vitoria. Los gobiernos autonómicos, al igual que el conjunto de las administraciones públicas, estarán obligados a alcanzar el objetivo del déficit cero en el año 2020 -y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta-. Esa es una de las conclusiones del anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ayer aprobó y presentó el Consejo de ministros español.

La otra, que el Gobierno español amenaza con intervenir las comunidades autónomas que incumplan el objetivo del déficit. En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria.

En ese punto, Montoro indicó ayer que la visita "no será amable", y que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas. Según sus palabras, será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. El modelo de visita sería algo similar a las troikas que se envían a Estados como el griego, para "poner los deberes, trabajar en paralelo y acometer los ajustes correspondientes".

El anteproyecto detalla que la deuda pública por debajo del 60% del PIB se introduce como elemento de sostenibilidad. Ninguna autonomía, en este contexto, "podrá incurrir en déficit estructural, salvo en caso de recesión, catástrofe o emergencia". Además, "todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto". Hasta ahora solo funcionaba para el Gobierno central y en el futuro, también autonomías y Ayuntamientos se tendrán que acoger a esta medida.

La imposición de dicho déficit cero supone un esfuerzo mayor que el acordado entre el PP y el PSOE el pasado verano -fijando el 0,4% sobre el PIB- para la reforma de la Constitución y es más estricto que el que se negocia en la Unión Europea. El Consejo Europeo tiene previsto acordar una regla el próximo lunes que permite un déficit de hasta el 0,5% con respecto al PIB.

Para conseguir estos objetivos, el anteproyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, el ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB. En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

Con esta norma, según dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, España "ha tomado la delantera" en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la Unión Europea.

Rebaja de rating Mientras en España ayer se debatía esta norma, por la tarde, la agencia de calificación Fitch asestó un nuevo golpe a la deuda soberana del Estado, exactamente como ya hiciera antes Standard & Poor's. Fitch ha rebajado en dos escalones esa nota desde AA- hasta A en una acción coordinada en la que otros cuatro países se han visto afectados. La rebaja de esa calificación a España llega por "la incertidumbre y malas perspectivas de la economía española", según la propia agencia.

Bélgica, Italia, Eslovenia y Chipre también han sufrido una degradación de su deuda.