Madrid. El Congreso convalidó ayer los más duros ajustes fiscales y de la función pública con los que el Gobierno busca un ahorro de 65.000 millones de euros hasta 2014 con el objetivo de cumplir sus compromisos europeos y garantizar la financiación de los servicios básicos. El recorte más duro al Estado del bienestar sólo fue respaldado por el PP, lo que evidenció la soledad política de un Mariano Rajoy que ni siquiera acudió al debate parlamentario y sólo apareció por el hemiciclo para la votación.

El decreto, publicado el sábado en el BOE, salió adelante sólo con el apoyo del PP al haberse abstenido su socio habitual, UPN, y con el rechazo del resto de la oposición (180 síes, 131 noes y 1 abstención).

ERC, Amaiur, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Compromís se ausentaron de la votación y aprovecharon para llamar a la población a movilizarse en las manifestaciones convocadas ayer tarde contra los recortes del Gobierno.

En un encendido y prolongado debate, el encargado de defender los ajustes -que incluyen una subida del IVA desde septiembre y la congelación de una paga a los funcionarios que ganen más de 962 euros al mes y la bajada de prestación por desempleo- fue el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Fue contundente al afirmar que "no hay dinero en las arcas públicas para pagar los servicios públicos", y pidió -sin éxito- el apoyo del PSOE y el resto de la oposición porque "no hay otra oportunidad" y "la alternativa será peor".

Ha recordado que muchos de los cambios que se introducen son una recomendación expresa tanto de la Unión Europea (UE) como del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras admitir que el Gobierno también ha tenido que dejar "parte de sus ideas a la orilla del camino" -siempre se había mostrado contrario a la subida de impuestos, por ejemplo- apeló "con humildad" a la ciudadanía para hacer este "esfuerzo importante".

Así, abogó por "renunciar" a los servicios públicos que no son financiables, y ha asegurado que en este sector "de lo que podamos prescindir hay que hacerlo, y no al revés".

En materia impositiva defendió que la bajada de cotizaciones sociales en 2013 y 2014 "dará lugar a la creación de empleo, compensando perfectamente los efectos negativos que tiene la subida del IVA".

El ministro responsabilizó en gran parte de la actual situación al gobierno socialista, al que ha acusado de hacer desde la oposición "demagogia fiscal". "Si Zapatero hubiera acortado la legislatura, nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento y no hubiéramos llegado a este nivel de deterioro", opinó.

En una intervención más dura que la que dedicó al presidente del Gobierno cuando anunció estos mismos ajustes, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que se trata de una "enmienda de Rajoy a Rajoy", porque "deroga" el Presupuesto para 2012 aprobado hace un mes.

Los errores se pagan Tras criticar la ausencia de Rajoy en la convalidación del "recorte más grande" de la historia de España, algo que también hicieron otros portavoces, recalcó que "lo malo es que los errores del Gobierno, y ya van muchos, los pagan los españoles".

Por parte de CiU Josep Sánchez i Llibre consideró la política del Ejecutivo "errónea y contradictoria" porque va a provocar una "economía de guerra con índices de consumo menores", la "asfixia" de las familias, un "grave perjuicio" para el tejido productivo y un incremento de la economía sumergida.

Joan Coscubiela, en nombre de Izquierda Plural, lamentó el recorte "injusto" y "ruin", y acusó al Ejecutivo de "consumar una estafa democrática a la ciudadanía", con la que "ha roto cualquier vínculo emocional". "Lo peor no son las medidas, por injustas e ineficaces, si no las mentiras", añadió la portavoz de UPyD, Rosa Díez.

Pedro Azpiazu (PNV) justificó su rechazo porque los ajustes impactarán negativamente en la economía, provocarán más recesión y vulnerarán las competencias autonómicas.

UPN si apoya el otro decreto Posteriormente el Congreso convalidó, esta vez con los votos de PP y UPN, el decreto para poner en marcha un fondo de liquidez dotado con 18.000 millones de euros con el que hacer frente a los vencimientos de deuda autonómica en lo que queda de año. El real decreto-ley de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero recibió la abstención de CiU, PNV, UPyD y CC y los votos en contra del PSOE, Geroa Bai, Foro Asturias, Compromis y BNG, en tanto que la Izquierda Plural, ERC y Amaiur se ausentaron de la votación. Por tanto recibió 182 votos a favor, 103 en contra y 27 abstenciones.