vitoria. Espadas en alto contra los tijeretazos forales. Este grito de guerra es el que claman los perjudicados por la economía de guerra que ha impuesto Javier de Andrés desde que llegó al Palacio de la Provincia. Una política de drásticos recortes para acabar con el agujero de 96 millones de euros, del que culpa a su antecesor, Xabier Agirre, y que obliga al nuevo diputado general a batallar con diversos frentes. Entre ellos, el que encabezaban los padres por suprimir las ayudas para los libros de texto. O el de condenar al ostracismo buena parte de la mejora de la red viaria alavesa. Los últimos en afilar sus cuchillos son 75 colectivos sociales que han dejado de recibir sus subvenciones para hacer su labor.
Estas agrupaciones -como Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes o la Asociación Alavesa de Trabajo Social- dicen que sin ellas peligra su razón de ser, porque, además de "endeudarse", tendrán que paralizar las actividades que hasta ahora llevaban a cabo con los más desfavorecidos. Como recordaron ayer en su protesta frente a la Diputación, el reajuste suspendería 270.000 euros en Inmigración y una línea de las dos ayudas que hasta ahora se daban en Cooperación por un valor total de 844.000 euros, tal y como detalló Andrea Aristondo, miembro de Harresiak Apurtuz. Aunque, según denuncian estos colectivos, igual de grave es que no se haya tenido en cuenta su opinión a la hora de reajustar las políticas sociales. "Desde el pasado 4 de octubre y tras reiteradas solicitudes de reunión por escrito, ante Promoción Social, su director, Jagoba Gómez, demora la recepción de las entidades". En su defensa, la Diputación alega que lo que no puede hacer es oídos sordos al estado de las arcas forales, por lo que sólo el gabinete de De Andrés es quien puede establecer lo que es "prioridad" en cada momento. Y aunque los recortes están más que aprobados, la agenda de Jagoba Gómez, también incluye toda una serie de reuniones con las decenas de colectivos perjudicados por la reestructuración. Se trata de una serie de reuniones que comenzarán el miércoles 26, día en el que recibirá, entre otras, a Harresiak Apurtuz, y que se prolongarán varios días más con el fin de "explicarles la situación".
9,5% más de recaudación En esos mismos encuentros, el tejido social alavés echará en cara a Promoción Social que, aunque la Hacienda foral cerró 2010 con un 9,5% de incremento en sus arcas -superando en un 3,3% lo presupuestado-, "el cambio de Diputación ha comenzado su andadura introduciendo recortes sustanciales en áreas de trabajo con alto impacto social".
Las entidades dejan claro que están de acuerdo con que el ente foral "comience su transformación desde dentro, con la reducción del 30% de sus altos cargos. Sin embargo, rechazamos rotundamente la política de recortes sin consenso que marca Jagoba Gómez, argumentando una revisión de las líneas estratégicas de su Dirección".
Sus críticas van más allá al hablar de que echan en falta "mayor transparencia en el proceso de cambio que quiere introducir por parte de Promoción Social y de la Diputación alavesa y que se ha concretado en la suspensión de programas y acciones de gran beneficio para la población".
Un motivo que ha hecho reaccionar a las 75 organizaciones sociales respaldadas por sindicatos como CCOO, LAB, ELA y ESK, para defender su trabajo en pro de una sociedad "más justa, solidaria y signa". Ya que, sin estas prestaciones, se dejarían de hacer acciones de sensibilización, fomento del voluntariado, promoción de acciones orientadas a la integración de todos los colectivos o las de apoyo a los países pobres y equidad de género. "Tales objetivos, que han sido el norte de Promoción Social, se ven ahora paralizados y están siendo reestructurados, sin la participación de los colectivos", insiste el movimiento social alavés.
De hecho, ayer recordaron que el presupuesto foral destinado a Inmigración, Cooperación, Igualdad "ya había sido aprobado y sólo quedaba ingresarlo en las entidades". Dado que las agrupaciones perjudicadas aún defienden la "gobernanza en clave de protección social", formulan tres peticiones al gabinete de De Andrés. La primera de ellas, según el orden que ayer establecieron, es la de mantener los canales de diálogo, negociación y consenso "desde los espacios de participación en los que se ha venido fomentando y consolidando durante estos cuatro años (Consejo de Igualdad, Consejo foral de Convivencia y la Interculturalidad)".
La segunda exigencia es que en toda reformulación de las líneas estratégicas del Palacio de la Provincia "se facilite la participación ciudadana, a fin de aportar experiencias positivas y enfoques alternativos".
Y la última es la que les llevó en la jornada pasada a elevar sus quejas en una protesta frente a la Diputación. "Mantener las líneas de subvención de los programas, proyectos y acciones, que estaban abiertas para este 2011, para Igualdad, Cooperación e Inmigración", exigen.
