La aparición de hipotéticos compradores de Garoña enturbia su posible cierre en 2013

En concreto, en los mentideros económicos de la capital del Estado empieza a sonar con demasiada insistencia el rumor de la existencia de interesados en hacerse con la propiedad de la planta y que, según indican, estarían dispuestos a enfrentarse a las inversiones necesarias para adquirir Garoña y para mantener la operatividad del recinto hasta que la legislación en vigor lo permita.

Esos rumores han surgido y tomado fuerza a lo largo de las últimas semanas, justo desde que Nuclenor -participada al 50% por las multinacionales eléctricas Iberdrola y Endesa- decidiera dejar pasar el plazo en el que se la facultaba a solicitar la continuidad de la vida útil de la central más allá de julio de 2013, fecha tope decretada por el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero-. Con aquella postura, al parecer, sustentada en la inseguridad de la compañía ante la nueva regulación impositiva para el sector eléctrico que prepara el actual Ejecutivo central (PP), la propietaria daba el primer paso para cesar la explotación de Garoña. Tras aquello, llegó otro paso a primeros de octubre, cuando Nuclenor decidió no recurrir administrativamente la decisión del Gobierno central de no prorrogar en dos meses el periodo habilitado para solicitar la continuidad de la planta. Aquello determinó, entre otras consideraciones, que el Consejo de Seguridad Nuclear -que es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en España- remitiese a la central nuclear la orden para elaborar el protocolo de cierre controlado de la planta, que deberá remitirlo a Madrid el 6 de noviembre como muy tarde.

Sea como fuere, al mismo tiempo que la estrategia de Nuclenor los medios especializados se hicieron eco del presunto interés de la patronal de las industrias del metal en comprar Garoña. ¿Su intención? En principio, sencilla. La adquisición obedecería a la necesidad de obtener energía barata, ya que este sector económico es un gran consumidor de electricidad. En principio, la llamada Confemetal (Confederación de Organizaciones Empresariales del Metal) estimaría la opción de pujar en el caso de que la planta se vendiese o saliese a subasta, circunstancias ambas posibles, ya que en el caso de un hipotético cese de la producción, la infraestructura se convertiría en un activo al que se le podría sacar rendimiento. Al menos, más que si se mantuviera cerrada.

Casos precedentes La citada patronal fundamentaría sus cálculos en un matiz importante. Pese a ser conocida como la central de las mil grietas en ámbitos medioambientales -por aquello de los problemas que ha dado a lo largo de su vida-, su cierre no obedece a ningún problema de seguridad, al menos, no oficialmente. Antes al contrario, en las actuales condiciones, Garoña pondrá el punto y final por una cuestión meramente administrativa.

Dadas las circunstancias, la idea de las empresas del metal no es descabellada. Incluso, tiene precedentes en Finlandia, donde se habría producido una operación de las características de la aquí relatada y que consistiría en la adquisición del complejo con la intención de seguir produciendo electricidad que, a su vez, sería vendida en los mercados, donde la comprarían las empresas del metal -unas 100.000 afiliadas a la organización-. Al respecto, y según recoge la Agencia Efe, la sociedad que gestionaría la nuclear, propiedad de las industrias, suscribiría contratos bilaterales de venta de la electricidad con éstas a precios mucho más bajos que los del mercado.

Ahondando sobre el particular, cabe recordar que fue el propio Gobierno central del PP el que abrió las puertas a la continuidad de la planta, al menos, hasta 2019. De ahí que si Nuclenor decide abandonar el mercado -bien por estrategia económica, bien como juego de naipes en una partida en la que Iberdrola y Endesa tratarían de enmendar la intención impositiva del Gabinete Rajoy para con la industria nuclear-, sería factible que otro operador tomara las riendas de Garoña y solicitara seguir produciendo en ella. Incluso, hay portavoces que van más allá y que sugieren que los hipotéticos compradores podrían, incluso, tratar de forzar al Ejecutivo a extender la vida útil de Garoña hasta los 60 años -en 2009 cumplió 40-.

Sea como fuere, en este mar de rumores e intenciones veladas, junto a la oferta de Confemetal habría una segunda, que también vería con buenos ojos adquirir Garoña. Se trataría de un grupo de inversores del propio sector eléctrico, que querrían hacerse con la titularidad de la planta para venderla a la red.

Sin embargo, cualquier consideración al respecto, de momento, es un brindis al sol. No por nada, sino porque aún restan fechas para comprobar si la postura de Nuclenor puede revertirse, o camuflarse, que en materia eléctrica, y en este país, todo es posible, incluida una marcha atrás legislativa maquillada de los tonos más diversos. En concreto, distintas fuentes del sector estiman la posibilidad de que la actual propietaria esté aprovechando la intención del Gobierno central de gravar la producción de energía para asegurar mejor sus intereses y obrar en consecuencia para que futuros impuestos no perjudiquen el margen de una planta que, entre otras cosas, es la más amortizada del parque nuclear del Estado.

Discurso del PP en Castilla Sea de una manera o de otra, lo cierto es que los discursos políticos de gobernantes del PP -formación que gestiona el Gobierno central y, por ende, la decisión de la apertura de las opciones para una eventual continuidad de Garoña- , aún mantienen la tesis de que la infraestructura atómica puede seguir en funcionamiento más allá de 2013. Al respecto, Cristina Ayala, procuradora burgalesa del PP en las Cortes castellanas, indicó esta misma semana que "todavía tenemos esperanza en que no se cierre".