Vitoria. El decreto que establecerá las medidas de reparación a los afectados por abusos policiales registrados entre 1968 y 1978, y que según explicaron ayer fuentes del Gobierno Vasco a este periódico se presentará de forma "inminente", ampliará la actual cobertura a las víctimas colaterales de estas vulneraciones de los derechos humanos.

El borrador del decreto "supera los límites de la Ley de Memoria Histórica", que sólo resarce a quienes combatieron activamente el franquismo, según explicó ayer la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro. Así, una persona fallecida mientras participaba en una manifestación tiene derecho a ser reparada, pero si en esa misma protesta alguien se asomaba a un balcón y recibía un disparo mortal se quedaba sin ningún tipo de reconocimiento. "¿Aplicamos ese baremo a las víctimas del terrorismo?", se preguntó Ezenarro.

Ahora, con el decreto ya en poder de los agentes implicados en la reparación a las víctimas policiales, el Gobierno espera recibir las alegaciones de los partidos. El texto ha sido acogido con interés por los partidos presentes en la ponencia de víctimas de motivación política, pero no es del agrado de algunas asociaciones de damnificados. Ayer Ahaztuak denunciaba que no recoge las aportaciones de las víctimas, que "excluye a muchas" de ellas y que no contempla "ninguna medida contra la impunidad de cargos políticos, policiales, judiciales y militares", según informa Europa Press.

El texto se dará a conocer en un acto oficial al que asistirá la consejera de Justicia, Idoia Mendia; la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu; y la redactora del texto, Manuela Carmena, abogada laboralista en los años de la Transición que ahora tiene ante sí la más complicada tarea de gestar el segundo decreto, el que establecerá los baremos para resarcir a las víctimas que sufrieron abusos policiales ya bajo el estado de derecho.

Hasta 1978, la postura de los grupos parlamentarios es favorable al reconocimiento, pero a partir de ahí, y cuanto más se avanza en el tiempo, surgen las diferencias. PP y UPyD entienden que condenar los abusos por parte de las fuerzas de seguridad en democracia supone equiparar a los terroristas con sus víctimas, mientras que el PSE considera que a partir de mediados de los ochenta no se puede vincular al Estado con vulneraciones de derechos humanos que estiman aisladas. En todo caso, la equiparación no será tal, al menos en lo económico, pues se prevé que las víctimas policiales cobren según los baremos de la Ley de Víctimas del Terrorismo de 1999, y no de la recién aprobada en 2011 en el Congreso.

"transición fallida" Por otro lado, Ezenarro aseguró que tras el viaje de la ponencia de víctimas policiales a Chile y Argentina, la propia Aralar, PNV y PSE han concluido que no se debe repetir "una transición fallida" como la que a su juicio se aplicó en el Estado en los años setenta. Los partidos, dijo, "hemos discutido mucho, pero coincidimos en que la memoria sólo se debe vincular a los derechos humanos". Ezenarro defiende que en esta materia se empiece a aplicar el "lenguaje universal" utilizado en procesos similares.