Vitoria. A finales de 1999, PP y PSE hicieron público un Pacto por la Vivienda en Vitoria que pretendía levantar más de 10.000 pisos en la ciudad, siete de cada diez protegidos, con el fin de combatir unos precios que ya entonces empezaban a escalar a cifras inasumibles para el común del ciudadano. Las casas se construyeron y Vitoria se convirtió en ejemplo de promoción de la VPO en Euskadi y el Estado. Los sorteos se sucedían y en las oficinas bancarias y notarías se trabajaba a destajo, hasta que la coyuntura mundial cerró el grifo del crédito y quedó al desnudo una terrible realidad. La oferta había superado con mucho a la demanda de vivienda en Álava, pues aunque desde la debacle financiera sigue habiendo alaveses sin un techo bajo el que cobijarse, muchos carecen de ingresos para asumir, siquiera, la adquisición o el alquiler de una VPO.
Por todo ello, las medidas adoptadas ahora por las instituciones para insuflar aire al sector inmobiliario y tratar de que las grúas vuelvan a dibujar el horizonte de las ciudades vascas carecen de sentido en un territorio en el que las renuncias a viviendas adjudicadas se multiplican y en el que se invita a vizcaínos y guipuzcoanos a ocuparlas.
Así lo demuestran los datos facilitados por el Gobierno Vasco sobre el Plan Extraordinario de Reactivación de la promoción de Vivienda, del que Álava ha sido prácticamente excluida. De un total de 2.437 viviendas protegidas en compra o alquiler que el departamento de Iñaki Arriola licitará este año, tan sólo 56 se levantarán en Álava, todas ellas en Amurrio, municipio ajeno a la vorágine constructora que ha vivido Vitoria en la última década.
Es un 2,3% del total planificado por el Ejecutivo, que prevé poner en el mercado 1.890 viviendas de venta protegida, 156 en alquiler y otras 391 en arrendamientos subvencionados. El peso del programa recae principalmente en Bizkaia, donde se licitarán 1.217 pisos para venta, y 330 en alquiler, mientras que en Gipuzkoa se adjudicarán 617 pisos en propiedad y 217 arrendados.
Al margen de la saturación extraordinaria del mercado, la casi insignificante presencia del programa del Gobierno Vasco en Álava también se justifica por la vocación del mismo de llegar a municipios de tamaño medio, de los que el territorio prácticamente carece más allá de Llodio Amurrio, Agurain o Nanclares. Así, Barakaldo, Leioa, Basauri, Muskiz, Irun, Sopelana o Santurtzi copan las licitaciones para la venta de VPO en 2012. Las 1.890 que en toda la CAV se ofertarán en este apartado cubren el 9,78% de la demanda de ciudadanos empadronados en estos municipios.
En materia de alquiler las capitales de territorio tienen más protagonismo, aunque Vitoria queda fuera. Así, las licitaciones, que cubren el 4,31% de la demanda empadronada, se quedan en Basauri, Irun y Hernani, y las subvenciones para los arrendamientos (que llegarán al 1,54% de los demandantes inscritos en los censos municipales) se remitirán a ayuntamientos y promotores privados de Donostia, Bilbao, Hondarribia, Usurbil y Tolosa.