madrid. Cada día se producen en España una media de 159 desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca o el alquiler, y hasta el 82% de estos desalojos tienen lugar en familias con menores a su cargo, que, en la mayoría de los casos, carecen de otra alternativa de residencia.
Sin embargo, la mayoría de los desahucios no quedan recogidos en las estadísticas ya que "la vergüenza" que sienten las familias, sobre todo cuando tienen hijos pequeños, hace que se "autodesalojen" para no pasar "por la violencia de una intervención policial".
Así lo expresó ayer el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, quien aportó los datos y subrayó la paradoja que se da en España donde, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20% del parque inmobiliario.
La nacionalidad de las personas afectadas rompe el tópico según el cuál las ejecuciones hipotecarias serían básicamente un problema de personas inmigrantes. Así, español, en paro, con hijos a su cargo y una hipoteca media entre 100.000 y 200.000 euros es el perfil del desahuciado que prácticamente se repite en las 17 comunidades autónomas, según recogen los fundadores de la PAH, Ada Colau y Adria Alemany.
En 2011, la Comunidad Valenciana registró el 23,5 % del total nacional de desahucios por impago de hipotecas, con una media de casi 50 ejecuciones hipotecarias al día, tasa muy similar a la registrada en Madrid. A estas autonomías se unen Cataluña, Andalucía y Murcia como las regiones con más ejecuciones hipotecarias.
reformas El recrudecimiento de la crisis ha impulsado en muchas comunidades la recogida de firmas a modo de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la ley hipotecaria, regular la dación en pago, paralizar los desahucios y fijar los alquileres sociales.
Navarra fue la primera comunidad en la que un banco aceptó la fórmula de la dación en pago para saldar una deuda si bien en esta comunidad la PAH asegura que "no existe ningún caso en el que un banco haya aceptado esta fórmula con todas las consecuencias".
En la CAV, el Gobierno creó a primeros de mayo un sistema de mediación para evitar desahucios, al que ya se ha adherido Kutxabank, la entidad surgida de la fusión de las tres cajas vascas, que se comprometió a no iniciar durante un mes ninguna reclamación judicial por impago, a la espera de que este servicio presente una propuesta ajustada a cada caso.
La dación en pago o el alquiler social son las alternativas barajadas por la Plataforma, que solicita que, una vez que se adjudica la vivienda al banco, se cancelen las deudas para que nadie quede con deudas perpetuas o se provea al afectado de un alquiler social, que nunca supere el 30% de la renta familiar.
El asesor jurídico de la PAH, Rafael Mayoral, defendió que lo que está consiguiendo la Plataforma es "hacer visible" un conflicto y demostrar que los desalojos incumplen el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, suscrito por España. El 15 de junio se cumple el primer aniversario de un desahucio paralizado por la PAH en Madrid. Este desalojo se convirtió en simbólico ya que la plataforma había sido creada a raíz del 15M.
Sin embargo, el primer desahucio paralizado en España por la presión ciudadana tuvo lugar el 4 de noviembre de 2010 en La Bisbal de Penedés (Tarragona).
