Los ajustes presupuestarios están llevando a las administraciones autonómicas a deshacer el camino de expansión emprendido en los 90, reduciendo a la mínima expresión el número de fundaciones y empresas públicas, lo que implica en la mayoría de los casos el despido de trabajadores. Pese a que el punto de partida de unas autonomías y otras son diferentes, casi todas se han subido a la ola de redimensionar lo público para cumplir con el compromiso de reducción del déficit y atender así el mandato de la UE y las recomendaciones del Ministerio de Hacienda.

ANDALUCÍA

Adiós a 111 empresas públicas

Andalucía está terminando de aplicar el plan emprendido en 2010 para mermar su sector público, un proyecto que afecta a más del 40% de dicho sector y que permitirá eliminar 111 entes y modificar la personalidad jurídica de otros 16. Supondrá un ahorro de 115 millones hasta 2013. El proceso ha afectado de algún modo a unos 24.000 trabajadores, y por ahora el Gobierno andaluz descarta una nueva remodelación.

ARAGÓN

El 70% de las firmas en venta

Casi imposible será reconocer el sector público aragonés después del plan del Ejecutivo autonómico para modificar el 70% de las 103 empresas en las que el Gobierno regional tiene participación. De momento, diez empresas han sido liquidadas, cuatro se han fusionado en dos, cinco se han agrupado en una misma gerencia y otras han pasado a manos de los socios promotores, lo que hasta ahora ha supuesto un ahorro cercano al millón de euros.

ASTURIAS

Empieza el camino

El Ejecutivo de Asturias prevé suprimir el Instituto Asturiano de Estadística y el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones y unificará fundaciones como las dedicadas al fomento de la investigación. También rebajará de forma "muy significativa" el presupuesto de la radio y televisión autonómicas y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, y venderá sus participaciones en sociedades hoteleras y en la constructora SEDES, en donde ha presentado un ERE.

BALEARES

De 180 a 75 empresas públicas

En Baleares, el Gobierno regional inició hace meses una auditoría técnica para reorganizar las plazas de funcionarios y personal laboral de la comunidad. El presidente balear, José Ramón Bauzá, asegura que a final de año quedarán solo 75 de las 180 empresas públicas que heredó cuando llegó al poder. Las arcas públicas se ahorrarán así 178 millones.

CANARIAS

Con menos trabajadores

Canarias tiene este año 1.370 trabajadores menos que el anterior y, pese a que ya ha "adaptado" su sector público a los tiempos de penurias, su presidente, Paulino Rivero, pronostica que en 2013 tendrá que tomar decisiones "muy duras" para cumplir con los objetivos de déficit. Por el momento, su Ejecutivo ha presentado ERE en empresas públicas como Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) y la sociedad de Gestión Medioambiental (Gesplan). También ha habido despidos en la empresa privada que gestiona los informativos de la Televisión Canaria.

CANTABRIA

Pocas empresas, ahora menos

Quedan dos meses para que finalice el plazo que se dio Cantabria para reducir de 45 a 23 sus empresas públicas, y los datos hasta junio demuestran que se ha conseguido un ahorro de 28 millones de euros.

CASTILLA-LA MANCHA

La reivindicación de la tijera

Castilla-La Mancha es, junto con Valencia, la autonomía que más está ajustando su sector público y ya ha rebajado de 25 a 4 sus empresas públicas y espera quedarse con 38 de los 86 entes con que contaba a inicios de legislatura. Ha dejado sin empleo a cerca de 5.000 interinos. Además, ha prescindido del Consejo Económico y Social y de la Oficina del Gobierno en Bruselas.

CASTILLA Y LEÓN

Sólo cuatro empresas

Castilla y León es una de las comunidades con menos entidades públicas, pero pese a ello el proyecto de Presupuestos para 2013 reduce de seis a cuatro las empresas -que manejarán este año la mitad del dinero-, y de trece a nueve las fundaciones.

