividad económica y comercial. Tras admitir que "existen regulaciones diferentes entre unas comunidades y otras en materias en las que tienen expresamente atribuidas sus competencias", aseguró que "de ninguna manera suponen obstáculos insalvables para el ejercicio de la actividad económica". Añadió que "ya existe una unidad de mercado, en la medida en que lo permite la Constitución".
Advirtió sobre "lo demagógico de la argumentación que, con frecuencia, se utiliza para justificar este tipo de medidas uniformadoras del régimen económico en el Estado español" e insistió en que "la necesidad de acomodarse a regulaciones diferenciadas no significa que el mercado no sea único". Puso como ejemplo que "probablemente nadie pondrá en cuestión la unidad de mercado en Estados Unidos, un estado federal integrado por diferentes estados, cada uno de ellos con atribuciones en cuestiones que serían inimaginables aquí para las comunidades autónomas".
Por la vía rápida Euskadi no fue la única comunidad en expresar su oposición al proyecto de ley impulsado por el Gobierno español, y así el Ejecutivo catalán aseguró que esta iniciativa "busca la homogeneización de las autonomías y su subordinación a los designios de la Administración General del Estado". El secretario de Empresa y Competitividad del Departamento de Empresa y Ocupación, Pere Torres, denunció en un comunicado que "es un instrumento que modifica radicalmente el sistema de distribución competencial del Estado autonómico vigente y, con la excusa de dinamizar la economía, pretende anular la capacidad legislativa y de ejecución de las comunidades autónomas". Advirtió por último de que "si finalmente supera la tramitación en el Congreso y el Senado, habrá que utilizar todos los instrumentos legales para que no entre en vigor".
Se da la circunstancia de que el proyecto de ley de unidad de mercado, que ha sido tramitado de urgencia, podría llegar a aprobarse definitivamente este mes si el Gobierno español apura los plazos. Fuentes del Grupo Vasco en el Congreso explicaron a DEIA que, de entrar en el orden del día del único pleno que se celebrará este mes, el de los días 16 y 17, esta iniciativa superaría su primer trámite, el debate a la totalidad. La teoría dice que el siguiente paso, la aprobación en las diferentes comisiones, podría solventarse si se convocan grupos de trabajo antes del 31 de julio. "Es una locura, pero ya lo están haciendo por ejemplo con el proyecto de ley de emprendedores, que fue aprobado la semana pasada", agregaron las fuentes consultadas.
