Donostia. "OFICIALMENTE no sabemos nada. Nos hemos enterado por la prensa, y decir algo sin tener ninguna notificación, ni oral ni escrita...". La familia Bruño, preguntada por la posible absolución de las hermanas Maribel y Blanca, opta por la cautela. Acusadas y encarceladas por el otrora juez Baltasar Garzón de haber financiado a ETA de manera voluntaria con 6.000 euros, las dos hermanas esperan la decisión del Tribunal Supremo sobre su recurso. Según ha publicado El Mundo esta semana, los cinco magistrados responsables de la causa habrían optado por la absolución. Decisión que la familia desconoce y que no espera a conocer hasta septiembre, visto el parón vacacional de los tribunales: "Si se confirma lo que ha salido, pues muy bien, pero hasta que no lo veamos...".

Hasta ver no creerán en el punto final al "calvario". Ver para creer. Como en 2008, cuando la Justicia cerraba el cerco a ETA con investigaciones y detenciones de empresarios que supuestamente habían sido extorsionados, abonando el denominado impuesto revolucionario.

Las hermanas Bruño fueron las primeras en ser encarceladas por este tipo de cuestiones, aunque cuatro años antes ya trascendieron a la luz pública pesquisas sobre la empresa Azkoyen y sobre cocineros reconocidos como Pedro Subijana, Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano y Martín Berasategui. Estos últimos, los dos primeros como imputados por colaborar con ETA y los otros dos como testigos, llegaron a ser citados en 2004 por Fernando Andreu.

En el caso de los cocineros, la razón de su citación fue que Jose Luis Beotegi, que denunció torturas durante su apresamiento, había declarado ante la Guardia Civil y el propio Andreu que había reclamado 72.000 euros a los cocineros e incluso que los dos primeros habrían llegado a abonar 36.000.

Esta causa quedó en nada ante la falta de pruebas, aunque, a petición de Dignidad y Justicia, Garzón, actual abogado defensor del fundador de Wikileaks, Julian Assange, reclamó en 2009 los testimonios de Arzak, Berasategui y Arguiñano para incorporarlos al sumario del aparato de extorsión de la organización armada.

En el caso de las Bruño, una "carta de agradecimiento" incautada a Javier López Peña, Thierry, la consideración en el auto de Garzón -expulsado de la carrera judicial- de que las hermanas estaban muy próximas ideológicamente a ETA y que tenían "la vía" abierta para colaborar con la organización terrorista fue suficiente para su encarcelamiento.

Casi un mes después del arresto del 11 de junio de 2008 y días después de que la Guardia Civil detuviera por unas horas al consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, o al empresario Jesús Guibert, las hermanas Bruño salieron de la prisión de Alcalá Meco (Madrid) previo pago de una fianza de 20.000 euros.

Durante las semanas que fueron hasta el 7 de julio, las muestras de apoyo a las empresarias y las comparecencias públicas se sucedieron. Fue el caso de PNV, EA, Ezker Batua y Aralar, tanto en el Ayuntamiento de Orio como en las Juntas Generales -en octubre-, que al igual que las patronales vascas y guipuzcoana mostraron su apoyo a las imputadas. Una protección de la que se desmarcaron PP y PSE.

'Carta de un padre destrozado'

Víctimas por partida doble

Semanas que para la familia Bruño se hicieron "durísimas". En una comparecencia días después de las detenciones, una de las hermanas de Blanca y Maribel, Miren, y su padre, Andrés Bruño, denunciaron ser víctimas de la Justicia tras casi 30 años siendo víctimas de la extorsión.

"Estoy ante la televisión y asisto perplejo ante las imágenes que de forma insistente están difundiendo diferentes medios, rodeados de cámaras, focos, periodistas y cuerpos policiales, como si se tratara de la detención de una célula terrorista, cuando resulta que las dos detenidas son mis hijas Blanca y Maribel", escribió el progenitor, que tenía 83 años entonces. "No sé qué se pretende con este exceso mediático. Solo sé que siento mucho dolor, impotencia y sobre todo desilusión".

Su familia y, por extensión, su empresa -Bruño e Hijos, S.L.- estaban siendo víctimas por partida doble: por el impuesto revolucionario y por el proceso judicial. Y lo primero no era nuevo. El propio Andrés, cuando era alcalde de Usurbil, convocó un pleno en septiembre de 1980 para denunciar la extorsión a la que los Comandos Autónomos Anticapitalistas, compuestos en parte por exmiembros de los Bereziak de ETA político-militar-, querían someterle. Pocos meses antes, el empresario Juan Alcorta acababa de ser el primero en denunciar una extorsión que se negaba a aceptar.

El acuerdo alcanzado en Usurbil fue apoyado parcialmente por uno de los integrantes de la lista Independientes-Euskadiko Ezkerra, mientras que los cinco miembros de la plataforma local Usurbilgo Herri Lan Elkargoa se abstuvieron tras mostrar su "escepticismo" ante la autenticidad de la misiva. En 2008, "paradojas de la vida", Andrés Bruño se veía "obligado a salir a la opinión pública para denunciar esta nueva tortura".

Un tormento de víctima doble que se prolongará al menos varias semanas siempre que la resolución del Supremo confirme la absolución que se ha filtrado. Algo ante lo que la misma fuente de la familia Bruño se muestra prudentes: "No sé cómo se filtran esas cosas ni si se hace así o no, pero a saber". Atrás quedarían la estancia en prisión y las declaraciones en los tribunales -donde Blanca y Maribel han negado el pago y han admitido recibir dos cartas de ETA, que rompieron-. También la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2011 las condenaba a más de un año de prisión. Y atrás quedaría el "calvario" sufrido durante cuatro años. Toca esperar. Porque como insiste la familia, "oficialmente, no se nos ha dicho nada".