Vitoria. Quizá el de los alcaldes vascos haya sido el punto de vista más interesante de los escuchados hasta la fecha en la comisión sobre duplicidades que el Parlamento Vasco ha puesto en marcha para optimizar el funcionamiento de la Administración. Más allá de la lucha de poder entre el Gobierno Vasco y las diputaciones, más allá de las acusaciones de invadir competencias o de despilfarrar que mutuamente se cruzan diputados generales y consejeros del Ejecutivo, más allá de si es necesario reformar o no la Ley de Territorios Históricos y de las densas resoluciones de la Comisión Arbitral, está la cuestión de si a los ciudadanos se les prestan adecuadamente los servicios que pagan con sus impuestos.
Cuando no sucede así, el vecino acude a la ventanilla más cercana, y esa es la del Ayuntamiento, lo sea de un municipio de 50 habitantes o de 300.000. Los consistorios, denunciaron ayer Javier Maroto (Vitoria), Juan Karlos Izagirre (Donostia) y Andoni Aldekoa (delegado por Iñaki Azkuna para representar a Bilbao en la Cámara), asumen competencias que no les corresponden y para las que carecen de la financiación apropiada, y además reciben toda la presión ciudadana cuando no se llega o las cosas no salen tan bien como deberían.
Y no las asumen porque compitan con diputaciones y Ejecutivo por ser la referencia institucional en Euskadi, sino porque no les queda más remedio, porque no pueden dejar a los vecinos de Gasteiz sin AES, o a los de Bilbao sin haurreskolas, o dejar de lado a quienes han padecido las inundaciones de San Sebastián. Y en ninguno de estos casos diputaciones o Gobierno denuncian invasiones de sus competencias ni interponen recurso alguno ante la Comisión Arbitral.
Ventanilla para todo Daba la sensación, ayer en el Parlamento, de que los representantes de las tres capitales vascas estaban encantados de comparecer ante la Cámara y poder así hacerse oír y desquitarse, dado que se sienten instituciones menores a los ojos del resto de poderes públicos y blanco de las iras ciudadanas. Ni siquiera tienen una Ley Municipal que diga qué deben hacer y cómo pagarlo. Las administraciones más cercanas tienen rostros reconocibles y una ventanilla a la que acudir a quejarse, frente a los políticos, una especie casta, para el vasco de a pie, tan vilipendiada como inaccesible.
"Los ciudadanos no me piden que deje de ejercer las competencias que no son mías, sino todo lo contrario", explicaba Javier Maroto, quien apuesta por una reforma legal, que pasa por la aprobación de la Ley Municipal; y por la coordinación efectiva de las administraciones, pues el alcalde de Vitoria no se opone a asumir servicios que no le tocan si el contexto así lo recomienda, pero sí denuncian que están "infrafinanciados" y que de ese modo no puede "dar un mínimo de calidad" . Según el primer edil gasteiztarra, "no es que el reparto competencial no sea el correcto, sino que no es suficiente; no se trata de qué debe hacer cada uno, sino de quién lo paga".
En cuanto al informe de duplicidades del Gobierno, que atribuye a los municipios el 20% de los solapamientos, Maroto lo aceptó "grosso modo", convino en que existen duplicidades, y subrayó que en Euskadi hay "diferentes calidades de servicios según dónde se vive".
El alcalde de Vitoria, además, aseguró de que su opinión es la de Eudel y la de la mayoría de los alcaldes, que la cuestión se ha debatido antes de acudir al Parlamento, y en ese sentido advirtió de que el resto de comparecencias se desarrollarían en términos similares a la suya.
Y así fue. Tras el alcalde del PP se sentó a la mesa el de Bildu, y al margen de cuestionar el Estatuto de Gernika sobre el que se sustenta el reparto competencial en Euskadi, como minutos antes lo había defendido Maroto, entró rápidamente a lo concreto. "Los ayuntamientos tienen la obligación moral, si no jurídica, de dar estos servicios", dijo Izagirre, quien lamentó que "nadie le va a dar dinero por esto" al pueblo o ciudad correspondiente. El alcalde de Donostia pidió que se actúe de abajo hacia arriba, "poniendo al ciudadano en el centro del debate", y explicó que, por ejemplo, en el caso de las recientes inundaciones de Donostialdea los afectados se encontraron con una maraña competencial en la que estaban implicados el Gobierno Vasco, las diputaciones, la agencia URA o las mancomunidades. Sin embargo, "los ciudadanos vienen a quejarse al Ayuntamiento y sienten que la Administración en general no les hace caso".
"Debatir sin miedo" Izagirre abogó por "debatir sin miedo sobre el papel de cada institución", por "observar si el ciudadano se queja y ver por qué la institución competente no presta bien ese servicio", y dijo no sentirse partícipe de la Ley Municipal actualmente en tramitación. Por último, cuestionó el trabajo del Gobierno para detectar duplicidades. "Con este informe no nos podemos quedar, no es suficiente", criticó.
El tercer turno de comparecencias fue el de Andoni Aldekoa, consejero delegado del Ayuntamiento de Bilbao que recordó como la capital vizcaína ha prestado durante décadas servicios que no le competían, como la gestión del funicular de Artxanda o el hospital de Basurto. A día de hoy, "Empleo, Acción Social, Educación y Sanidad" son las áreas en las que Bilbao actúa sin tener por qué hacerlo, según Aldekoa, quien denunció las "zonas grises" del entramado institucional en aspectos como "seguridad ciudadana, cultura u ocio". El portavoz municipal tildó el informe del Gobierno Vasco de "alarmista y peligroso", por pintar a las administraciones como "despilfarradoras", denunció que "en la calle tenemos toda la presión, pues no hay límites competenciales para la ciudadanía", y reclamó financiación para unas instituciones consideradas "de segunda".
