La presión popular obliga al PP a rectificar y tramitar la iniciativa contra los desahucios

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso explicó que tras reunirse con el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, y los servicios jurídicos de la misma, le ofrecieron una alternativa para realizar una tramitación "ágil" de la iniciativa popular. Según señaló Alonso, la propuesta tanto de Posada como de los servicios jurídicos había "disipado" todas las dudas que albergaba su grupo sobre el procedimiento, por lo que entendieron que se daban las circunstancias para que quienes habían trabajado en la ILP "vean reconocido su esfuerzo" con su voto favorable. Asimismo, fuentes populares descartaron que el suicidio de una pareja de ancianos en Baleares tuviera alguna relación con su cambio en el voto y señalaron que sus argumentos se fundamentaban en cuestiones de procedimiento.

Las reacciones llegaron de la mano de la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien se congratuló de que "el PP haya rectificado finalmente". Barkos afirmó que "no podemos dar la espalda a una realidad que nos toca gestionar en términos legislativos". Además, añadió que "debemos analizar las propuestas que nos hacen a través de esta iniciativa y, desde luego, obligarnos a buscar nuevas fórmulas, nuevas herramientas legislativas para hacer frente a este grave problema".

Fuentes socialistas mostraron a su satisfacción por el cambio de actitud del PP, que consideraron que era consecuencia de la presión que había ejercido el resto de grupos y la movilización ciudadana.

"Hoy -por ayer- ha habido una clara victoria de la movilización, ha ganado la democracia clarísimamente. Hemos demostrado que sí se puede", afirmó Ada Colau, portavoz de la PAH. "Estamos realmente satisfechos de ver que la movilización sirve, que estamos consiguiendo cosas. Pero esto es solo una batalla. Ahora queda lo más importante: defender que no haya ningún tipo de reducción, que no se pervierta, que no se descafeíne la iniciativa, que se respete su espíritu", añadió, exigiendo que se incluyan sus tres peticiones en la ley porque "son irrenunciables".

efecto de la presión social Uno de los activistas de la PAH que fueron desalojados de la tribuna de invitados del Congreso fue detenido por la Policía Nacional. Al término del debate de la ILP, los agentes se llevaron a uno de los activistas a comisaría. Los miembros de la PAH fueron expulsados de la Cámara Baja por gritar "sí se puede, sí se puede", tras conocer la decisión del PP.

Sin embargo, una primera comparecencia de Alonso parecía poner fin al trabajo de la PAH ya que mantenía la respuesta negativa de su grupo para acceder al trámite parlamentario. Hasta la dos la tarde de ayer, incluso después de su encuentro con la portavoz de la PAH, Ada Colau, el Grupo Popular mantenía su intención de votar en contra de la tramitación de la iniciativa. Ya entonces Alonso anunciaba que, como reconocimiento al movimiento ciudadano que la ha hecho posible, el PP se comprometía a bautizar con el nombre de la ILP la ley que en esta materia ha impulsado el Gobierno.

Antes de conocer que el partido gobernante cambiaría de opinión, Colau afirmó que "sería inconcebible que no se admita a trámite, que no se acepte debatir el gran esfuerzo de la ciudadanía. ¿Para qué sirven si no las ILP? Si cumplimos con la ley, recogimos casi el triple de las que exige la ley y, a pesar de eso, el Congreso no acepta debatirlo tendremos un grave problema de democracia".

A lo largo de la jornada, los populares fueron testigos de cómo los representantes del arco parlamentario habían intentado que cambiaran de opinión. De esta manera, Soraya Rodríguez, portavoz socialista, aseguró que su grupo pedía que quienes han perdido su vivienda y "hoy están en la calle" puedan tener un nuevo juicio, una "segunda oportunidad" ante el juez, que pueda eximirles del pago de la deuda hipotecaria pendiente por su nueva situación.

Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, defendió que su grupo continuaría presentando "alternativas reales" para solucionar el drama que afecta a miles de familias. "Vamos a combatir esa actitud absolutamente injusta e insensible y lo haremos con propuestas", concluyó Coscubiela, antes de conocer el cambio de opinión del PP.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca no ha estado sola en su camino de llegar al Congreso. El Consejo General de la Abogacía expresó su "total apoyo" hacia fórmulas que favorezcan la dación en pago, la demora de todos los lanzamientos o desahucios, y el favorecimiento del alquiler social. "El respaldo legislativo a estas iniciativas permitiría encauzar un mayor número de acuerdos entre ciudadanos y bancos, en los que tendrán mayor cabida las renegociaciones de las deudas y de las condiciones contractuales pactadas en su día", añadió.

tribunal de justicia europea Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminará el próximo 14 de marzo sobre si la legislación española vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores. Un fallo condenatorio obligaría al Gobierno de Rajoy a cambiarla.

La sentencia del Tribunal de Justicia responderá a una cuestión presentada por un juzgado de Barcelona en la que se forzó a un ciudadano a abandonar su vivienda por el impago de la hipoteca. El afectado solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento de ejecución hipotecaria sea nulo.

La abogada general del Tribunal ya falló en noviembre que la norma española no se ajustaba a la europea. Explicó que no garantiza una protección suficiente a los clientes frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. La normativa europea exige que "el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa". Pero la ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe dirimirse en otro juicio, una vez ejecutada la expulsión.