Vitoria. No se puede decir que la reciente relación del Gobierno Vasco con la sociedad pública española Tragsa haya pasado desapercibida para los grupos parlamentarios de la oposición. Desde 2010, año en que el ejecutivo de Patxi López ordenó la compra de una acción de dicha empresa estatal para poder justificar su contratación directa, hasta este mismo mes, los grupos parlamentarios de PNV, PP, Aralar y EA han pedido explicaciones hasta en ocho ocasiones sobre la relación entre el Gobierno del PSE y Tragsa, dirigida también por cargos socialistas por su dependencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Gobierno Vasco ha encargado a Tragsa (Empresa de Transformación Agraria S.A.) a dedo y sin mediar concurso público alguno las obras de reforma y mejora de siete centros educativos dependientes del Departamento de Educación, por algo más de seis millones de euros, informó DNA en su edición del sábado. La empresa que se encargará de las obras es una sociedad pública española, cuyo cometido no tiene nada que ver con la construcción de colegios y sí con el desarrollo rural, las necesidades medioambientales y la gestión de recursos naturales.

Para poder contratar a esta empresa, a través de una figura jurídica denominada encomienda de gestión, el Gobierno Vasco tuvo que comprar en el año 2010 una única acción de Tragsa, por valor de 11.166 euros, que equivalía al 0,0033% del capital social de esa sociedad. La decisión sorprendió a los grupos de la oposición, que casi de inmediato reclamaron explicaciones. Los parlamentarios del PNV Javier Carro y Bakartxo Tejeria solicitaron los expedientes de dicha compra accionarial. Incluso el Partido Popular, en plena luna de miel tras la firma del acuerdo de bases con los socialistas, cuestionó la adquisición.

En un pleno celebrado el 7 de mayo de 2010, la parlamentaria popular María del Carmen López de Ocáriz llegó a asegurar que Tragsa es "una empresa instrumental, una empresa intermedia" que realiza "contrataciones a su gusto", por lo que dijo "no entender" la entrada de la Comunidad Autónoma Vasa en la composición accionarial de la sociedad pública estatal. En aquella comparecencia, López de Ocáriz hizo referencia a la opacidad del mecanismo de subcontratación que utiliza Tragsa, un procedimiento que no está controlado por la Administración vasca. Incluso reprochó al Ejecutivo no haber suscrito un convenio para obligar a Tragsa a subcontratar empresas vascas.

"¿Le parece a usted -interrogó a la consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu- que esto es más transparente, encargar directamente, que esta empresa contrate las obras directamente con las empresas que estime oportuno? ¿No le parece mucho más transparente sacar las obras a concurso público?", inquirió.

No quedó ahí la oposición del PP a la compra por parte de la CAV de una acción de la empresa pública estatal. La parlamentaria popular recordó la intención del PSE de adelgazar el número de sociedades públicas vascas, al tiempo que compraba la acción de la empresa pública con sede social en Madrid. "No tiene explicación razonada ni razonable para justificar esta compra -remarcó López de Ocáriz-. Pretende decirnos que retira la participación en unas empresas, porque son fruto de otro gobierno, y luego compra acciones en otras que son más cercanas a sus tesis, de tal modo que seguiremos con el mismo entramado empresarial pero cambiando los apellidos".

Todo tipo de obras Con posterioridad, tanto la parlamentaria jeltzale María Eugenia Arrizabalaga como el representante de Aralar Dani Maeztu preguntaron a la consejera Unzalu sobre los encargos que había realizado su departamento a Tragsa para la mejora del parque ecológico de Plaiaundi y del río Gobela, en Getxo.

En lo que va de 2012, Maeztu también ha interrogado a la consejera de Educación, Isabel Celaá, por el motivo de la encomienda a Tragsa para que ejecute las obras en los colegios. Celaá se aferró en su respuesta a la argumentación dada por Ana Caro, directora de Estudios y Régimen Jurídico de Educación, de que Tragsa puede realizar todo tipo de obras. Esta posición es diametralmente opuesta a los informes desfavorables emitidos por la Dirección de Administración y Gestión Económica de Educación y por la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno Vasco. El último encontronazo parlamentario tuvo lugar más recientemente, en el pleno del pasado 8 de junio, a raíz de una pregunta del representante de EA en la Cámara, Juanjo Agirrezabala. En aquella ocasión, Celaá defendió la transparencia y legalidad de la encomienda encargada a Tragsa y el "total beneficio" obtenido. Asimismo fundamentó la decisión en "razones siempre de urgencia, de seguridad y, desde luego, de escolarización urgente".