MADRID Ningún partido quiere ser cómplice del mayor recorte de la historia de España que abandera el PP de la mano de un Mariano Rajoy que sigue recurriendo a la tijera, siguiendo los dictados de Bruselas y Washington, casi como única iniciativa para salir de la crisis. CiU, uno de sus puntales en el Congreso (junto con el diputado UPN y el del Foro Asturias), dio ayer por rota la colaboración con el PP en el Congreso y anunció su voto negativo a la convalidación el jueves en el Parlamento del decreto ley que consagra el ya denominado por muchos hachazo al Estado del bienestar porque entiende, que el Gobierno trata "con prepotencia" a Catalunya y las medidas van en contra de la recuperación económica. También el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer -tras el aumento de las críticas por su tibieza frente al tijeretazo- que endurecerá la estrategia del principal partido de la oposición y fue tajante al asegurar ante la Ejecutiva Federal socialista que "el Gobierno nos tendrá enfrente".
También desde el PSOE su vicesecretaria general, Elena Valenciano, dijo que los socialistas darán "un no como una casa" al decreto ley del Gobierno con los nuevos ajustes en su convalidación en el parlamento. También exigió a Rajoy que lo retire porque "esta austeridad tan agresiva" profundizará en la recesión que vive el país. Valenciano pidió al jefe del Ejecutivo que rectifique y que dialogue, porque está en riesgo incluso la paz social. Este cambio de estrategia en los dos principales partidos de la oposición se producía tras cinco días de protestas en las calles de Madrid, de las primeras insinuaciones de los sindicatos de una posible huelga general en septiembre y, no menos llamativo despues de que el PP, de la mano de su secreteria general y número dos del partido, Maria Dolores de Cospedal, agitara la bandera del miedo para asegurar que es "obligación" de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales apoyar al Gobierno "para que España no sea intervenida ni rescatada". Este comentario no es baladí, porque es la primera vez que desde el Gobierno de Rajoy o desde la dirección del Partido Popular se reconoce abiertamente la posibilidad de riesgo de intervención. Por eso no ha dudado en reclamar apoyos parlamentarios que difícilmente va a obtener fuera de UPN y Foro.
Sin embargo, la defensa a ultranza de los ajustes por parte del Gobierno ha encontrado ya su respuesta dentro del PP, ya que el alcalde de Robledo de Chavela (Madrid), Mario de la Fuente, encabezó una concentración de funcionarios municipales en protesta por los ajustes. El alcalde popular declaró que está en contra de que a los trabajadores municipales se les toque el sueldo y añadió que es indigno.
El PNV también anunció que rechazará en las Cortes Generales las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno Rajoy e instó a sus cargos institucionales a mantener los criterios autónomos en su normativa, sin hacer "seguidismo" del Ejecutivo central.
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, se mantuvo firme en sus posiciones y aseguró que es "imposible" pensar que se puede salir de la crisis "quitándole el poder adquisitivo a la gente", al tiempo que advertía que si el Gobierno "no corrige el rumbo, el país va a un desastre total". También afirmó que las manifestaciones por los recortes que está aplicando el Gobierno van a ser cada vez "más masivas" y sostuvo que habrá más contestación porque "se está atacando a los sectores más sensibles de la sociedad".
El expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol también consideró que el Gobierno "manda a medias" desde mayo de 2012, cuando el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero anunció el primer ajuste, en un país donde el Estado de las autonomías ha fallado por generalizarse. En su opinión, España "está en la UVI" y, aunque "hay que guardar las apariencias", Rajoy "debería decir la verdad y hacer equilibrios" porque "la realidad es que hemos perdido la guerra".
