La prostitución callejera siempre es objeto de controversia y, en el caso de Vitoria, de vacío normativo. Al no existir una regulación municipal sobre este particular, a la Policía Local únicamente le cabe la potestad de llevar a cabo controles preventivos para evitar que haya mujeres ejerciendo la actividad en la vía pública, pero los agentes carecen de capacidad sancionadora, como sucede en Bilbao. La capital vizcaína aprobó hace ya dos años una ordenanza que regula este tipo de comportamientos y que contempla multas de 750 euros para las infracciones leves y de 3.000 para las graves, pero las ciudades que disponen de herramientas normativas siguen siendo minoría. Sólo una docena de grandes urbes de todo el Estado cuentan con regulación y, por el momento, no parece que la capital alavesa vaya a desarrollar la suya. Sobre todo porque, como explica el subcomisario de la Guardia Urbana José Antonio Ferreiro, en la capital alavesa no existe un problema de envergadura social que lo justifique y, a la larga, desplegar una batería de medidas legales para atajar una situación que apenas provoca conflicto podría incluso ser contraproducente.

"Los ayuntamientos que han aprobado ordenanzas lo han hecho forzados por una situación que se empezaba a descontrolar", indica el portavoz policial. "Generalmente se ha dado el paso de regular cuando se han traspasado los límites y se ha generado inseguridad, o cuando la imagen de la ciudad se ha visto deteriorada", añade. En los núcleos urbanos en los que, como sucede en Vitoria, la prostitución callejera no representa un problema remarcable, a la Guardia Urbana únicamente le resta ceñirse al marco penal. Un ámbito que se vio recortado con la última reforma del código y la consecuente despenalización del mero ejercicio de la prostitución, incluso en lo que atañe al proxeneta, a menos que se induzca a su realización mediante coacciones, amenazas o exista un aprovechamiento por desamparo de la víctima. Mención aparte merece el apartado reservado a los menores, cuya involucración en este tipo de actividades está duramente penado.

cruces y rotondas En la capital alavesa, la prostitución se ejerce a pie de calle y en lugares muy concretos. "Procuran situarse en zonas alejadas del centro, aprovechando los cruces y las rotondas para atraer clientes". Abetxuko y Gamarra son los puntos más utilizados y, tal y como constatan desde la Policía Local, "no generan mayor problema". "Sólo cuando en alguna ocasión han ido un poco más allá y se han acercado a las áreas residenciales comienzan a llegar las quejas y actuamos".

Habitualmente, las intervenciones de los agentes municipales se coordinan con la Policía Nacional, "porque este tipo de prostitución en la vía pública está muy vinculada a personas extranjeras". Generalmente mujeres nigerianas y alguna procedente de los países de Europa del Este. Si los policías verifican que no tienen los papeles en regla, inician el correspondiente expediente de expulsión administrativa. "Se trata de controles centrados en evitar entradas irregulares en el país. El año pasado llevamos a cabo un operativo en la zona de la avenida del Zadorra en el que se detectaron ocho mujeres nigerianas en situación irregular y se procedió a su expulsión. Son actuaciones efectivas porque les cohiben, saben que estamos vigilantes y les lleva a desarrollar su actividad sin llamar la atención y en zonas periféricas", apunta el subcomisario.

no hay sanción Si las mujeres no se encuentran en situación irregular, los agentes les identifican y les invitan a abandonar el lugar, pero no hay posibilidad de sanción. Ni para ellas ni para sus clientes. "En Vitoria, a diferencia de otras poblaciones, la situación no es preocupante y no hace falta una ordenanza. Este tipo de actividad -valora Ferreiro- genera problemas cuando se concentra en una zona y el barrio o la calle se ven afectados por todo lo que conlleva alrededor de movimiento de personas e incluso de ciertas actividades ilícitas asociadas. Ahí se genera una inseguridad muy fuerte y una respuesta vecinal, pero en Vitoria no se da". Lo que sí hacen los agentes es intervenir ante situaciones de desamparo: "Se les presta apoyo y se les orienta hacia las asociaciones especializadas que pueden ayudarlas".

Tampoco hay hueco para la multa en el caso de que las prostitutas consumen el acto sexual a bordo de los vehículos estacionados. Los picaderos urbanos, estratégicamente emplazados en aparcamientos apartados o en calles de los polígonos, no son ilegales. "El exhibicionismo también se ha despenalizado en gran medida salvo que esos actos se lleven a cabo en presencia de menores de edad. En el caso de adultos tendría que tratarse de personas que se hayan visto gravemente afectadas por su mentalidad o por alguna característica especial, pero por lo general no está penalizado", aclara.

En cuanto a las informaciones que apuntaban a que cerca de los puntos callejeros en los que trabajan las prostitutas se apostan vehículos desde los que los chulos controlan a sus mujeres, Ferreiro considera que "tienen mucho de mito". "Sí que hemos detectado algún caso, pero no es lo normal. Incluso en ocasiones es para dar seguridad a estas personas. Hablamos de zonas oscuras del extrarradio, por lo que ellas mismas se sitúan de forma que mantienen el contacto visual entre ellas para defenderse de posibles agresiones".

pisos de masajes Al margen de los clubes y de la calle, la prostitución en la capital alavesa se cobija en pisos particulares que, por lo general, se dan de alta bajo el epígrafe de las actividades profesionales relacionadas con los masajes. "La Policía Local tiene muchas veces conocimiento de su existencia a través de los vecinos por las molestias que a veces genera este tipo de actividad. Clientes que se equivocan de puerta y llaman a otro piso a deshoras, ruidos, suciedad... pero de cualquier forma son casos muy puntuales", desgrana Ferreiro. Cuando las patrullas se personan para poner orden, comprueban si se ejerce efectivamente la prostitución, principalmente para confirmar que no hay menores involucrados y que no se dan situaciones ilegales.

"Si Vitoria no ha dado el paso de regular, es porque no lo necesita", resume el representante policial. En cualquier caso, no todas las medidas para tratar de poner coto a la prostitución cuentan, según revela el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, con un amplio consenso social. Ello obedece al hecho de que pueden incidir negativamente sobre las mujeres que ejercen la prostitución, significan actuar de forma directa contra los clientes, e implican la legalización o regularización de la prostitución, lo que equivale a considerarla como una actividad laboral más. Lo que sí demandan los ciudadanos a la Administración es que combata los elementos delictivos e ilegales que se generan en torno a la prostitución, tales como la explotación, proxenetismo, coacciones o el tráfico de drogas. Igualmente desean que se acabe con los problemas de convivencia que derivan sobre todo de la prostitución de calle y que se tenga en consideración la situación de las mujeres de cara a mejorar sus condiciones de vida y a que, si lo desean, se les ayude a abandonar esta práctica.