GASTEIZ. Erkoreka ha respondido así a una pregunta sobre este asunto de la parlamentaria del PNV, Amaia Romarate, en el pleno de control que se celebra hoy en el Parlamento Vasco .
El también portavoz del Ejecutivo ha explicado el papel que desarrollarán cada una de las partes firmantes del convenio para actuar antes de que se produzca el lanzamiento de una vivienda.
Así, los servicios sociales de base se centrarán en detectar y atender los casos de especial vulneración o situación de desamparo al tratarse del organismo "idóneo" para hacerlo, ya que es el "nivel más cercano al ciudadano".
Sin embargo, en los casos en los que los afectados no han solicitado ayuda por "efecto de la estigmatización social de la pobreza", será el poder judicial que tramite esa ejecución hipotecaria quien dé la voz de alarma a los servicios sociales para que éstos pueden actuar.
Erkoreka ha reconocido que este protocolo, que también contempla la posibilidad de que el Gobierno vasco ponga a disposición de las personas en desamparo una vivienda, no soluciona el problema porque la legislación hipotecaria compete en exclusiva a las Cortes Generales.
No obstante, éstas "no parecen dispuestas a atajar el problema" porque el Gobierno con mayoría absoluta del PP "hace oídos sordos" a la demanda ciudadana en este sentido.
Por ello, "a falta de medidas legislativas, se imponen las paliativas" para atender a "seres humanos desvalidos", ha subrayado el portavoz.
