vitoria. Ante el nuevo tiempo que se abre tras el comunicado de ETA, y con las víctimas de nuevo colocadas bajo el foco reservado a los protagonistas de la escena, Argituz insiste en que sólo una respuesta "global" a su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño sufrido franqueará el avance real hacia la "reconstrucción del tejido social en el caso del País Vasco. "Si bajo el pretexto de reconocer a las víctimas sin paralelismos ni equiparaciones o bajo cualquier otro se desemboca a una situación en que a igual conculcación no corresponden iguales derechos", se volverá a dar la espalda al marco de recomendaciones internacionales "con la consiguiente discriminación e injusticia en el reconocimiento a las víctimas". Desde esta perspectiva, la asociación pro derechos humanos que abandera el exresponsable de Amnistía Internacional Andrés Krakenberger reclama "gestos" que acaben con los "agravios comparativos" que a su juicio han sufrido las víctimas causadas por los diferentes fenómenos que han existido más allá de ETA; ya provengan de "la extrema derecha" o de los aledaños de "la guerra sucia del Estado".
"Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación, y no cabe distinción alguna por motivos de la orientación política o de otra índole que pudiera tener la víctima o el perpetrador". Ése es el mantra emanado de la propia asamblea general de la ONU que acompaña los pasos de esta asociación. Y por eso, Argituz recomienda que se hagan "declaraciones de reconocimiento de la injusticia" y se adopten públicamente "compromisos de prevención, de garantía de no repetición" del daño causado. "Tanto desde ETA como desde la responsabilidad del Estado", insiste.
no discriminar... Ésta es la base de las conclusiones que Argituz expuso la semana pasada ante la comisión encargada de abordar la situación de las otras víctimas en el Parlamento Vasco, epígrafe bajo el que esta Cámara convino encuadrar a las entre 164 y 250 muertes que se cobraron la violencia "parapolicial" y la de "extrema derecha". En ellas, esta asociación abogó por dotar a las iniciativas parlamentarias de una "perspectiva global" que ayude a saldar la "deuda histórica" con la verdad que a su juicio ha impuesto en este campo la confrontación política, traducida en la generación de una "legislación asimétrica" que sostiene en la práctica -contraviniendo la legislación internacional- que "a distintas víctimas" se otorguen "distintos derechos". "Queda mucho trabajo de consenso pedagógico y social para que sea reconocido el sufrimiento en su totalidad y en todos sus ámbitos", advierte Argituz, consciente de que "en contextos de violencia colectiva los grupos enfrentados construyen memorias más cohesionadas y excluyentes en las que se reivindica el propio dolor, pero se obvia o se desprecia el ajeno". "Parte de la búsqueda de soluciones tiene que ver con el respeto al dolor del otro", subraya.
...pero tampoco "igualar" el dolor Esta perspectiva ha sido duramente criticada por algunas asociaciones de víctimas de ETA. Sin embargo, Argituz aclara que un reconocimiento hacia todas las víctimas "no significa igualar los procesos de victimización de que fueron objeto". "Hay que separar la necesidad de reconocimiento del sufrimiento injusto, que es similar en las personas que han sufrido las mismas violaciones de sus derechos", de "la igualación de los mecanismos que las hicieron posible", subraya, antes eso sí de insistir en que muchas de esas otras víctimas "no han contado con el reconocimiento institucional", han comprobado cómo la investigación de sus casos se quedaba embarrada en la lentitud de la Justicia y el bloqueo de la información necesaria, e incluso han visto cuestionada su condición de víctimas.
Por todo ello, piden a los Ejecutivos que se impliquen en dar la vuelta a esta situación para recuperar la confianza de estas personas e implicarlas en este proceso "global". Y para avanzar hacia este escenario, proponen que se acerquen a este tipo de víctimas para "escuchar" su verdad, que la investiguen a fondo para confirmar el relato de lo sucedido y acabar con la "impunidad", que se articulen mecanísmos ágiles y transparentes de respuesta, y que se afronten con voluntad real las "asignaturas pendientes". Entre ellas, el combate contra la tortura -denunciada por diversos organismos internacionales-, o la puesta en marcha de un "análisis sobre la responsabilidad del Estado" en una violencia que recomienda dejar de ver como "una serie de hechos individuales aislados e inconexos", ya que tuvo "dimensión social". "Es tiempo de impulsar estas iniciativas" y la pelota está "en el tejado" del Gobierno, subraya Argituz.