CATALUÑA

Pionera en los "recortes"

Cataluña fue pionera en el adelgazamiento de su sector público, una tarea que el gobierno de CIU comenzó en 2010 con la aprobación de un decreto para suprimir y fusionar organismos, un proceso que se ha acelerado este año pero del que no se han ofrecido datos sobre número de empresas ni empleados afectados. En cualquier caso, la Generalitat ha rebajado el salario a sus empleados en dos ocasiones, les ha quitado varios complementos, y ha restringido al mínimo imprescindible cualquier cobertura de un puesto de trabajo por jubilación o baja. Además, estudia fórmulas para garantizar la viabilidad económica de TV3, cuya plantilla teme recortes después del 25-N.

COMUNIDAD VALENCIANA

Prepara 3.000 despidos

Alrededor de 3.000 empleados de la administración valenciana van a perder su trabajo en los próximos meses como consecuencia de la reestructuración del sector público empresarial y fundacional con el que se pretende prescindir del 40% de la plantilla y ahorrar alrededor de 300 millones de euros. Pese a que habrá 46 entidades menos que al inicio de legislatura, el Ejecutivo de Alberto Fabra mantendrá 30 entidades y gastará entre 85 y 100 millones de euros en los expedientes de regulación de empleo, cantidad similar al ahorro estimado en gastos de personal. El PP valenciano está convencido de que otras comunidades seguirán su "ejemplo".

EXTREMADURA

¿Por dónde empezamos?

El Ejecutivo extremeño está pendiente de obtener los resultados de un informe que le permitirá impulsar un plan de racionalización y reestructuración de sus 36 entidades públicas. Por el momento, únicamente ha autorizado la fusión de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

GALICIA

Cómo mantener el empleo

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, presume de tener sus cuentas saneadas y descarta para Galicia la "necesidad" de hacer ajustes tan severos como los de otras autonomías. Para esta legislatura, ha trasladado un "mensaje de fijeza laboral" tanto a funcionarios como a contratados laborales, y asegura que la Xunta intentará mantener en ésta a sus empleados "con carácter general".

MADRID

Ya ha recortado 1.100 millones

La Comunidad de Madrid lleva reduciendo el sector público desde 2008 y ya ha eliminado 24 empresas -un tercio de las existentes- y 83 órganos consultivos, consorcios y fundaciones, un 42% de los que hay, además de prescindir del Defensor del Menor. Ignacio González anunció en su estreno como presidente la supresión del Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos y la de promoción internacional de la economía madrileña, Promomadrid. Estas medidas han permitido ahorrar 1.100 millones.

MURCIA

Despide al defensor del pueblo

Ramón Luis Valcárcel ha emprendido con paso firme el camino de reducción del sector público. Ha extinguido figuras como la del Defensor del Pueblo, ha privatizado la gestión de la televisión y ha eliminado la Entidad Pública del Transporte. Varias direcciones generales y entes públicos se han suprimido e integrado en otros mayores, como es el caso de la recaudación de impuestos y la gestión cultural.

NAVARRA

170 directivos menos

La reestructuración del sector público navarro permitirá pasar de 39 a 14 empresas públicas para ahorrar 28 millones de euros al año. Aún no se ha concretado la incidencia en las plantillas, pero los consejos de administración de las sociedades estarán formados por 170 personas menos. El ahorro vendrá de la reducción de empresas, altos cargos y consejeros, así como de gastos en seguros, viajes y suministros.

País Vasco

A la espera de qué pasa

El Gobierno saliente de Patxi López no planteó un tijeretazo a las empresas públicas, pero su Ejecutivo está en funciones. Queda en el aire hasta la constitución del nuevo Gobierno si Euskadi también aplica recortes en su sector público.

la rioja

Un ahorro de 4,3 millones

Pedro Sanz pretende ahorrar 4,3 millones de euros con las medidas anunciadas en julio para eliminar entes públicos. Por el momento se ha dejado sin actividad al Consejo Económico y Social y al Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud, y se han eliminado los servicios autonómicos de empleo, de juventud, y dos sociedades de conocimiento y tecnología y de inspección agroalimentaria.