Vitoria. Lejos de disiparse, la tensión interna que padece la Policía Municipal de Vitoria corre serios riesgos de enquistarse. No en vano, tal y como ha podido conocer este diario de fuentes del citado cuerpo, la confrontación entre la dirección política de la Guardia Urbana, en manos de la edil popular MarianCastellanos, y la representación sindical de buena parte de los agentes, va camino de provocar una ruptura sin precedentes en el seno de la Policía. Hasta tal punto ha llegado el grado de desacuerdo que éste tendrá que ser dirimido en los tribunales. Al respecto, ErNE, Sindicato Independiente de la Policía Vasca, tiene la intención de presentar esta misma semana una demanda ante la Justicia al considerar que desde el Ayuntamiento se impide el desarrollo de los derechos sindicales y de representación de la central y de sus afiliados, que llegarían al 20% de los números y mandos entre los municipales. En definitiva, se acusa al Consistorio gasteiztarra por negarles reiteradamente la acreditación de una sección sindical propia en el cuerpo. Sin embargo, desde el Ejecutivo local se esgrime su determinación al considerar que la central no tiene derecho a representación.

La denuncia en cuestión, tal y como ha podido constatar este diario, no es más que el paso natural de una situación compleja, en la que la representatividad laboral de los agentes se encuentra en el quid de la cuestión. No en vano, desde el citado sindicato profesional denuncian que los gestores de la Policía Municipal traban su actuación desde que comenzó la presente legislatura en la que el Gabinete de Javier Maroto gobierna el Consistorio gracias a una minoría mayoritaria. Incluso, es evidente que existe un veto manifiesto que impide la presencia de la central en la llamada Mesa deAguirrelanda (de carácter semanal), que es el foro en el que se discuten los problemas específicos de la Guardia Urbana dentro del Consistorio. En la misma línea, las denuncias de ErNE encontrarían refrendo en situaciones livianas, pero muy significativas, como que la central sería la única con representados en el cuerpo que no tendría tablón sindical en las instalaciones de Aguirrelanda, cuando otras centrales como Afavi, que no se presentó a las últimas elecciones sindicales de 2010, tienen tal infraestructura informativa, o como UGT, que no habría sacado representante, pero que sí que dispone de un espacio para comunicarse con los agentes en el interior de la comisaría.

Lógicamente, la postura del Gobierno local se antoja radicalmente diferente. No en vano, MarianCastellanos ha reafirmado su postura cada vez que ha sido interpelada al respecto. A su juicio, las quejas de ErNE no tendrían sentido. ¿Por qué? En principio, para ella la respuesta es sencilla. De hecho ha llegado a declarar que las quejas de la central son fruto de su “desconocimiento” de la realidad de la Guardia Urbana, ya que “este sindicato no cuenta con representación en el Ayuntamiento”.

Atendiendo a esta razón, no cabría ninguna duda sobre el particular. Ahora bien, ErNE sí que se presentó a los pasados comicios y logró un buen número de votos gracias a una candidatura conjunta con otra central profesional, SIPLA. El compromiso de ambos logró dos representantes, en principio, uno por central. Sin embargo, este pacto se habría roto de manera unilateral por parte de SIPLA. Al respecto, fuentes de ErNE consideran que “con tener un sólo afiliado dentro de la plantilla existe la obligación legal de acreditar la sección sindical y ErNE no sólo cuenta con uno, sino con el 20% de los agentes que están afiliados a sindicatos en la Policía Local de Vitoria. De hecho, la afiliación real del cuerpo se reparte entre SIPLA y ERNE, por delante de ELA y CCOO”.

Sea como fuere, este intercambio de pareceres no es el único de similar índole que se ha tenido que sustanciar en los tribunales. La jurisprudencia al respecto da la razón a la central, que habría ganado juicios similares a otros consistorios vascos. Por ejemplo, en Donostia, en 2004, no sólo se les reconoció su derecho a contar con los medios necesarios para trabajar como central independiente dentro de las dependencias municipales, sino que la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital guipuzcoana incluso les llegó a reconocer las horas sindicales acumuladas durante dos años a sus cinco representantes. En Bilbao, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 también reconoció en 2011 la legitimidad del sindicato para efectuar resoluciones y obligó al Ayuntamiento a facilitar las documentaciones que solicitaba y se le negaban.

Estas palabras y estos hechos desvelan un punto de no retorno que encontrará respuesta a través de una sentencia en un juzgado gasteiztarra. No obstante, hasta que eso ocurra, el conflicto sumará encontronazos a un listado que data, curiosamente, de cuando el actual Ejecutivo local decidió desmantelar una unidad policial, conocida como UOS (Unidad Operativa de Seguridad), obra del anterior edil de Seguridad Ciudadana, el socialista José Manuel Bully, que, además de por su filiación política, destacaba por su antagonismo con la actual concejal responsable de los municipales.

El caso es que aquella reestructuración del cuerpo dio al traste con una unidad de elite que, objetivamente, había dado buenos resultados en sus dos años de vida y que había cosechado, incluso, los halagos del actual alcalde, Javier Maroto (PP). Aquello provocó una quiebra en el seno de Aguirrelanda. De un lado, quedaron CCOO, SIPLA yELA. Curiosamente, los portavoces de estas centrales vieron con buenos ojos y apoyaron la creación desde cero de una nueva unidad. Es decir, barrer con lo ya establecido y crear otra unidad a imagen y semejanza de las posturas de Castellanos, que ha funcionado bajo las siglas GPA. Frente a ellos, quedó ErNE, que pronto se quedó sin voz ni voto, dejando atrás otros tiempos en los que contaba para reuniones y para participar en la citada Mesa de Aguirrelanda. Por ello, desde ErNE se considera que se les ha apartado de forma intencionada del día a día de Aguirrelanda.

“Empatía nula”. Así definen portavoces de ErNE su relación con los gestores de la Policía Municipal. Aún y todo, “seremos críticos y lo seguiremos siendo. Somos incómodos, ya que actuamos de forma independiente”, señalan, no sin antes defender su actuación, específica en el ámbito policial de la CAV. “Si de algo sabemos es de modelos policiales. Pero no se hace casos a las propuestas, por ejemplo, sobre la segunda actividad -aprobada en el pasado Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico para la Ertzaintza- o el asunto de la jubilación. En otros foros, se llega a acuerdos. Aquí es imposible”, explican. “Dejaron de contar con nosotros, así que de cara a las próximas elecciones tenemos claro que acudiremos en solitario”, señalan.