Donostia. Tras poco más de dos horas de reunión que acababan con mes y medio de polémica, cuatro de los cinco magistrados que componen la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificaron la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, de conceder la libertad condicional a Josu Uribetxebarria por "razones humanitarias y de dignidad personal". Desestimaron así la oposición que la Fiscalía ha mostrado, primero ante Castro y después ante la sección primera, a que el recluso, ingresado en el Hospital Donostia por un cáncer irreversible con metástasis, pudiera ser excarcelado bajo determinadas condiciones.
La primera consecuencia de la decisión es que Uribetxebarria será trasladado del módulo penitenciario del centro hospitalario, escoltado por una patrulla de la Ertzaintza, a una habitación de planta. En ella permanecerá mientras reciba tratamiento médico y el equipo que le trata no le dé el alta, según confirmaron fuentes de Herrira a este diario. La misma plataforma había dado a conocer el martes el "delicadísimo estado de salud" del preso, que pesaba 47 kilos y no podía levantarse de la cama.
En el momento en el que abandone el centro hospitalario, Uribetxebarria condenado en 1998 por secuestrar a José Antonio Ortega Lara, deberá atenerse a las restricciones impuestas por Castro el 30 de agosto. Entre estas se encuentran no tomar parte en actos políticos, permanecer en la residencia que haya comunicado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, comunicar cualquier cambio de su estado de salud y permanecer lejos de sus víctimas y los familiares de estas.
Oposición de la Fiscalía Una vez se supo el martes que el pleno de la Sala de lo Penal rechazaba hacerse cargo del caso Uribetxebarria y lo dejaba en manos de su sección primera, era turno de los magistrados Fernando Grande-Marlaska (presidente), Alfonso Guevara, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Nicolás Poveda (que anunció un voto particular).
Por mandato del primero, la forense de la Audiencia Nacional elaboró un nuevo informe de la situación del reo. La Fiscalía consideró que esta petición tenía "difícil encaje legal" y que buscaba "subsanar la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva" en la que habría incurrido Castro al no remitir a la forense y al fiscal del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria los resultados de la diligencia practicada con su viaje a Donostia.
Con el último informe de la forense, Carmen Baena, en la mano, fue el turno del fiscal Carlos Bautista, que dio a conocer su postura hacia las 15.00 horas. Faltaba apenas dos horas y media para que se reunieran los magistrados.
Pese a que desde el 24 de agosto, fecha del primer informe de la forense, han llegado nuevos datos sobre el estado de Uribetxebarria, el último documento elaborado por Baena ayer y que sirvió de fundamento a la Fiscalía de la Sala no variaba sus argumentos principales. Tampoco, en consecuencia, la posición de la Fiscalía.
Para Carlos Bautista, que los magistrados hubieran decidido anular la libertad condicional, no hubiera supuesto que el recluso se quedara sin las ventajas para el tratamiento del cáncer que contempla el tercer grado que le concedió el 17 de agosto Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
De hecho, el fiscal no consideró ayer que Uribetxebarria estuviera "en riesgo de muerte" y entendió que el empeoramiento de su estado de salud era "momentáneo", motivado por la radioterapia que recibe y la huelga de hambre de quince días que cesó el 22 de agosto.
Además, y según cita Europa Press, el informe del fiscal recoge con base en un informe médico fechado el lunes en Donostia el deseo del recluso de "abandonar el tratamiento y morirse" y su "negativa" a ser atendido, actitud que para Bautista "no puede verse premiada con la obtención del beneficio que pretende". Fuentes de Herrira consultadas por este periódico no descartaron que por prescripción médica el tratamiento se hubiera visto interrumpido, pero rechazaron que el recluso hubiera reclamado detenerlo.
Con todo y poco después de conocerse la resolución de la Audiencia Nacional, el portavoz de Herrira Jon Garay señalaba que con esta decisión "nadie ha vencido", sino que "hemos perdido todos por llevar esta situación al límite" y reclamó "aprender de esta lección para que no vuelva a repetirse".
El Gobierno español y el PSOE, por su parte, se limitaron a mostrar su "respeto" por la sentencia judicial, mientras que Aralar y la izquierda abertzale mostraron por separado su "satisfacción" por la "buena noticia".
Lucha interna en el PP Con esta decisión y ya en la dimensión plenamente política del caso, es el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien sale respaldado de la pelea interna del PP en detrimento del de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que llegó a alinearse con la tesis de la Fiscalía cuando esta criticó que Castro viajara al Hospital Donostia sin que ni el fiscal ni la forense se sumaran.
El mes y medio que ha durado la polémica desde que Interior aceptó trasladar a Uribetxebarria de León a Donostia (el 1 de agosto), el titular de la cartera y quienes apoyan sus tesis, como la dirección del PP vasco, han estado en el punto de mira del ala más dura de su formación, liderada por el exministro Jaime Mayor Oreja, y algunas asociaciones de víctimas. Estas, como la AVT que ayer consideró la decisión final como una "burla total", han llegado en estas semanas a acusar a Interior de traicionar a las víctimas de ETA. Una de ellas llegó a anunciar una huelga de hambre si Uribetxebarria lograba la libertad condicional, pero ayer descartó hacerla a petición de la presidenta de la AVT.
Petición de la AN Por otra parte, la productora de la película Barrura begirako leihoak, Zinez, daba a conocer ayer en Twitter que la Audiencia Nacional le había requerido una copia. El largometraje sobre cinco presos fue exhibido el lunes en dos pases privados en Donostia, pese a que el delegado del Gobierno en la CAV, Carlos Urquijo, que creía que el acto era el martes, instó a la Fiscalía de la AN a prohibirlo y, después, a investigarlo.
