Madrid. El magistrado José Castro, que investiga el caso Nóos, solicitó ayer en un auto hasta 36 nuevas citaciones en Madrid y Barcelona, reclamando a los antiguos administradores del Instituto copia de las actas de las asambleas de los años 2003, 2004 y 2006, donde se incluya una precisa descripción de los asistentes y el lugar de celebración. Aunque no cita directamente a la infanta Cristina de Borbón, el juez quiere contrastar si a las juntas que realizó el Instituto asistió la esposa de Iñaki Urdangarin. Esta es una de las cuestiones que preguntó en los interrogatorios y, entre ellos, el que hizo al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que la pasada semana acompañó a Cristina a la clínica donde se hallaba hospitalizado el rey Juan Carlos. Castro accede de esta manera a la petición del pseudosindicato Manos Limpias de reclamar nuevos documentos que podrían complicar el futuro procesal de la hija del monarca. José Manuel Romero, conde de Fontao y asesor jurídico de la Casa del Rey, y el político del Partido Popular Esteban González Pons también deberán declarar como testigos.
Mientras tanto, Iñaki Urdangarin ha pedido que los correos electrónicos aportados por su exsocio Diego Torres no sean considerados como prueba. El antiguo socio del duque de Palma entregó en el juzgado dos centenares de e-mails, muchos de ellos escritos supuestamente por el marido de la infanta, en los que se sugiere que Casa Real, bien a través de Revenga, de la propia infanta o del rey español, conoció, amparó y favoreció los negocios del que fuera exjugador de balonmano. En los correos se detalla asimismo cómo Urdangarin continuó haciendo negocios con Torres después de que Juan Carlos de Borbón le ordenara supuestamente desvincularse del Instituto Nóos al conocer sus relaciones con Administraciones públicas.
A pesar de que Urdangarin y Cristina dimitieron de sus responsabilidades en la junta directiva en marzo de 2006, los trabajos con Torres prosiguieron en 2007 hasta el extremo de que algunos correos, del duque de Palma a su exsocio, explicaban las gestiones que al parecer hacía su suegro para lograr patrocinios o favorecer proyectos puestos en marcha por Urdangarin. Eso sí, éste defendió en sus dos declaraciones en los juzgados que ni Casa Real amparaba sus actividades ni la infanta Cristina tenía relación con ellas.
los dos interrogatorios Así, en la primera declaración de Urdangarin ante el juez, el yerno del rey desvinculó de los negocios de Nóos a su mujer y a García Revenga, ahora imputado. El fiscal se opuso entonces a la imputación de la infanta porque consideró que la toma de decisiones en Nóos se hacía por un comité de dirección del que no formaba parte; ni tampoco ocupó ningún cargo ejecutivo en la empresa Aizoon, de la que es copropietaria con su marido al 50% y que supuestamente sirvió para desviar el dinero conseguido de los contratos públicos. La diferencia es que, en el segundo interrogatorio, el juez ya contaba con los correos de Torres. Con ellos, éste pretendía demostrar que Cristina conocía los negocios de su esposo y colaboraba en ellos. Y que en esa tarea le ayudaba la Casa Real.
El juez Castro preguntó a Urdangarin "qué funciones tenía doña Cristina de Borbón en esa junta directiva (de Nóos)?". Y el yerno del rey respondió: "Ninguna. Era una persona de confianza mía, simplemente eso. Con la voluntad máxima de dar una transparencia y una normalidad a las cosas". Cuando el magistrado le planteó entonces que para dar transparencia no era necesaria la presencia en la junta de la hija del monarca español, Urdangarin dijo que "tuvimos, cómo decirlo, que cubrir esos asientos". Y agregó que Cristina daba "transparencia, comodidad y formalismo". El juez le preguntó si trató de "crear un área de influencias" para sus negocios al incluir a su esposa y a García Revenga en la junta del instituto. "Y si no hacía nada, ¿para qué estaba allí?", le inquirió. Pero el duque de Palma zanjó así el tema: "Le repito, señoría, yo siempre he pensado que hacían falta cinco personas para formalizar esa junta... Nada más".
Por su parte, José Manuel Romero, conde de Fontao, y Esteban González Pons declararán como testigos por el caso Nóos en Madrid el próximo 18 de marzo. El asesor jurídico del rey acompañó a Urdangarin al despacho Bergós, de Barcelona, para sustituirlo como presidente al frente de la Fundación Areté, la segunda que montó junto a Torres tras las primeras críticas a sus negocios con el Instituto Nóos. Esta segunda entidad duró apenas unos meses y traspasó sus activos a la Fundación Cultura, Deporte e Intearación Social, utilizada para la evasión de capitales, según la investigación. González Pons, en su etapa de vicepresidente de la Comunidad Valenciana, firmó el contrato de los fallidos juegos europeos con Nóos por valor de 6 millones de euros; y aunque no se celebraron, se pagaron 380.000 euros.
