Madrid. El Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros sólo en 2012 mediante la lucha contra el fraude fiscal, para lo cual estudia implantar mecanismos como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades en algunas operaciones.

Son directrices que constan en el futuro plan general de control del fraude para 2012 que presentó ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros, informó a su término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Dicho plan operará en tres ámbitos: la intensificación de la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

La iniciativa de limitar el uso de dinero en efectivo en determinadas transacciones tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia e Italia, explicó Sáenz de Santamaría.

El Gobierno opina que esta iniciativa puede ser un elemento "muy clarificador" para detectar "grandes bolsas" de fraude y de economía sumergida.

Otra de las políticas que se contemplan en el plan, que se hará público en breve, es la "autorregulación voluntaria". La idea es que "pequeños contribuyentes" puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de proceso sancionador.

De este modo, la investigación contra el fraude fiscal podrá estar más centrada en los grandes expedientes.

También para "facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones" se fomentará la "autocorrección de incidencias censales", la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica o la obtención en línea de información tributaria personalizada.

Además, Sáenz de Santamaría confió en profundizar en la colaboración de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, así como en establecer cauces permanentes de información tributaria entre el Estado y las haciendas forales.

También tendrá "gran importancia" la información de la que se dispone "ex novo" de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas, que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales a través de la firma de los correspondientes convenios. Asimismo se va a intensificar la actividad presencial de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social, mientras que se acudirá a otros mecanismos de información que puedan poner en evidencia la existencia de economía sumergida, como el consumo de energía eléctrica o las terminales de tarjetas de crédito.

Por otra parte se adelantará la intervención de los órganos de recaudación y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio de los procedimientos.

Otras directrices que contiene el plan presentado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, prevén una mayor colaboración con los mecanismos de vigilancia aduanera, y la profundización en la normativa antiabuso, como la responsabilidad por ocultación de bienes, la autorización de mecanismos como el levantamiento del velo y la acusación por delitos de insolvencia punible, dijo Sáenz de Santamaría.

Desde 2005 se han recaudado 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude, de los que 10.400 se ingresaron en 2011, año en el que creció un 3,6% la recaudación.