Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha preguntado a la Fiscalía si este tribunal es competente para investigar el supuesto desvío de dinero público del Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, tal y como ha pedido la defensa del expresidente balear Jaume Matas. Por el momento, el magistrado se ha limitado a dar traslado de su pregunta al ministerio público como paso previo para tomar la decisión de si asume o no la causa extractada del sumario del caso palma Arena. Hasta que la Fiscalía aporte el informe, la orden es que, siga siendo el fiscal anticorrupción de baleares quien lleve el peso de las pesquisas.

Para el abogado de Matas, la instrucción de la causa no corresponde al juez del caso Palma Arena, José Castro, sino a la Audiencia Nacional ya que los supuestos perjudicados son organismos públicos no solo de Baleares, sino también de Valencia, Cataluña y Madrid.

Datos En 2005 y 2006, cuando Matas era presidente, el Govern balear firmó con Nóos dos convenios por un total de 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo y Anticorrupción sospecha que parte de ese dinero, cerca de 1,5 millones, se desvió a empresas vinculadas a Urdangarin y su socio, Diego Torres. También hay contratos similares en la Comunidad Valenciana y, menores, en Cataluña y Madrid.

Pero es que además las sospechas del trato de favor tributado al Instituto Nóos crecen. El Mundo aseguraba ayer que Matas y Urdangarin amañaron otro concurso, por un montante de 60.000 euros, en 2004, año y medio antes de que organizase los multimillonarios congresos que investiga Anticorrupción. Según este rotativo, "la impunidad con la que operaban era tal que tanto la oferta ganadora como las dos perdedoras se remitieron desde el mismo fax de la sede de Nóos en Barcelona". La tarea, pactada de antemano, era hacer el seguimiento en los medios nacionales e internacionales de las informaciones relacionadas con el equipo ciclista Illes Balears. El Ejecutivo de las Islas decidió inmediatamente sacar a concurso este servicio por 60.000 euros, pero a través de un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, una fórmula en la que se invita a tres empresas a que presenten sus respectivas ofertas. Las tres eran de Urdangarin.