Vitoria. El terremoto nuclear vuelve a agitar el subsuelo alavés. Y de nuevo, de la mano de Garoña, la infinita central nuclear -la más antigua de todas las que siguen operando en el Estado-, que se supone debía cesar su actividad el próximo 6 de julio después de 40 años de actividad y continuas disputas políticas y empresariales. La fecha en cuestión la marcó hace cuatro años el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando prorrogó el permiso de la central hasta estos días para poner fin a una patata caliente dentro del sector energético español.
Eso parecía y eso era, al menos, lo que la Orden Ministerial del 29 de junio de 2012 fijó en sesión parlamentaria. El cierre definitivo de Garoña. Pero de nuevo el poderoso lobby eléctrico, en este caso conformado por las dos compañías propietarias de la central, Iberdrola y Endesa, parece haber doblegado de nuevo al Gobierno, a la oposición, a los movimientos ecologistas y a la propia ciudadanía al remitir un escrito el jueves al Ministerio de Industria donde solicita una prórroga en el plazo de un año -hasta el 7 de julio de 2014- para poder solicitar la renovación de la licencia de explotación de la central, que expira el próximo 6 de julio. Es decir, permiso para seguir manteniendo abierta durante un año la central aunque parada, sin producir electricidad. En Nuclenor consideran que la viabilidad de la actividad es posible más allá de sus cuatro décadas de vida.
La decisión, que hace tiempo ya venía barajándose en algunos mentideros, desencadenó un revuelo político y social del que, por el momento, ni el PP, incluida su versión alavesa, ni Nuclenor, la empresa que explota la central, han querido pronunciarse más allá del contenido de sus respectivas notas.
En el caso de la compañía que explota la planta, solicita la "revocación parcial" de la Orden Ministerial del 29 de junio de 2012 que fijó el cierre definitivo para "mantener abierta la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización vigente", amparándose en la "práctica internacional" que defiende el regulador atómico de Estados Unidos (referencia en este sentido) de extender la explotación de las centrales más allá de los 40 años. Concretamente, recuerda el escrito de la empresa que en este país se han renovado los permisos de explotación de 73 reactores nucleares y se está evaluando la renovación de otros 15 más. Abundando en este sentido, justifica esta misma compañía que centrales de referencia similares a la de Garoña como las de Peach Uottom (en 2003), Dresden 2 y 3 (en 2004), Quad Cities I y 2 (en 2004), Nine Mile Point 1 (en 2006), Monticello (en 2006), Oyster Creek (en 2009) y Vermont Yankec (en 2011) ya han sido renovadas hasta los 60 años, mientras que en el marco de la OCDE, añade, también Reino Unido, Suecia, Finlandia y "otros" ha extendido ya sus autorizaciones por periodos de 10 y 20 años, hasta los 50 ó 60 años de operación. Argumentos tangibles para esgrimir que incluso el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la solicitud de renovación de la autorización de explotación de Garoña para el periodo 2009 a 2019 "consideraba que las centrales nucleares podían seguir operando en condiciones de seguridad una vez pasados 40 años".
Consejo de seguridad nuclear
Su informe deberá estar el 1-J
La valoración pública del Gobierno, en boca ayer de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no resultó ni mucho menos tan convincente. La portavoz del PP únicamente se remitió al futuro informe del CSN antes de emitir ningún otro juicio. "Lo que hay que hacer es seguir el procedimiento y la primera regla es pedir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear para que cualquier actuación lo sea con todas las garantías", zanjó la portavoz. Dicho informe deberá acreditar antes del próximo 1 de junio que Nuclenor puede solicitar una renovación de la autorización de explotación por un año, en el que se mantendrá sin operar a potencia. Por su parte, sus compañeros en Álava, Javier de Andrés en la Diputación, y Javier Maroto en el Ayuntamiento -salvo por sus cuenta de Twitter, donde solicitó el cierre de la planta atómica-, no quisieron valorar públicamente la decisión de la compañía eléctrica, a pesar de haberse mostrado en numerosas ocasiones partidarios del cierre de la controvertida central nuclear.
Como era previsible, la catarata de reacciones políticas y sociales no se hizo esperar en Álava, que salvo por la ambigüedad del PP, gritó de forma unánime no a la continuidad de la obsoleta central, situada a escasos 50 kilómetros de Vitoria. Colectivos de ecologistas como Araba sin Garoña, Ecologistas en Acción o Greenpeace lamentaron la noticia e intenciones de Nuclenor, al tiempo que exigieron al Gobierno el "cierre inmediato" de una central que "está jugando a la ruleta rusa con la seguridad y las vidas de la gente", advirtió un portavoz de Araba sin Garoña. Según este mismo colectivo, el pulso al Gobierno por parte del lobby eléctrico resulta descabellado y peligroso, en cuanto que la empresa no sólo no ha cumplido con las exigencias técnicas relativas a la inversión en materia de seguridad impuestas por el CSN, sino que también ha hecho caso omiso de las pruebas de esfuerzo requeridas por la Unión Europea tras la catástrofe de la central japonesa de Fukushima, "hermana de Garoña", recuerdan en esta asociación.
Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, consideró que el cierre es "irrevocable" por razones técnicas, políticas y jurídicas, mientras Salvia y Greenpeace calificaron de "desfachatez", "burla al estado de derecho" y "surrealista prevaricación" la decisión de Nuclenor de pedir dicha prórroga para mantenerse abierta durante un año más sin producir electricidad. "La petición se realiza a destiempo y pasados los plazos legales para pedir la prórroga en tiempo y forma, así que es del todo punto imposible que se prorrogue la orden", concluyó.
