MADRID. La impugnación del Gobierno central implica la suspensión temporal de dicho acuerdo durante cinco meses en tanto no decida el alto tribunal sobre el fondo del asunto. La Constitución obliga al TC a que, al admitir a trámite el recurso, adopte también la suspensión temporal.
Será la primera vez en democracia que el TC suspende un acuerdo de un parlamento autonómico, pues aunque el precedente más cercano es lo sucedido con el Plan Ibarretxe, la situación no es la misma. Así, las fuentes jurídicas consultadas por Efe no coinciden en interpretar cuál podría ser el efecto práctico de la suspensión.
